Con sumo hermetismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia lleva adelante desde la semana pasada un importante traslado carcelario hacia el nuevo complejo Almafuerte II, ubicado en Cacheuta. El objetivo es poblar con más de 400 presos, dos unidades que quedaron habilitadas recientemente y de esa forma descomprimir otras cárceles como la de San Felipe de Ciudad.
Justamente, la novedad tomó trascendencia a raíz de un intenso operativo policial desplegado por la Avenida Bolougne Sur Mer esta mañana. Un centenar de agentes, entre efectivos policiales y personal penitenciario, se vieron afectados para la tarea de trasladar la Unidad N° 6 de Jóvenes y Adultos que operaba en San Felipe hacia el pedemonte lujanino. Participó la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) y hasta un helicóptero, entre otras delegaciones.
Se trata del traslado de 220 internos que tienen entre 18 y 22 años y que, a partir de ahora ocuparán una de las tres unidades que restaban por habilitarse en Almafuerte II. Previamente, el miércoles pasado fueron trasladados otros 190 varones privados de la libertad desde Almafuerte I (el otro complejo carcelario ubicado al Oeste) pero que tienen otra categorización. Entre ellos hay mayores de 55 años, que ya tenían su pabellón asignado allí.
Entonces, se busca completar la Unidad N° 6 este martes y el miércoles ubicar otros 40 presos más que restan movilizar desde Almafuerte I, le confiaron fuentes penitenciarias a Los Andes. Todo esto es parte de un proceso para evitar la superpoblación en las cárceles, ya que Mendoza tiene más de 6 mil detenidos alojados entre todas sus dependencias.
El miércoles, cuando se complete el procedimiento, se llevará adelante un acto con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, para contar los detalles del plan de “reingeniería del servicio penitenciario”. Aquí se espera también un anuncio sobre la instalación de inhibidores de señal.
Cómo es Almafuerte II
Almafuerte II posee un sistema de seguridad inteligente que incluye 192 cámaras, sensores perimetrales externos, escáner tipo aeropuerto, sistema de identificación biométrica, data center, centro de monitoreo, videowall, y un centro de grabación y almacenamiento de filmación.
El complejo cuenta con una superficie cubierta total de 38.400 m2, distribuidas en tres cárceles independientes. La primera, compuesta actualmente por la Unidad Nº 11 “Centro de Alojamiento Permanente” para adultos mayores de 55 años, y la Unidad Penal de Mujeres, antiguamente ubicada en El Borbollón.
Mientras que otras dos unidades, se encuentran ubicadas en espejo a esa cárcel, y son las que están siendo pobladas en estos días por la Unidad N° 6 y la restante que aún no tiene definición específica. Ambas locaciones cuentan con 4 alas de 16 celdas cada una, informaron desde el Servicio Penitenciario.
Además se destacan por contar con apertura de puertas a distancia, que requiere de mucho menos recurso humano para controlar la salida de los internos de sus celdas y le brinda más seguridad al personal.
A parte de esas dos cárceles, se encuentra el sector de máxima seguridad integrado por 4 sectores de 2 Alas cada uno. Este espacio se diferenciará de los demás, particularmente porque allí, cada ala estará compuesta por 12 celdas unicelulares, es decir para una persona privada de libertad, teniendo así un cupo total de 96 plazas. Aquí se espera que se instale la primera torre de bloqueo de señal.
En total, este establecimiento tendrá una capacidad de 980 camas aproximadamente y contará con espacios comunes únicamente para los juzgados de ejecución, el centro universitario para quienes cursen sus estudios superiores, la cocina, y otras áreas de trabajo en donde funcionarán talleres específicos.
La promesa de los inhibidores
El Ministerio de Seguridad y Justicia prepara un anuncio sobre la instalación de los primeros inhibidores de señal en las cárceles. La cartera que dirige Mercedes Rus ya finalizó el convenio marco con la empresa estatal Invap, que llevará adelante la colocación, y dará a conocer los detalles este miércoles.
“Estamos trabajando en una reingeniería del sistema penitenciario porque estamos próximos a trasladar internos a Almafuerte II″, había anticipado una fuente del ministerio, días atrás sobre el evento que se está cumpliendo durante estos feriados.
La idea es que la primera torre de bloqueo se instale en el pabellón de máxima seguridad de esa cárcel, tal como había prometido el exgobernador Rodolfo Suárez cuando recogió la demanda de Luis Petri en la campaña electoral, a favor de Alfredo Cornejo.
Vale aclarar que la empresa mencionada descartó en su informe la posibilidad de instalar inhibidores de señal, tanto en los penales de Boulogne Sur Mer como San Felipe de Ciudad, aseguró la ministra a este diario en diciembre pasado.
Si bien es un punto importante para abarcar, porque se alojan allí 2.910 internos (la mitad de la población carcelaria de la provincia), la ubicación juega muy en contra, porque las antenas podrían ocasionar bloqueos de señal tanto para el personal penitenciario como el edificio del Polo Judicial y las viviendas cercanas de la Sexta Sección.
La Corte se definirá la quita de celulares
Mientras tanto, el conflicto de criterios para retirar los celulares de cárceles escaló hasta el máximo órgano judicial de la Provincia. El Tribunal Penal Colegiado que había sido sorteado para resolver la apelación del Ministerio Público Fiscal contra la resolución del juez Sebastián Sarmiento, finalmente se inhibió y la Suprema Corte de Justicia tiene la potestad de hacerse cargo o no, para ponerle un fin al tema irresuelto desde enero.
Es que el tribunal integrado por los jueces Rafael Escot, Mauro Perassi y Luis Correa Llano, se declaró incompetente para expedirse y el contrapunto que tiene en vilo al sistema penitenciario llegó hasta la Corte, que deberá sortear una sala para tratar el tema y dar paso a una devolución o resolver en pleno (entre los siete integrantes) un asunto de institucionalidad.
Con la Ley N° 9423, sancionada en 2022, se establece que las causas que lleguen hasta allí, deben sortearse entre los siete supremos, incluido el presidente Dalmiro Garay. Entonces los tres magistrados sorteados conformarán una sala que tratará la apelación que trasladó el TPC.
Y con la firma de dos de esos tres jueces podrían convocar a que se discuta en pleno y de ese modo, resolver el asunto que está en suspenso desde el 10 de enero, mientras los internos siguen gozando de tener celulares en sus manos, lo que permite la digitación de delitos como estafas.
