Con José Valerio y Dalmiro Garay como “candidatos”, hoy se define quién asume la presidencia en la Suprema Corte de Justicia, en reemplazo del renunciado Jorge Nanclares. Su reemplazante, María Teresa Day, aportará su voto para el debut del 4 a 3 “oficialista” que le dará el control del tribunal al ala radical, en guerra fría desde hace tiempo con el ala peronista que ayer contraatacó pidiendo un tribunal plenario y una audiencia pública para resolver si la flamante “suprema” cumple con los requisitos constitucionales para el cargo (ver aparte).
A los tres nombrados más Pedro Llorente, la “mayoría automática” que se dice tendrá la Corte desde ahora, se le paran enfrente Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez, quien asumió la presidencia interina por ser el titular de la Sala Primera (Civil y Comercial), de acuerdo a lo que marca el estatuto.
Estos son los dos bandos bien marcados que han convertido al tribunal en el escenario de la batalla política entre los dos grandes partidos de la provincia.
Con el ingreso de Day y la salida de Nanclares la interna en el seno de la Corte está lejos de sanearse aunque desde lo institucional se reubiquen las fichas ante un nuevo presidente, que deberá resolver no sólo lo que está pendiente, sino también cambiar el perfil que durante tres décadas le imprimió su ex titular.
Cabe recordar que Valerio vio truncado su intento de tomar las riendas del máximo tribunal en noviembre del año pasado, cuando en una votación muy dividida, Jorge Nanclares se votó a sí mismo y con el apoyo del ala peronista, fue electo por otro período para comandar la Corte. Hace poco reconocería en diálogo con Los Andes (edición impresa del 7 de junio) que esa fue la alarmar que le sonó para empezar a pensar en su jubilación: “Cuando por primera vez se vota en forma dividida, es una señal de que me tenía que retirar”.
Pese a que está todo dado para que Valerio o Garay sean elegidos presidente, hay una alternativa con la que algunos ayer especulaban: que el tridente en minoría se exima de votar porque entre los votantes hay alguien sobre quién aún falta resolver un conflicto judicial. “Si (Teresa Day) vota como jueza de la Corte y ellos participan, la reconocerían como jueza de la Corte”, indicó una fuente judicial.
Ese plan podría desplegarse sobre la mesa a modo de resistencia peronista. Ni Garay ni Valerio son santos de su devoción, aunque reconocen la acertada estrategia que el segundo, coordinador del fuero penal, implementó con la Ley 9040 para reformar el fuero apaciguando la rebelión de jueces que le estalló a Nanclares, luego de la polémica acordada que trasladaba personal del fuero civil al de familia. “Fue mucho más inteligente, aunque con mucha menos consulta a sus compañeros de sala”, sostuvo una fuente que recorre con frecuencia los pasillos de Tribunales.
Ayer había algunos que también se animaban a postular a la propia Day -que hoy ocupa el antiguo despacho de Nanclares- para presidir el máximo tribunal, aunque pocos creen en esta opción. “Son tan machirulos que no se animan a que la presidenta sea una mujer”, aseguró un supremo pesimista.
Contraataque peronista
Para recalentar la interna judicial, el ala peronista lanzó ayer un dardo al corazón de la nueva mayoría radical sobre el caso Teresa Day. Una resolución firmada por Omar Palermo, el titular de la Sala Penal y Laboral (la que lleva el tema), convocó a Tribunal plenario para resolver si la magistrada cumple los requisitos para ocupar el cargo, el reclamo que la oposición había presentado tras la postulación de la mujer que hizo el Gobierno.
La idea es que en esa reunión -sin fecha aún- los supremos respondan “¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inc. 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?”.
Todos dan por hecho que Day se excusará y que en su lugar opinará un conjuez o conjueza.
Para condimentar aún más la cuestión, se fijó una Audiencia Pública para el 30 de julio a las 9 de la mañana a los fines de “que toda persona que tenga un interés, comparezca, sea oída y exprese opinión fundada sobre la cuestión a decidir, por ante esta Suprema Corte de Justicia”.
Juan Carlos Jaliff, senador radical, cuestionó esta convocatoria avisando que esto ya sucedió: “La Audiencia Pública se hizo el 24 de junio a la 9.30 de la mañana, y en el ámbito en el que tenía que hacerse, que es el Senado de la provincia”.
Desde Tribunales respondieron sostienen que la resolución emitida por la Sala es “un gesto político” porque se convoca a una Audiencia Pública “dada la trascendencia institucional del tema, en búsqueda de una transparencia y una mayor participación pública en los actos institucionales que tiene que decidir la Corte”.
