El triunfo de la agrupación kirchnerista Azul/Naranja en las elecciones del SUTE no logró aplacar los conflictos en el sindicato. En los últimos días surgió una serie de cortocircuitos y acusaciones cruzadas entre la conducción saliente y las autoridades electas. La disputa tiene que ver con la aprobación de los últimos balances del gremio, la fecha de asunción y una demanda millonaria que involucra a la CTA de los Trabajadores.
El 15 de diciembre los afiliados al sindicato estatal más importante de Mendoza votaron para renovar a sus representantes gremiales. El Frente Azul Naranja se impuso con el 46% de los votos y la directora de escuela Carina Sedano fue electa secretaria general, el sanrafaelino Rafael Membrives secretario general adjunto y Gustavo Correa secretario gremial.
La agrupación, de fuertes vínculos con el kirchnerismo, desplazó a la izquierda de la conducción del sindicato de los trabajadores de la educación. Ambos sectores mantuvieron duros enfrentamientos en los últimos cuatro años. Al parecer, esa enemistad está lejos de haberse resuelto ya que resurgió durante la transición que se está llevando adelante.
Durante la semana previa a la Navidad se realizó un plenario provincial convocado por la actual conducción con el objetivo de aprobar la Memoria, Balance de los últimos años y la Línea Gremial para el que viene. Sin embargo, durante el encuentro se modificaron los temas a tratar.
La presidencia del plenario fue asumida por Gustavo Correa, quien propuso postergar el tratamiento de los balances. “Aplazamos el plenario de Memoria y Balance para febrero, cuando estén los trabajadores en las escuelas”, explicó a Los Andes el secretario gremial electo.
Desde el Secretariado General cargaron contra Correa y lo acusaron de crear un “plenario de persecución política” y de hacer votar el acatamiento de un fallo judicial que establece que el SUTE debe pagarle $2,6 millones por su desafiliación irregular a la CTA de los Trabajadores, central que lidera el mismo Correa.
En 2018 la conducción del FURS en el gremio decidió desafiliarse de la CTA por diferencias ideológicas y sometió la decisión a votación de los delegados. Desde la entidad sindical superior señalaron en su momento que la determinación no contó con el respaldo de los dos tercios del plenario e interpusieron dos demandas judiciales por unos $5 millones por las cuotas sindicales “no abonadas” luego de la salida. En primera y segunda instancia la justicia hizo lugar a uno de los embargos por casi $3 millones y ese dictamen está apelado en la Suprema Corte de Justicia.
“Entendemos que hay una maniobra política. Pretenden que esta conducción que se está retirando termine acatando un fallo perjudicial a los trabajadores de la educación y las arcas del sindicato. Y hay una amenaza velada de que si no cumplimos esto nos desaprobarían el balance económico”, expresó el secretario general adjunto del SUTE, Alberto Muñoz.
Por su parte, el líder de la CTA sostuvo que “ganamos en todas las instancias judiciales” y remarcó que esperan que la actual conducción resuelva todos los juicios que generó antes del traspaso de mando. Asimismo, advirtió que demandarán a los integrantes del Secretariado General del SUTE por los intereses de esa deuda y los honorarios de los abogados.
Otro punto de conflicto que se generó a raíz de esta situación tiene que ver con la fecha de asunción de las nuevas autoridades. La actual conducción convocó a un plenario provincial extraordinario de proclamación de autoridades para el 5 de enero y la asunción sería el 12. “Vamos a cumplir con lo que dice el Estatuto Docente”, resaltó Muñoz.
No obstante, la agrupación Azul Naranja impugnó ese acto, ya que pretende una transición más larga y que el traspaso de mando sea el 11 de febrero. Argumentan que en enero “no hay nadie en las escuelas” y afirman que la cúpula sindical saliente quiere irse porque “no puede explicar el balance”. En este sentido, Correa afirmó que realizarán una auditoría externa para analizar los gastos de los últimos tres años.
En tanto, Muñoz sostuvo que los balances “no tienen fisuras” y concluyó que la no aprobación abriría la puerta a una posible intervención del Ministerio de Trabajo y una eventual injerencia política en el gremio.
