Los tiempos de la Justicia suelen no ser iguales al resto de los poderes del Estado, y más cuando se trata de la implementación de cambios profundos, como el del sistema acusatorio y el Código Procesal Penal en la Justicia Federal de Mendoza. No obstante, hace más de dos años debería haber comenzado su aplicación, y actualmente éste proceso no ve avances. De hecho, en el último año no hubo nuevas reuniones entre la comisión bicameral legislativa que trabaja en este tema y la justicia mendocina, por lo que apuntan al 2022.
Según expresan desde el ámbito judicial local, los cambios propuestos ya se podrían hacer con el paso del sistema mixto (inquisitivo) donde los jueces investigan las causas; al acusatorio, donde este rol lo tienen los fiscales (el mismo que se utiliza en la Justicia provincial); y aseguran que están preparados para amoldarse, más allá de lo que tenga que corresponder a mejorar la infraestructura del lugar –ya sea con nuevas oficinas -. Lo que sí tienen claro es que, si no ha habido avances en 2020 y 2021 ha sido más “por un tema político que judicial”, y sugieren que es el kirchnerismo el que ha levantado el pie del acelerador, entre algunos motivos, por el enfrentamiento que mantienen con el actual procurador interino, Eduardo Casal.
Mendoza como jurisdicción judicial (que engloba también a San Juan y San Luis), junto a la ciudad de Rosario, son las que han sido seleccionadas desde hace tiempo como las próximas para implementar esta reforma en la Justicia Penal. En tanto, desde el 2019 ya se aplica en Jujuy y Salta, con resultados “muy positivos”, según afirman magistrados locales que siguen de cerca este proceso, ya que se procura a una mayor celeridad en la resolución de los casos.
La piedra en el zapato
“Mendoza está lista para largar mañana si la política lo impulsara”, destacan en los pasillos de Tribunales Federales, y agregan que una de las situaciones que seguramente ha influido para esta ralentización es la imposibilidad del Gobierno del presidente Alberto Fernández de haber elegido a un nuevo procurador. Casal asumió en 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y no ha dado un paso hacia el costado más allá de las presiones de la actual gestión.
Si bien el mandatario propuso a Daniel Rafecas al asumir en diciembre del 2019, su pliego se encuentra aún en el Senado de la Nación y no ha sido impulsado para ser votado, en medio también del controversial proyecto de reforma Judicial, que flexibiliza el procedimiento de elección del procurador y si bien tiene media sanción de la Cámara Alta, está estancado en Diputados.
Desde la Justicia hay quienes sostienen, así como también legisladores de la oposición, que el hecho de no tener un procurador de su confianza que pueda avanzar con estos cambios, es uno de los principales argumentos internos del oficialismo de no avanzar en la aplicación del sistema acusatorio.
Es que sin dudas el nuevo Código Procesal Penal Federal con este sistema, pone como cabeza de la conducción de la investigación de las causas al Ministerio Público Fiscal (MPF).
En este sentido, son los fiscales los que presentan los casos ante los jueces, quienes deberán tomar las decisiones en el marco de audiencias orales y públicas. Estos cambios permitirían adaptar un modelo de justicia basado en la oralidad, con procesos “más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles e inmediatos”, según asegura el sitio web del MPF.
No obstante, hay otros referentes de la Justicia Federal que aseguran que sí se ha avanzado en los últimos meses con la aplicación del Código Procesal Penal, más allá de que no esté el impulso todavía al sistema acusatorio.
De acuerdo a estas miradas, valoran el hecho de la aplicación de algunos artículos del nuevo código, relacionados con el principio de oportunidad, la probation, la publicidad del debate (que es la transmisión de los juicios), y otros artículos que dan pie a la conciliación y a la solución de los conflictos.
“El código ha ido sido puesto en vigencia. No se ha aplicado de manera específica, pero eso escapa a los jueces”, destacaron. También consideraron que el sistema acusatorio mejorará a la justicia penal “porque iremos a lo que ya ocurre a nivel local, con más oralidad, soluciones alternativas del conflicto y mediaciones, entre otros. Se hará más veloz y eficiente”, agregaron.
