El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, criticó fuertemente a sus colegas del máximo tribunal al firmar en disidencia dos acordadas que considera “ilegales” y “sin precedentes”. Según Lorenzetti, estas decisiones representan una falta de respeto a la sociedad y al Poder Judicial.
El conflicto comenzó a raíz del nombramiento de Juan Pablo Lahitou como “Secretario de Desarrollo Institucional” y la “delegación de facultades al Secretario General del cuerpo”. Además, criticó que “se crearon cantidades increíbles de oficinas sin sentido” y cargos designados como nunca antes.
Para Lorenzetti, estas medidas son parte de una serie de decisiones cuestionables que han marcado la gestión de sus compañeros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, este último próximo a retirarse del cargo al cumplir 75 años.
“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”, puntualizó.
Y agregó: “Esta ambición desmedida implica que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos. Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades. Es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población. Que, es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Lorenzetti sobre las acordadas y sus consecuencias
El ministro indicó que el cierre del 2024 representa un fin de ciclo en la Corte Suprema y, por ese simple motivo, manifestó que es fundamental comenzar a difundir públicamente estas circunstancias.
“Se han dictado dos acordadas que afectan las competencias de los jueces de la Corte en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no ha sucedido en toda la historia del Tribunal”, expresó al respecto.
Primera acordada
Sobre la acordada relacionada a los conjueces, aseguró que su implementación cambiará los precedentes judiciales y podría derivar en nulidades.
“La acordada tiene el claro objetivo de que muchos casos no sean resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; es algo que nunca existió en toda la historia del Tribunal. Afectará la seguridad jurídica de los precedentes, porque al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además, motivará presentaciones de nulidades”, expresó.
Segunda acordada
En cuanto a la segunda acordada, que delega funciones administrativas al Secretario General de Administración, Lorenzetti calificó esta acción como “ilegal” y carente de antecedentes.
“La acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.
El ministro indicó que esta delegación compromete la independencia judicial, ya que se concentra en un funcionario (designado sin concurso) decisiones de alto impacto para jueces y empleados del Poder Judicial.
Según informó Infobae, la resolución autoriza al Secretario General de Administración a: evaluar y resolver temas como licencias, jubilaciones anticipadas, prórrogas de contratos y administración de bienes judiciales. También se le delega la gestión de contratos relacionados con personal electoral y la administración de vehículos secuestrados o decomisados en causas penales.
Por su parte, desde el máximo tribunal, la medida “busca agilizar la gestión interna y garantizar la continuidad de procesos repetitivos que hasta ahora requerían decisiones del pleno de la Corte”.
