El Jury de Enjuiciamiento se activó después de un año a raíz de una denuncia contra la magistrada María Elizabeth Lizán. Se la acusa de prestar su firma digital para que los empleados del juzgado firmaran documentación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, pidió que se la investigue.
A un mes de aceptada la denuncia, empezaron los procesos formales. La defensa de la jueza respondió la acusación con dos denuncias que están bajo la órbita de ambas de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Una de ellas es contra los funcionarios denunciantes por haber cometido el mismo delito del que se la acusa a Lizán y la otra, más grave, contra tres ministros de la Corte: el propio presidente Garay, María Teresa Day y Julio Gómez por no haber denunciado penalmente la situación. El órgano, integrado por los 7 ministros de la Corte, 7 diputados y 7 senadores, deberá reunirse para tratar esta contestación y determinar los pasos a seguir.
La carrera judicial de María Elizabeth Lizán en el fuero de familia entró en una recta final y todo podría terminar de la peor manera, con una destitución. El Jury de Enjuiciamiento, que es el órgano que sanciona y destituye a funcionarios con cargo constitucional, debe reunirse para tratar la respuesta de la defensa de Lizán a las duras acusaciones por las que se la investiga. Renunció para evitar una destitución, pero el gobernador Rodolfo Suárez no se la aceptó, por lo tanto, seguirá siendo investigada.
La denuncia contra la jueza Lizán
El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, envió un oficio a fines de mayo para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, María Elizabeth Lizán. Luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de la magistrada, que la Corte ordenó investigar. El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte, según consta en el oficio presentado, habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
La denuncia que ingresó por Secretaría Legal y Técnica “fue realizada por quienes trabajan en el Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras y derivó en una orden de instrucción que partió de la propia Corte. Como resultado, se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán como Jueza de ese tribunal.
“Entre las más graves se destaca ‘el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token “es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
“Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”, dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado. Se apunta al “desorden de conducta”, que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento.
La contraofensiva de la defensa
Carolina Jacky y Carlos Lombardi asumieron la defensa de la magistrada y la contestación al pedido de investigación fueron dos denuncias de alto voltaje y ambas en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.
La primera de las denuncias es contra los tres funcionarios que blanquearon las supuestas conductas de Lizán. Es decir Benjamín Mezzatesta, Secretario de Gestión; María Florencia Fernández, Prosecretaria y Julieta Ferraro Pettignano, Prosecretaria Ad Hoc según consta en la presentación a la que tuvo acceso Los Andes.
“Según los dichos de estos funcionarios judiciales la Dra. María Elizabeth Lizán les habría autorizado a firmar por ella, ya sea con el uso del token, o copiando su firma ológrafa. En los dos casos nos encontraríamos ante una falsificación de firma o una usurpación de título”, argumenta el texto de la contestación.
Para la defensa, “la firma digital por token debe ser asimilada a la falsificación de firma”, circunstancia que Lizán niega haber dado esa autorización y el uso del token. “Pero más allá de esto, los denunciados han declarado la comisión de un delito penal por sí o realizado por terceros, y siendo funcionarios judiciales deberían haberse negado a realizar tal acto y de haberlo visto, deberían haber realizado la correspondiente denuncia penal”, acusan los patrocinantes de la magistrada.
“Obviamente no podían denunciarse ellos mismos, y tampoco pueden venir a justificarse argumentando obediencia debida. En el caso de que nieguen haber cometido estos delitos o haber visto que otros lo hicieran, entonces estarían incurriendo en el delito de falso testimonio”, dice otro de los párrafos del texto.
En síntesis, para Jacky y Lombardi, “la omisión en que incurrieron los tres funcionarios denunciantes, que reconocieron en sus declaraciones haber utilizado la firma digital de la magistrada, es tan grave como los presuntos actos imputados a ella”.
La denuncia contra Garay, Day y Gómez
En medio de la grieta política que atraviesa al máximo tribunal, no podría decirse que la estrategia de la defensa de Lizán exprime esta división. La denuncia recae sobre el presidente de la Corte (y también del Jury), Dalmiro Garay, la ministra María Teresa Day (ambos filo radicales) y Julio Gómez, el filo peronista apuntado.
La intención de los defensores de Lizán es que los funcionarios se excusen por las denuncias en su contra. “Por ley, se puede recusar a uno solo con causa, que es Garay”, indicó Jacky a Los Andes. La misma presentación pide la excusación de los otros dos ministros. El argumento se sustenta en que “los funcionarios y/o magistrados que tomando conocimiento de esos hechos no cumplieron con su obligación de denunciar, incurriendo de esta forma en la comisión del delito tipificado en el art 277 de nuestro Código Penal, más el de incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
Así, la denuncia “fue ampliada contra el Señor Presidente de la SCJ y contra el Dr. Julio Gómez y la Dra. María Teresa Day, estos dos últimos por haber sido uno y ser la otra coordinadora del Fuero de Familia y haber tenido conocimiento previo de los delitos que no se denunciaron penalmente”.
“La razón mencionada es la que justifica la recusación del Sr. Presidente del H. Tribunal de Enjuiciamiento y/o su excusación por aplicación de lo normado en la ley 4970, excusación que debería alcanzar al Dr. Julio Gómez y a la Dra. María Teresa Day, por lo menos, y a fin de garantizar objetividad e imparcialidad en el presente proceso”, expresa la defensa.
Acompañó la presentación con una evaluación psicodiagnóstica que expresa lo siguiente (según consta en la presentación): “Se advierten indicios psico emocionales de victimización por violencia laboral (mobbing) como así otros indicios de victimización por violencia laboral basada al género femenino”.
“Se advierte riesgo psíquico. Se sugiere el acceso a medidas de protección integral con perspectiva de género; establecimiento de red de contención (familiar, social, institucional) y asistencia psicológica y psiquiátrica”, se extrae textualmente.
Entre los pedidos se encuentra la solicitud para que más de una veintena de testigos se presenten a declarar, además de una serie de pruebas por escrito que se entregaron con la presentación. Todo este combo probatorio deberá ser analizado por el Jury de Enjuiciamiento, algo que por el momento no tiene fecha de reunión.
