Un grupo importante de condenados y procesados por causas judiciales convocan a una marcha para mañana 1 de febrero. Pedirán cambios que incluye la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La medida ha despertado un sinfín de críticas de la oposición.
Ahora se suma la opinión de jueces y juezas mendocinas. Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza expresaron “su enorme preocupación ante la convocatoria pública del 1 de febrero próximo para solicitar la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La convocatoria para mañana llegará hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y según informó diario Clarín , al menos 10 de los referentes que convocaron a la manifestación están procesados. Además hay organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.
Por supuesto que la grieta no es ajena a estos casos y ya hay una gran cantidad de opiniones en contra de la manifestación y acusaciones de “golpismo”.
Para el organismo que encabeza la magistrada mendocina Silvina Furlotti, “la permanencia de los jueces y juezas en sus cargos es una garantía indispensable para la independencia del Poder Judicial”.
“Destacamos que actos de esta naturaleza, inapropiados y riesgosos, debilitan la institucionalidad, la cual se debe fortalecer cotidianamente desde todos los ámbitos”, dice el texto.
En este sentido adhieren a otras expresiones como el de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (25/01/2022) que afirma lo siguiente: “expresamos nuestro rechazo a toda acción que tenga por finalidad debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Las decisiones judiciales se revisan por los canales legales correspondientes y quienes ejercen la función pública también tienen procesos establecidos para su evaluación y eventual remoción.”
La expresión es firmada por Furlotti en su carácter de presidenta de la Asociación de Magistrados, y también por el secretario del organismo, Norberto Godoy.
QUIÉNES LA CONVOCAN
Para empezar, está Luis D’Elía quien fue condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. El año pasado la Corte Suprema confirmó la condena y ahora está en libertad condicional.
Otro de los que llamaron a marchar fue el Juez Juan Ramos Padilla cuyo hijo, el juez Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
El Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, quien fue procesado por el juez Bonadío en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, también se unió a la convocatoria.
A estos de suma Hugo Moyano, quien fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años pero la causa sigue sin definición.
Otros cinco dirigentes de Camioneros que están procesados por coacción a empresarios y directivos de su obra social y también están procesados en la causa de la Mafia de los Medicamentos forman parte del listado.
Para empezar, está Luis D’Elía quien fue condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. El año pasado la Corte Suprema confirmó la condena y ahora está en libertad condicional.
Otro de los que llamaron a marchar fue el Juez Juan Ramos Padilla cuyo hijo, el juez Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
El Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, quien fue procesado por el juez Bonadío en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, también se unió a la convocatoria.
A estos de suma Hugo Moyano, quien fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años pero la causa sigue sin definición.
Otros cinco dirigentes de Camioneros que están procesados por coacción a empresarios y directivos de su obra social y también están procesados en la causa de la Mafia de los Medicamentos forman parte del listado.
En tanto, el Viceministro de Justicia Juan Martín Mena es otro de los que se sumó a la protesta. El funcionario fue sobreseído en la causa por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA. El sobreseimiento aún no está firme.
Milagro Sala, quien se encuentra detenida hace seis años en Jujuy, es otra de las convocantes a la marcha contra la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó la condena a 13 años de cárcel para la líder de la agrupación Tupac Amaru.
La lista se completa con Cristina Caamaño, la interventora de la AFI y presidenta de Justicia Legítima, a quien la jueza María Servini le dictó la falta de mérito en la causa en que se investiga la filtración de un informe secreto con los nombres de más de dos mil espías y analistas y Hebe de Bonafini, procesada en la causa en que se investiga a Sergio Schoklender por el desvío de 46 millones de pesos en el Plan Sueños Compartidos.
Otra de las que apoyó la manifestación fue Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, quien fue condenado en la causa de la Tragedia de Once por no haber controlado la entrega de subsidios y procesado en una causa por el supuesto desvío de fondos para la mina de Río Turbio e imputado en otras 9 causas.
