El Frente de Todos retomará el próximo martes el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia con una nueva ronda testimonial a la que asistirá el exministro de Justicia Germán Garavano. Por otra parte, se sumaron nuevos elementos a la acusación, vinculados al supuesto manejo irregular de la obra social del Poder Judicial.
Será la quinta reunión de testigos convocados por el oficialismo a la comisión que preside Carolina Gaillard, en el marco de la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por supuesto mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Garavano había sido citado a la reunión pasada pero pidió reprogramar por cuestiones de agenda. Ahora, el exfuncionario de la gestión macrista anunció a través de Twitter que concurrirá: “Cumpliré mi deber, pese a tratarse de un juicio político contra la Corte Suprema que ha demostrado ser violatorio de las garantías constitucionales y el debido proceso”.
El exministro es señalado por el Frente de Todos como integrante de la denominada “mesa judicial” que, según especulan, habría trabajado para que saliera el fallo del “2x1″, que beneficiaba a represores de la última dictadura militar a través de una reducción de la pena de prisión.
La hipótesis del kirchnerismo es que le concedieron a la entonces jueza Elena Highton la permanencia en la Corte después de los 75 años a cambio de que votara a favor de la sentencia junto con Rosenkrantz y Rosatti.
Una vez que Highton fue confirmada en la Corte, se cambió la doctrina con el fallo Schiffrin, que estableció que a los 75 años los jueces deben jubilarse u obtener un nuevo acuerdo del Senado si desean continuar en el cargo.
En la última reunión expuso un integrante de la vocalía de Rosenkrantz, el penalista Federico Morgenstern, quien negó de manera tajante la acusación. Sin embargo, brindó elementos que para el oficialismo suman a la prueba.
Por ejemplo, reconoció que al poco tiempo de desembarcar en la Corte, a mediados de 2016, comenzó a interiorizarse sobre los planteos de represores, y que dedicó la feria judicial de 2017 a estudiar de lleno el tema. También reveló que se reunió dos veces a solas con Highton y otra con Rosatti, algo que, según admitió, no es habitual.
Por otra parte, el Frente de Todos también citó a la reunión del próximo martes a cinco periodistas que escribieron artículos y libros sobre el tema. Son Irina Hauser (autora de “Los supremos”), Luciana Bertoia y Martín Granovsky, de Página/12; Silvana Boschic (autora de “Los secretos de la Corte”) e Ignacio Miri, de Clarín.
Obra social
Además del fallo del “2x1″, otro de los ejes de la acusación contra los cortesanos es el supuesto manejo irregular de la obra social del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, salieron a la luz nuevos documentos que el oficialismo utilizará como prueba.
Uno de los apuntados en este aspecto es Maqueda, quien estuvo al frente de la supervisión de la obra social entre 2007 y 2021, aunque sin haber sido designado formalmente, durante las presidencias del propio Lorenzetti y de Rosenkrantz.
Maqueda renunció a ese cargo un mes antes de que la Corte ordenara una auditoría en la obra social, en octubre de 2021. Lo hizo a través de un mail explosivo que ahora está en poder de la Comisión de Juicio Político, donde reveló entre otras cosas que “estábamos con una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, pero mencionó logros y destacó que se estaban “eliminando prácticas corruptas”.
En agosto de 2022, la Corte requirió un informe al directorio de la obra social. Y en los últimos días, Lorenzetti reveló que la respuesta a esa solicitud fue “irregular en muchos sentidos”.
“En la auditoría se revelan incumplimientos (…) que no han sido respondidos en esta nota”, advirtió Lorenzetti en una nota publicada en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ) y dirigida a Mariano Althabe y Cora Borensztejn, presidente y vicepresidenta de la obra social.
El juez recordó que “a partir de la auditoría, se tomaron nota de irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al juzgado que investiga los hechos del directorio, por decisión de esta Corte”.
