El Departamento General de Irrigación resolvió hoy suspender a Alejandro Currenti, el inspector de cauce del Canal Vertiente Los Corralitos, investigado por irregularidades en el manejo de fondos destinados a obras. Además puso a disposición de la justicia esta información, para que se inicie una causa penal si corresponde.
El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación está compuesto por el Superintendente Sergio Marinelli y los cinco concejeros de las cuencas de la provincia. El presidente durante este año es Gustavo Villegas (Río Atuel) y lo acompañan Alejandro Gannari (Río Mendoza), Eloy Guerrero (río Tunuyán inferior), Omar Sorroche (Tunuyán Superior) y Gustavo Ruiz (río Diamante).
Después de analizar la rendición de cuentas de la Inspección de Cauce del Canal Vertiente Los Corralitos del año 2021, el HTA detectó que faltaban comprobantes para validar 1.368.232,74 pesos que eran destinados para obras hídricas durante ese año.
Entonces, en la reunión de este miércoles, decidieron aplicarle a Currenti una suspensión de 60 días para desempeñarse como Inspector y se ordenó la devolución inmediata de los fondos de remanentes no invertidos, con intereses desde el 04/10/22, fecha de la última entrega que se hizo a la Inspección de Cauce.
Asimismo, se decidió darle intervención al Honorable Tribunal de Cuentas y a la UFI (Justicia Penal) competente, con remisión de lo actuado ante el procedimiento administrativo irregular.
El presidente del HTA, Gustavo Villegas, le explicó a Los Andes, que se trata de un “llamado de atención por haber existido desprolijidades en la presentación formal” de la rendición de cuentas y afirmó que, durante el 2021, se respaldaron con comprobantes otros $56 millones que había destinado la DGI para obras hídricas de esa Inspección. “Nosotros le exigimos que devuelva ese dinero, del cual no hay comprobantes y con los intereses correspondientes”, dijo.
También consideró que, si una Inspección de Cauce utiliza el dinero destinado para una obra en otro proyecto o por la inflación demanda más gastos, es deber del inspector informarlo a la DGI, lo que no ocurrió en este caso con Currenti. Vale decir que Irrigación aporta a las Inspecciones un 60% del valor que una obra propuesta demande, pero ese monto es reembolsable a través del cobro a los usuarios. Mientras que, el otro 40% lo aporta la propia Inspección y al considerarse órganos autárquicos pueden realizar convenios con municipios para lograr esos trabajos, como ocurrió en Guaymallén bajo la gestión de Marcelino Iglesias.
Villegas aclaró que la DGI no denunciará penalmente a Currenti, pero sí le dio vista a la UFI para que revisen sí es un caso que amerita ser investigado. “Nosotros no tenemos comprobado que haya existido una malversación o que los fondos hayan sido robados, porque las obras están hechas y están fiscalizadas y controladas”, manifestó el consejero del Atuel.
“Los gastos de más que han incurrido esas obras también están justificadas. Hay un faltante de comprobantes por esa cantidad. Entonces, la sanción es por no haber avisado que estaba gastando más en una obra y no podía hacer otra”, completó.
La defensa de Marcelino
El exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, aseguró en diálogo con Los Andes que el trabajo con el inspector Currenti “fue excelente” durante su gestión y destacó que “se hizo una obra que jamás en la historia de Irrigación ningún municipio hizo”. Según datos oficiales de Irrigación, entre el período 2019-2023 se construyeron 32.838 metros de canal en esa inspección de cauce.
Entonces aclaró que, en el año 2019, Currenti accedió al municipio para solicitar la firma de un “pequeño convenio” para una experiencia piloto que consistía en revestir 200 metros de canal y el municipio aportaba materiales como hormigón, hierro, fenólicos y combustible.
El senador provincial indicó que año tras año, continuaron los convenios y se superaron las expectativas, incluso durante la pandemia. “Para el año 2020, estipulamos construir 2.000 metros lineales, lo cual era para nosotros un desafío muy grande y con la pandemia pensamos que no íbamos a hacer ni la mitad. Sin embargo, logramos hacer 4.040 metros lineales, o sea, el doble de lo que habíamos planteado, aún con los inconvenientes”, manifestó.
