El juicio al juez federal con competencia electoral, Walter Bento, tuvo novedades este viernes, en lo que correspondió a la sexta audiencia, donde se terminó de leer el extenso requerimiento de elevación a juicio, que comprende la investigación que realizó el fiscal General, Dante Vega y que puso en el banquillo al magistrado y a una treintena de imputados en esta megacausa.
En la jornada se leyeron los otros dos requerimientos de elevación a juicio que se sumaban a la “causa madre”, que fueron mucho más breves al primero. El primero fue sobre la imputación a Luciano Bento, hijo del magistrado; y otra que tiene a otros 3 imputados más, que se agregaron más tarde en la investigación.
Una vez que se finalizó esta lectura, las juezas informaron que las cuestiones preliminares pasarán al 23 de agosto, fecha de la próxima audiencia, la séptima.
Mientras tanto, el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías, informó este viernes que su defendido “declarará y responderá sobre todos los hechos” una vez tenga opción de hacerlo, que podría ser dentro de 15 días.
No obstante, también pidió que se ordene todo el trabajo de las citaciones a testigos “según cada causa” y no respondiendo sobre toda la megacausa. “No queremos frustrar el interrogatorio, ni cercenarlo; sino para ser ordenados”, acotó el letrado.
Luciano y Nahuel Bento, en la mira
Con respecto a Luciano Bento, hijo del magistrado, este jueves estuvo en el centro de la escena, por supuesto con la misma imputación que su hermano, Nahuel, por “lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público”.
Según la fiscalía, Luciano Bento “ha recibido donaciones de sus padres” para adquirir inmuebles, vehículos, participación en fideicomisos inmobiliarios, entre otros. Pero además, indicaron que en sus acciones se mezcló “el dinero lícito (ndr: de su trabajo como funcionario judicial) con otro de procedencia ilegítima” para “aparentar” legalidad en las acciones.
En términos concretos, Vega en su investigación sostiene que “la apariencia de origen lícito fue dada por Walter Bento y Marta Boiza (ndr: esposa de Bento y madre de Luciano y Nahuel) mediante la realización de actos jurídicos concretos, compras, ventas, donaciones y participación en fideicomisos, por la que se fueron alineando bienes en forma gradual en patrimonio familiar con un grado de disimulación suficiente para aparentar su legalidad”.
En tanto, añadió que “las operaciones fueron demostrativas de la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre varias personas, sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo Bento, para lograr su desvinculación con los delitos investigados”.
“De la investigación económica realizada por esta fiscalía, se concluye que Walter Bento y Marta Boiza se ampliaron su sociedad conyugal para adquirir o vender numerosos bienes, inmuebles; y asimismo la actividad patrimonial ilícita trasladó a la participación de todo el grupo familiar, entre ellos Luciano Bento, en emprendimientos inmobiliarios relacionados con actividades comerciales”.
Mientras tanto, en el requerimiento de elevación a juicio, se aseguró que Nahuel Bento “refirió que la imputación dirigida hacia su persona carece de sustento y se encuentra construida a partir de falsedades, inexactitudes, errores y omisiones”.
Y además, sostuvo que todo su patrimonio “está justificado en tanto se omitió considerar que lleva más de una década de trabajo registrado” y que los bienes que posee ”en ciertos casos fueron adquiridos con bienes propios (incluyendo créditos bancarios) y en otros fueron donaciones realizadas por sus progenitores y se encuentran plenamente justificados”.
Por otro lado, agregó el imputado, según el informe de la Fiscalía, que “es una costumbre habitual que los padres registren a nombre de sus hijos parte de su patrimonio y comparó la situación de su grupo familiar (funcionarios y empleados del Poder Judicial) con la situación de grandes empresarios nacionales”, tales como la familia Pérez Companc o Eurnekián.
“El origen ilícito de los bienes registrados a nombre de Nahuel Bento proviene de la actividad delictiva previa de su padre Walter Bento y de su madre Marta Boiza. Del análisis patrimonial efectuado surge que, durante el período investigado, el patrimonio de la familia Bento-Boiza experimentó un incremento patrimonial apreciable e injustificado desde el ingreso en la función pública por parte de las personas involucradas, centrándose el foco de atención en los movimientos económicos realizados por el grupo familiar, a partir del año 2010, momento desde el cual, dicho patrimonio se fue incrementando de manera ostensible, sin guardar proporción con los ingresos legítimos de los causantes”, acotaron en la acusación.
