El presidente Javier Milei dio la autorización final para que Mendoza acceda a una adenda de los U$S 1.023 millones que tiene disponibles para ampliar el universo de la utilización de esos fondos que le corresponden a la Provincia, y así poder realizar otro tipo de obras públicas.
Con la firma del Presidente, más la del jefe de gabinete de Ministros, Guillermo Francos; más la del ministro de Economía, Luis Caputo, este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 587/24 con el que se ratificó la ampliación de los fondos, que anteriormente estaban solamente circunscriptos para el levantamiento de la obra Portezuelo del Viento y/u otras obras hidroeléctricas.
Precisamente, el artículo 1 ratifica “la ADENDA AL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE MENDOZA CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2019, suscripta el 25 de abril de 2024, por el titular del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en representación del ESTADO NACIONAL y el Gobernador de la PROVINCIA DE MENDOZA, en representación de la Provincia, en presencia del entonces Ministro del Interior”, Francos.
Quien hizo mención por parte del Gobierno provincial de este paso final fue el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien expresó que “con este paso podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo”.
Éste era el último paso que se necesitaba, tras la firma de la adenda entre Cornejo, Caputo y Francos; más la ratificación legislativa, que se formalizó el pasado 11 de junio con la sanción final del Senado provincial.
De hecho, en los considerandos de la norma, se establece que “conforme la Cláusula Sexta del citado Acuerdo su vigencia estaba sujeta a la aprobación de la Legislatura de la PROVINCIA DE MENDOZA y a la ratificación del PODER EJECUTIVO NACIONAL”.
“En virtud de lo expuesto, resulta necesario ratificar la ADENDA AL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE MENDOZA CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2019″, expresaron.
Cuánto dinero le falta a Mendoza
Hasta la fecha, Mendoza ya recibió U$S 1.016 millones, y restan las dos últimas cuotas del cronograma de amortizaciones, que comenzó el 28 de octubre del 2019: una de U$S 7 millones el 28 de julio; y la última de U$S 350.479 el 28 de octubre, finalizando los 5 años de pago.
Si bien no hay fechas, el Gobierno aguarda arrancar “lo antes posible” en la elección de las obras y utilización de los recursos.
Cornejo y el anuncio del 1 de mayo
El acuerdo entre Mendoza y Nación fue anunciado por Cornejo el pasado 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial.
“Acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los U$S 1.023 millones que pertenecen a Mendoza”, dijo Cornejo en la Legislatura.
En este sentido, agregó que “esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía”.
El Banco de Proyectos para los intendentes
Luego del anuncio, y en medio de la discusión legislativa, el Gobierno Provincial informó que se abriría un banco de proyectos estratégicos, en el cual los interesados podrían enviar las propuestas a la Dirección de Inversión Pública y Participación Público-Privada (PPP).
Los primeros en hacerlo han sido los intendentes, los cuales, tal como informó Los Andes el pasado 30 de junio, se han inclinado por parques solares y obras hídricas y urbanas.
De parques fotovoltaicos, aparecieron propuestas de Luján de Cuyo, Capital, Guaymallén, Maipú, Junín, Rivadavia y también Godoy Cruz.
También hay ideas de obras de saneamiento y acueductos en Las Heras, Maipú, Lavalle y Santa Rosa. Con respecto a trabajos de impermeabilización de canales y riego agrícoola, hay algunos proyectos cargados desde Lavalle, Tupungato y Junín.
En tanto, hay proyectos de mejoras de rutas y caminos en toda la provincia. Algunos ejemplos se pueden dar en Luján de Cuyo con la ruta 7; Guaymallén con la reingeniería del Acceso Este; Capital con remodelaciones en diversas avenidas.
Otras comunas, han decidido ir por obras grandes; o siguen pujando para que el universo de los fondos vaya para un solo oasis productivo, como lo son Malargüe y San Rafael.
También han aparecido las cámaras empresarias, que también solicitan obras para sus sectores.
El Paso Las Leñas y del trasvase del río Grande al Atuel además de la habilitación del Paso Pehuenche para todo tipo de cargas fueron parte de los pedidos. También plantearon la necesidad de pavimentar tres caminos claves para el turismo, la ganadería, la minería y el petróleo: las rutas provinciales 180 y 186; y la nacional 188, en el tramo que va desde Alvear hasta El Nihuil (San Rafael).
Demanda por la Promoción Industrial
En 1998, Mendoza interpuso una demanda ante la Nación por resarcimiento por los perjuicios del decreto de prórroga de la Promoción Industrial. Todo desembocó en un acuerdo extrajudicial, que fue reconocido en un Acta Acuerdo celebrado en 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, para la construcción de la obra Portezuelo del Viento.
El 16 de enero de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri dictó un laudo a favor de Mendoza, ordenando cancelar la deuda con la provincia mediante la emisión de letras intransferibles por un valor nominal de U$S 1.023.362.922, ratificado por la Ley N° 9170.
Con la queja de La Pampa por los estudios de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento, hubo un laudo contrario por parte del expresidente Alberto Fernández.
Ya en la gestión Milei, Mendoza y el gobierno nacional acordaron ampliar el objeto del Acuerdo para incluir otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. Esta adenda, celebrada en abril de 2024, permitió la liberación de fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.
El decreto provincial estipula que los recursos serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, prohibiendo expresamente su aplicación a gastos corrientes.
