Al retomar hoy su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.
“Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez”, dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse hoy y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.
La fiscalía retomó hoy pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado ayer, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados y su exposición continuaba esta tarde. En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él “fueron relevantes para la maniobra”.
En su alegato, el fiscal Luciani apuntó a la utilización de la normativa de Santa Cruz para controlar las obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. “Fallaron los controles” porque “se aplicó la ley provincial; este era el plan para defraudar al Estado”.
El fiscal dijo que la ley local no garantizó “principios básicos de transparencia y publicación de las obras públicas”. No obstante, Luciani admitió que las obras se publicaban en el boletín oficial de Santa Cruz y en un diario local, aunque consideró “insuficiente” a esta publicidad.
También destacó que la ley de santa Cruz da prioridad a las empresas locales lo que atenta contra “la libre competencia con otros grupos empresarios”.
En simultáneo al desarrollo de la nueva audiencia judicial, a través de la etiqueta #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional y referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos se expresaron a través de Twitter en respaldo de la Vicepresidenta.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Justicia, Martín Soria, coincidieron en señalar que el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, constituye una “persecución judicial” y “la expresión más grotesca de ‘lawfare’”.
“El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado”, señaló el ministro coordinador esta mañana en declaraciones a la prensa al ingresar en Casa de Gobierno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, señaló que “cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada” y agregó: “No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país”.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, opinó que “todas las causas que armaron para perseguir a Cristina Kirchner se fueron cayendo una por una. Por eso el lawfare jamás logró amedrentarla. El amor y la lealtad del pueblo es para siempre”. Otro en sumar su apoyo a la vicepresidenta fue el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis: “La Argentina necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente. Cristina Kirchner es víctima, justamente, de todo lo contrario. Es imperioso para nuestro sistema democrático que esa justicia no funcione como un Partido Judicial”.
En declaraciones radiales, el senador nacional Oscar Parrilli dijo que el juicio contra la Vicepresidenta es “una fenomenal puesta en escena”, y fustigó: “Más que un fiscal, Luciani parecía un columnista de TN y La Nación+” y añadió: “Usaba hasta las mismas palabras que usan estos medios”.
El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota. Un problema con la conexión a Internet en los tribunales del barrio porteño de Retiro obligó a disponer un cuarto intermedio y a un cambio de sala por parte del Tribunal, que pudo retomar la audiencia después de un corte de media hora. Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como José López, entre otros.
