No es una novedad que Rodolfo Suárez avance con su proyecto de ley para la implementación de la Boleta Única electoral en nuestra provincia, pero lo que sí se destaca es el nivel de consenso en el radicalismo que el Gobernador debió reunir y respetar para poder enviar la iniciativa a la Legislatura.
Como acertadamente se definió a la iniciativa en la edición del domingo de Los Andes, la Boleta Única electoral es, como propuesta, una suerte de premio consuelo para un mandatario provincial que se vio desbordado por la pandemia, que hizo de ésta su mejor propuesta electoral y que en ese contexto debió relegar iniciativas ambiciosas, como una reforma institucional de Mendoza que deberá esperar su oportunidad para poder avanzar en el terreno político.
De todos modos, si la reforma avanza y el Gobierno logra ponerla en funcionamiento para la elección de candidatos provinciales y municipales próxima, su eventual eficacia, que debe incluir el conformismo de los votantes, puede dejarle a Suárez mucho más rédito que una extenuante discusión por los cambios propuestos en la Constitución.
Volviendo al nivel de consenso logrado por el Ejecutivo puertas adentro de la UCR, no pasa inadvertida la opinión de los intendentes para el visto bueno del proyecto pensado por Suárez y elaborado por su ministro Víctor Ibáñez.
Es atinado que opinen por la injerencia que tiene una votación en los departamentos y por la complejidad que supone la proliferación de opciones que generalmente se produce en dichos territorios. Pero, además, el veredicto de los jefes comunales es una muestra de respeto a quienes tienen un nivel de autoridad política importante en un oficialismo provincial que viene en crecimiento constante en cada cita electoral desde 2013 a la fecha.
Se puede afirmar, por lo tanto, que el radicalismo también tiene sus “caciques” departamentales, usando la definición que mucho ha caracterizado a los intendentes del justicialismo mendocino durante décadas en nuestra provincia.
Y cuando hablamos de caciques nos referimos a dirigentes con la suficiente autoridad para emitir opiniones que pesen en el Gobierno y generen, como en el caso que nos ocupa, un marco de consenso indispensable para seguir adelante con un proyecto transformador.
El equilibrio logrado comenzó cuando el propio Suárez pidió, poco después de la exitosa elección del 14 de noviembre, que varios intendentes y sus seguidores calmaran su ansiedad con respecto a las elecciones de 2023 y las postulaciones para su sucesión. Este es un año de transición, no electoral, y la gestión no será fácil en virtud del contexto económico y lo que dejó la emergencia sanitaria. Si no, véase la realidad de la OSEP, que no podrá escapar a la discusión política y gremial y que será, si no lo es ya, un dolor de cabeza para el Ejecutivo.
Es por ello que la contención de los intendentes radicales (10 sobre 18 que tiene la provincia) será mucho más importante para Suárez a partir de ahora. Cornejo, durante su mandato, supo manejarse con ellos, pero corrió con la ventaja que suponía que la mayoría podía tener su reelección.
¿Saldrá de un intendente radical el nombre del candidato a sucesor de Suárez? Es una posibilidad. Hay varios que no descartan anotarse para probar suerte. Mientras tanto, dan consenso al Ejecutivo y hacen valer su presencia en los departamentos que conducen, en los que casi todos también recibieron un fuerte aval a sus gestiones.
