El nuevo armado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 que juzgará al magistrado federal Walter Bento, tardó menos de 24 horas.
Tras aceptarle el pedido de inhibición a Pablo Salinas y Héctor Cortés, la Cámara Federal de Casación Penal designó a dos camaristas que no son mendocinos. Así quedaría conformado en forma definitiva el tribunal que intervendrá en el proceso judicial del juez a cargo del Juzgado Federal N°1 en Mendoza.
Daniel Doffo, camarista de San Juan había sido el último en integrar el tribunal. Ahora estará acompañado de Eliana Ratta Rivas (también de San Juan) y Raúl Fourcade, quien proviene del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis.
Esta conformación sería la definitiva y llevará adelante lo dictaminado hasta el momento. Hay que recordar que el Tribunal Oral Federal N°2, mientras estaba conformado por los jueces Salinas, Cortés y Doffo, informó que el 22 de febrero del 2023 se abrirá la etapa de audiencias preliminares en la que las partes deberán ofrecer las pruebas que luego se evaluarán en el debate.
Esta etapa durará 10 días. La estimación es que si todo avanza con normalidad, el juicio contra el magistrado podría comenzar en marzo de 2023 y terminar –con viento a favor- en setiembre u octubre del mismo año, estimativamente.
Bento es acusado de varios delitos de corrupción mientras el Consejo de la Magistratura deberá decidir sobre su futuro porque el magistrado sigue en el cargo ejerciendo sus funciones. Es decir, continua dictando sentencias y resolviendo las causas que llegan al juzgado. Hay que recordar que un de sus atribuciones es la de ser juez electoral de la provincia.
Salinas presidió el tribunal mientras había pedido inhibirse, pero no se resolvía la solicitud, algo que finalmente sucedió ayer. Y mientras estuvo al frente de la causa desarrolló las etapas previas al juicio junto a Cortés, que había solicitado lo mismo.
En el juicio hay distintas etapas a desarrollar. La primera tiene que ver con la producción de pruebas que ofrezcan las partes. Por el lado de la Fiscalía estarán María Gloria André y Dante Vega, Fiscal General Federal. Luego se abre el período de admisibilidad para pasar, después, a la fecha para el inicio del debate.
La causa Bento tiene en realidad a 29 personas imputadas, entre funcionarios, abogados, policías y familiares del magistrado federal: su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Luciano y Nahuel Bento.
Al juez se lo acusa de haber participado en 15 casos de cohecho y en 10 hechos de incumplimiento de los deberes, aunque también se encuentra con procesamiento firme por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricato y falsificación ideológica.
Mientras tanto, el proceso que enfrenta en el Consejo de la Magistratura se encuentra paralizado por un conflicto político en torno a la elección de los integrantes que representan al Senado nacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación no reiniciará sus actividades por lo menos hasta febrero.
Esto genera que las acusaciones contra el juez mendocino aún no tengan ningún impacto en su vida laboral. El Consejo de la Magistratura, que precisamente controla el desempeño de los jueces federales, lo investiga desde hace casi un año y medio, pero todavía no define si ha cometido o no irregularidades.
Este proceso tuvo varias dilaciones, por la causa Bento y por otras cuestiones ajenas al expediente. Cerca de fin de año se aceleró, pero como los consejeros actuales terminaron sus mandatos en noviembre, quedó inconcluso.
El último paso importante lo dio el presidente de la comisión de Acusación del Consejo, el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien 24 horas de dejar el cargo presentó un dictamen contundente en el que solicitó la suspensión en el cargo de Bento y la apertura de un procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
