El intendente de Malargüe, Celso Jaque, declaró la emergencia económica, financiera y administrativa en la comuna sureña por un año, a causa de los problemas con los que asegura que encontró el municipio que dejó el radical Juan Ojeda y lanzó un durísimo diagnóstico de la situación que debe enfrentar. En tanto, recibió autorización por parte del Concejo Deliberante para tomar deuda, replantear y reorganizar contratos, adelantar jubilaciones, lanzar una moratoria para vecinos morosos y hasta “revisar” toda la planta de contratados actual.
La medida fue presentada al Concejo Deliberante, que la declaró mediante la ordenanza 2260; por lo que luego el jefe comunal peronista la promulgó a través del decreto municipal 9.
Según las fundamentaciones de los pedidos de emergencia, Jaque marcó que “es de público conocimiento el desorden administrativo y financiero en las cuentas públicas que ha generado entre otros temas, la falta de pago a proveedores del Municipio, poniendo en riesgo la prestación de servicios e insumos básicos para su funcionamiento”.
Municipio en rojo
Entre la información suministrada, informó que la deuda asciende a los $484 millones, por lo que “la situación administrativa, económica y financiera del municipio se encuentra comprometida por la Deuda en Órdenes de Pago”. En tanto, agregó que existe una “deuda pinche que se tendría con determinados proveedores y no se habrían seguido los procedimientos administrativos y legales correspondientes”.
De hecho, expresó que “los saldos de las cuentas a pagar, por compromisos contraídos por la Municipalidad de Malargüe con proveedores hasta el 7 de diciembre de 2023, se encuentran con saldos vencidos o con vencimientos en el corto y mediano plazo”.
Además, marcó que hay una “demora en el pago de las retenciones realizadas a los empleados municipales, de aquellas entidades que cobran mediante códigos de descuentos en los haberes”; mientras que también “existe una merma en la recaudación de tasas y servicios de los últimos meses”.
De esta manera, los concejales aseguraron que “resulta necesario, para la Municipalidad de Malargüe, garantizarles a los vecinos las prestaciones de los servicios públicos y la continuidad de las obras públicas en ejecución cumpliendo, en la medida de lo posible, los compromisos asumidos en la gestión anterior y su incumplimiento recaerá en la afectación del patrimonio municipal potencialmente”.
De acuerdo a lo mencionado por el exgobernador peronista, las disponibilidades en caja municipal y en los bancos, a la fecha, “son totalmente insuficientes para hacer frente a los compromisos asumidos por la Municipalidad de Malargüe y por consiguiente, es absolutamente necesario evitar ingresar a un estado de cesación de pagos con los perjuicios que ello traería aparejado a toda la comunidad”.
También pusieron en relieve que es importante para la comuna “sostener” el empleo municipal, pero marcaron que hay una “sobrepoblación” de trabajadores, con una planta permanente de 1.421 personas, otros 508 contratados, y 460 con locación de servicio, lo que da un total de 2.389 empleados.
“Resulta indispensable determinar si en los procesos de contratación se ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes. En caso de incumplimiento, debería recabarse la información adecuada a los efectos de investigar la posible responsabilidad de aquellos efectores públicos que han intervenido, así como dar comunicación a los Órganos de Control”, advirtieron.
Las herramientas de Jaque para paliar la crisis
A raíz del diagnóstico en rojo de Malargüe, el Concejo Deliberante declaró la Emergencia por todo este 2024, con el objetivo de “contener el gasto público, mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes; disponer la renegociación o resolución o rescisión de contratos y convenios por contrataciones de obras o servicios vigentes a la fecha; y asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales del Estado Municipal”.
Entre las facultades que recibió Jaque, está la de “revisar la totalidad de los contratos de compras, contrataciones de bienes, servicios, suministros y obras públicas, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza y que se encuentren en curso de ejecución”.
También se le permitió la posibilidad de “suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones indicadas, en virtud de razones de legalidad, oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen del Asesor Letrado, dando conocimiento al Concejo Deliberante”.
Además, se lo autorizó a “renegociar los cánones, contraprestaciones y obligaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y/o permisos otorgados, y/o para la prestación de servicios públicos, pudiendo resolver los mismos, todo ello con la finalidad de lograr la superación de la emergencia declarada”.
También el Poder Ejecutivo podrá avanzar en jubilaciones anticipadas o de otro tipo para los municipales que reúnan las condiciones para hacerlo, en base a los regímenes que se encuentren vigentes.
En el artículo 5, también se da la posibilidad de solicitar al Concejo Deliberante una prórroga de la vicencia de la Emergencia “para el caso que se mantengan o no pudieran superarse las condiciones que dieron origen a la misma.
Entre las atribuciones destacadas, el artículo 6 autoriza al Intendente a “suscribir convenios de pagos en cuotas respecto a la totalidad de los créditos que sean verificados y declarados admisibles”; mientras que el artículo 7 faculta a la posibilida dde “contraer obligaciones”, es decir deuda o créditos, “respetando el nivel y capacidad de endeudamiento existente a la fecha de su concreción dentro del marco del Presupuesto aprobado vigente y a los fines de afrontar la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa”.
Por otro lado, Jaque podrá disoner una “reestructuración funcional del personal municipal, para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones esenciales del Municipio, a fin de afrontar la crisis económica, financiera y administrativa imperante, cumpliendo lo establecido en la Legislación vigente”.
En cuanto a los vecinos morosos, establece un “régimen especial de pagos para las deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023 las que podrán ser abonadas por los contribuyentes en su totalidad antes del 31 de enero de 2.024 sin sufrir actualización alguna”.
Por último, el Concejo Deliberante establecerá “una revisión y evaluación cada 4 meses, debiendo el Departamento Ejecutivo Municipal remitir en dicho lapso la documentación pertinente a tal fin”.
