El megajuicio contra el exjuez Walter Bento se encuentra en pausa hasta el 22 de julio, cuando se retomen las audiencias tras la feria judicial. Mientras tanto, el concurso que abrió el Consejo de la Magistratura para la vacante que dejó como titular en el Juzgado Federal N° 1 Penal, con competencia electoral, sigue adelante y ya pasó su primer filtro.
De los 137 aspirantes que se inscribieron, solo 90 de ellos avanzaron hacia el examen eliminatorio del mes que viene. Tenían tiempo hasta el 4 de julio para confirmar su presencia en la “prueba de oposición” y finalmente el 65% de ellos decidió dar ese paso. También se oficializó la sede y el horario de esta instancia: el aula F de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, el viernes 2 de agosto a las 10 hs.
Según explican desde el Consejo, desde que asumió la presidencia de la Comisión de Selección, la concejera María Fernanda Vázquez, se ha optado por las universidades nacionales de cada jurisdicción que concursa cargos para la Justicia Federal. Ya sucedió lo mismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de Rosario, contó una fuente.
Desde la UNCuyo dieron cuenta de esto también. “Los exámenes se vienen haciendo hace tiempo en las universidades del lugar donde se concursa un cargo”, confiaron desde la Facultad de Derecho a Los Andes. Además, informaron que la Casa de Estudios presta el espacio físico, pero las sillas, mesas y computadoras, corren por cuenta del Consejo de la Magistratura.
La lista inicial de inscriptos llamó la atención por la aparición de dirigentes políticos, abogados y asesores, así como también fiscales y jueces, tanto de la Justicia Federal como la provincial. Sin embargo, el primer filtro ganó más hermetismo y aún no han trascendido los nombres en carrera. Fuentes judiciales estiman que “generalmente de esos 90, el promedio que va a rendir es el 60%” pero aseguraron que “no hay un listado público de los postulantes que confirmaron”.
En tanto, desde el Consejo de la Magistratura informaron quiénes integrarán el tribunal de jurados que evaluará a los aspirantes. Estará compuesto por los doctores Enrique Lilljedahl; Daniel Gustavo Gorra; Néstor Osvaldo Losa y María Florencia Castro. Mientras que los acompañarán como suplentes: Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer; Darío Rodolfo De Ciervo; Walter Arnaldo Córdoba e Hilda Eleonora Vallet.
Los aspirantes serán evaluados bajo dos temarios, uno Penal y otro Electoral, dada la doble competencia del cargo por el cual participan. En el caso del primer temario, se abarcará el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se pondrá en marcha desde el mes que viene.
Además los aspirantes deberán certificar capacitaciones en Género (Ley Micaela), Ambiental (Ley Yolanda) y Derechos de NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) para poder rendir.
Los exámenes serán uno escrito y otro oral (tanto de la competencia penal como también electoral), más la realización de entrevistas personales. Los resultados confluirán en una terna de aspirantes en la Magistratura, que irán al Ministerio de Justicia de la Nación.
Será el Poder Ejecutivo el que elegirá dentro de esa terna; y el pliego de la persona seleccionada terminará en el Senado Nacional para que preste acuerdo.
Mientras tanto, y hasta que se complete el proceso del concurso, el Juzgado Federal N°1 en lo penal seguirá en manos de Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Número 3; y Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal Número 2, quien asumió la competencia electoral.
Los interesados en el Juzgado que dejó Bento
Como mencionamos, la lista de 137 inscriptos fue compuesta por muchas figuras del plano político/judicial, varios de ellos referenciados en el kirchnerismo.
Se encontró la exdiputada nacional de La Cámpora, Marisa Uceda; como también Carlos Blanco, asesor de Anabel Fernández Sagasti en el Congreso Nacional y que tuvo su momento mediático cuando denunció al exgobernador Rodolfo Suárez -junto a Uceda- por sedición en septiembre del 2022.
Como dato de color, el esposo de Uceda, Leonardo Schunk, quien fue relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza (TOF 2), está entre los aspirantes al puesto de Bento.
Desde Tribunales Provinciales apareció Milagros Noli, actual directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y una de las que se encuentra dentro del lote de los equiparados a los magistrados, con una causa que aún no resuelve la Suprema Corte.