Silenzio stampa oficialista
Los encargados de implementar y poner fecha de aplicación del sistema acusatorio son los miembros de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que está presidida por la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; y que tiene también como integrante a la diputada mendocina Marisa Uceda, del mismo signo político que la presidenta del PJ local.
Los Andes intentó comunicarse con ambas legisladoras, pero prefirieron no dar declaraciones. Tampoco lo hicieron funcionarios del ministerio de Justicia de la Nación, que tiene a Martín Soria como titular.
Quien sí accedió a hablar con este medio fue el diputado radical de Santa Fe, Juan Martín, quien confirmó que en todo este 2021 no ha habido reuniones en la bicameral. “Para Santa Fe es un problema porque este tema está frenado, y para que se implemente necesariamente tiene que haber un acompañamiento del ministerio de la Justicia”, opinó.
Martín consideró que este tema “ha dejado de ser prioridad para el Gobierno” y sostuvo que probablemente el kirchnerismo no quiere avanzar en la implementación de un sistema donde tenga un gran protagonismo el actual Procurador.
El diputado indicó, no obstante, que el lunes mantuvieron los legisladores nacionales una reunión con el gobernador, Omar Perotti, y uno de los temas importantes fue avanzar en temas que ayuden a combatir la delincuencia (sobre todo el narcotráfico) y mejorar la Justicia Federal.
“Desde la oposición vamos a pedir retomar una agenda de trabajo con la Procuración, el Congreso y la comisión bicameral. Hay que dar una vuelta de página con el tema del Procurador. Santa Fe y Mendoza necesitan pasar al sistema acusatorio, porque ayudará a mejorar todos los procesos”, finalizó.
Desde la Justicia Federal local aseguraron que se podría “largar ya”, y que lo único que se necesitaría es “fortalecer la estructura y poner más gente”, aunque no necesariamente fiscales, ya que en Salta y Jujuy lo que se hizo fue promover a secretarios como fiscales auxiliares, y no se crearon nuevas fiscalías ni cargos, ya que son procesos más largos que deben salir por ley.
En el modelo acusatorio se impulsan audiencias orales, cuyas causas se resuelven notoriamente más rápido. De hecho, tal como ocurre en Jujuy o Salta hay causas menores que tienen resolución en 15 días, pero que en Mendoza “pueden durar hasta un año”.
Mendoza tiene 5 fiscalías y 6 fiscales, por lo que para cubrir el resto de magistrados que se necesitarían se planea seguir la misma estrategia que las provincias del norte, con secretarios con función de fiscal auxiliar. Por otro lado, los que perderán poder son los jueces en primera instancia los que pasarán a ser jueces de garantías.
Qué pasará con el caso Bento
Los Andes dialogó también con Pablo Tonelli, diputado de Juntos y quien es el encargado de llevar la causa del juez federal con competencia electoral Walter Bento en el Consejo de la Magistratura.
Respecto a la situación de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Mendoza, Tonelli también aseguró que la razón “es fundamentalmente política” y que “por algo el Gobierno no tiene demasiado interés en apurar su implementación en Mendoza y Rosario”.
De acuerdo a esto, también coincidió con que el hecho de no tener un procurador de confianza puede frenar su aplicación.
En tanto, sobre el caso Bento, sostuvo que el paso al sistema acusatorio “no cambia nada, porque la causa sigue y se resolverá tal cual como empezó”. No obstante, se mostró preocupado por el fallo de la Corte que establece la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, al entender que se podría “paralizar” el organismo de acá a futuro.
“Creo que esta decisión de la Corte puede provocar en el Consejo algo parecido a una parálisis de la investigación, por lo que seguiríamos perdiendo tiempo valioso mientras se producen las pruebas y el trabajo avanza en términos penales”, culminó.
