Algunos intendentes mendocinos están dejando a la vista cuánto los afecta estar en el ocaso real de sus mandatos.
Chocaron contra un límite. No se pueden reelegir otra vez y, desesperados, zarandean sus gabinetes y provocan un estrépito que poco tiene que ver con necesidades de gestión.
Ocurre en municipios de todos los partidos. Desde hace un tiempo, las renuncias y despidos muestran el músculo que les queda a unos cuantos jefes comunales. Por eso hay premios o castigos para muchos empleados políticos, según el nivel de lealtad que cada uno demuestre. La disciplina respecto del “plan para la sucesión” es el único patrón de evaluación.
Todo explota ahora porque en 2019 se suprimió la reelección indefinida de los intendentes en Mendoza y los que ese año entraron a su segundo periodo consecutivo, no pueden presentarse de nuevo en 2023.
En particular, los intendentes radicales que se reeligieron en 2019, acaban de quedar en una encrucijada: no pueden aspirar a un nuevo mandato ni escalar para ir por la gobernación. La segunda meta no estaba prohibida, pero habría significado enfrentar al propio Alfredo Cornejo.
Lo único que les queda a varios, entonces, es elegir herederos para el poder municipal. Y exigen soberanía.
Muchos de ellos se han ganado el aprecio de los vecinos por buena imagen y méritos. Pero también los ha ayudado el hecho de que todo este tiempo gobernaron con caja y a salvo de enfrentar los grandes problemas de la provincia y el país.
Así, por estos días, la insubordinación electoral pone de patitas en la calle a unos cuantos funcionarios, sin que nadie aclare si habían sido buenos o malos en la tarea que les encomendaron.
El espectáculo incluye también a directores municipales que de repente, por las elecciones, se vuelven lapidarios con la gestión para la que hasta entonces trabajaron sin chistar (San Carlos), o ampulosos arrebatos como el del intendente de Las Heras, que de un día para el otro decidió que casi todo el gabinete (incluso quienes lo acompañan desde hace ocho años) era prescindible.
Ningún intendente está midiendo calidad de trabajo, aunque ponga la gestión como argumento. Sería legítimo que ejercieran el poder para mejorar sus municipios, frente a señales de que la rosca desmejoró las prestaciones. Pero los motivos verdaderos son otros.
Juegan con fuego, tal vez, en medio del agobio ciudadano por las soluciones que la política no da.