También Romina Ronda, abogada de Derechos Humanos y exsubsecretaria de Justicia de la gestión del peronista Francisco Pérez. De la gestión de Pérez se presentó además Fernando Vera Vázquez, exdirector del Hospital Lagomaggiore, que es abogado y contador.
Del plano político, se puede nombrar también a Pablo Garciarena, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal, integrante de Xumek y que ha estado vinculado al dirigente social, Juan Grabois.
En tanto, de los magistrados de Tribunales provinciales, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, se anotó para concursar el puesto; al igual que el juez del Tribunal Penal Colegiado 2, Horacio Cadile, (quedó envuelto en una polémica por el caso Próvolo y debió apartarse); y otro juez penal colegiado, Gabriel Bragagnolo. Se suma además la conjueza del Tribunal Penal Colegiado, Carmen Elizabeth Magro.
De los fiscales de la Justicia provincial, se destacan Claudia Ríos, Gustavo Fehlmann, Carlos Torres y Jorge Calle (fiscal de Instrucción).
También se inscribió Gonzalo Luis Gassull, recientemente nombrado director de la Oficina Judicial -secretario letrado- de gestión para el Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones. Anteriormente se desempeñaba como secretario de la Superintendencia de la Cámara Federal de Mendoza.
Del ámbito federal se suma Fernando Peñaloza, actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, nombrado por el expresidente Alberto Fernández. Conocido como abogado de Derechos Humanos, el magistrado fue anteriormente abogado de Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa.
Emilio Báez Grau, quien también fue nombrado en un nuevo puesto por la Justicia Federal. Actualmente es prosecretario administrativo. Laura María Civit, secretaria de Cámara en Tribunales Federales, está inscripta; al igual que Amparo Giuffré, que es coordinadora - secretaria de juzgado- de “gestión de casos” de la Oficina Judicial del Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Carlos Agustín Parma, hijo del juez de Cámara Carlos Parma y que es secretario de Juzgado, es otro de los anotados. Otro secretario de Juzgado que está entre los 137 es Fernando Freddi.
Una de las defensoras oficiales en la Justicia Federal de San Juan es Gema Raquel Guillén Correa, que se anotó en la lista.
La secretaria del Tribunal Oral Federal 2, Mariana Hellin, es otra de las postuladas. En el caso Bento, fue una de las que leyó detenidamente las más de 600 fojas de la imputación a Bento y el resto de imputados y procesados. Gisela Morici, secretaria de Salud de la Cámara Federal, se inscribió también.
Además se anotó el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Sabás; mientras que Javier Ruggero, abogado de la Aduana de Mendoza, se presentó para el puesto.
Otro de los postulantes es Federico Abalos, abogado penalista (fue letrado querellante de la familia Carleti y defensor del abusador de la escuela Murialdo, Alejandro Salas) y vinculado al demarchismo.
Dentro del caso Bento
Otro punto interesante de la lista inicial fue que parte del equipo de Tribunales Federales que acompaña al fiscal federal Dante Vega, quien trabajó en todo el proceso de acusación contra el propio juez federal destituido, se inscribieron por el puesto para el Juzgado Federal 1. Aquí se encuentran los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Leandro Fornes, Juan Manuel González, Cecilia Elmelaj y Andrés Rousset.
Por otro lado, también está dentro del listado para ser juez federal Fernando Alcaraz, otro de los fiscales federales, que ha sido involucrado en varias oportunidades dentro de la causa de Bento, por el propio exmagistrado. De hecho, para Bento, hubo un supuesto “acuerdo” entre Alcaraz y Vega para actuar en su contra.
“Los fiscales no denuncian porque sería autodenunciarse. Porque está claro desde la foja uno que se menciona a FA, que son las iniciales de Fernando Alcaraz y nadie dijo nada. Acá había un acuerdo entre los fiscales. Yo no te imputo Alcaraz, pero todas las denuncias que se presenten en la instrucción me las archivás”, señaló el exjuez .
Además, entre los postulantes se incorporó María Paula García, relatora de la Cámara Federal, quien es la esposa de Francisco “Chato” Álvarez, procesado por asociación ilícita y cohecho activo en calidad de coautor.