Entonces, manifestó que en el 2021 se propusieron construir otros 6 mil metros y llegaron a 8 mil. Luego, en 2022 la meta fue 8 mil y se lograron 12 mil, mientras que en el 2023, “un período inflacionario bastante marcado”, se estableció hacer 6 mil metros y se construyeron más de 7 mil metros. “En total fueron 32.000 metros, más de lo que hizo Irrigación en todo el resto de la provincia”, aseguró.
Iglesias sostiene que todos los aportes del municipio fueron auditados y a opinión personal, manifestó que Currenti “habrá cometido errores, pero estoy seguro que no cometió delitos, aunque eso lo va a juzgar la Justicia”.
Para el legislador el problema de la rendición de los fondos fue la afectación de la inflación. “Irrigación le entregaba los fondos por un tiempo determinado y creo que tenía que rendirlos a los 90 días, en obras que duraban mucho más. Entonces, tendría que haber informado de esa situación”, comentó.
“Los canales se hicieron. Yo destiné el dinero y lo volvería a hacer. Porque son obras en mi departamento, para los vecinos, que no se habían hecho nunca”, completó el exjefe comunal.
La oposición irá a la Justicia
El concejal de Guaymallén, José Pozzoli (PJ), manifestó a Los Andes que “Irrigación nos ha dado la razón sobre varias irregularidades” que venían escuchado por parte de regantes y vecinos de Los Corralitos.
“Nos venían planteando sospechas sobre Currenti y que se manejaban tanto recursos de la Inspección, como de la Municipalidad mediante convenios. Les han aportado muchísimos materiales, como hierro, cemento y combustible, dicho por el propio Marcelino Iglesias en el balance del año”, sostuvo y calculó que se trató de aportes valuados entre 4 mil y 5 mil millones de pesos al día de hoy.
Además, aseguró que la Inspección cerró los balances de 2022 y 2023 con importantes déficits producto de más irregularidades. Específicamente, señaló que se trató de $22 millones en el primer año y $12 millones en el segundo. “Hemos hecho un pedido de información del expediente de Irrigación, pero todavía no nos lo envían. Las inspecciones no cierran los déficits”, manifestó.
Sobre este punto, desde la DGI respondieron a este diario que el HTA todavía no analiza los expedientes del año 2022 de esa inspección, pero sí se detectan más irregularidades la sanción de hoy contará como antecedente y tendrá más rigor.
Pozzoli agregó que Currenti, además de los manejos irregulares de fondos, también fue autorizado a construir la sede de la Inspección de Cauce sobre un terreno de su propiedad mediante un comodato. “¿Habiendo una sede de la tercera zona de riego, por qué hace esto?”, agregó.
El concejal dijo que buscarán abrir una investigación administrativa en Guaymallén “para comprobar si no hubo desvíos de materiales” y además, dijo que sí ningún fiscal actúa de oficio ante la información que Irrigación puso a merced de la Justicia, realizará la denuncia penal correspondiente. En caso de que se suceda, se constituirá como querellante.
Acerca de los Inspectores de Cauce
En Mendoza hay 137 Inspecciones de Cauce. Sus titulares, los Inspectores, no son empleados de Irrigación. Son usuarios del agua elegidos democráticamente por el resto de los regantes, y durante 4 años administran el agua en la etapa final del sistema, explican desde la DGI.
Las Inspecciones de Cauce cuentan con su propio presupuesto, que se aprueba en asambleas anuales de regantes. Las Inspecciones son una figura descentralizada del funcionamiento central del Departamento General de Irrigación y tienen entre sus funciones la administración de la red secundaria y terciaria de la red hídrica.
El Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación (HTA) controla administrativamente a las Inspecciones. Antes, sus balances son aprobados por los regantes en asamblea y también interviene la Comisión de Vigilancia, formada por al menos de 3 regantes. Ellos se encargan de controlar los gastos que se realizan en las Inspecciones de Cauce durante un año y hacen sus informes, que son presentados ante el HTA e incluso el Tribunal de Cuentas de Mendoza.
