Ante la postergada reforma constitucional que permitiría la autonomía municipal como tienen muchas provincias, un intendente pide meter mano de manera integral en la Ley de Municipalidades. Diego Costarelli impulsa desde Godoy Cruz que se abra el debate para actualizar una normativa que es de 1934 aunque ha tenido modificaciones.
Entre los cambios a la ley 1079 que es la columna vertebral de las comunas, propone que el arbolado público pase ser una facultad municipal y así, poder agilizar los reclamos de vecinos sobre distintos ejemplares. También propone absorber las pequeñas causas que se tramitan en juzgados provinciales y plasmar en una norma, el uso de herramientas digitales además de garantizar derechos ambientales, entre otros temas.
“Buscamos desburocratizar las estructuras”, dice el intendente godoycruceño a Los Andes. En ese contexto, destaca que los cambios en la normativa permitirían igualar a todos los municipios con determinados servicios, además de resolverle más rápido los problemas a vecinos y vecinas.
El impulso salió desde el Honorable Concejo Deliberante de la comuna. Los ediles, por unanimidad, aprobaron un proyecto de resolución pidiéndole a la Legislatura que avance con el debate. Para el jefe comunal, es momento de incorporar derechos de tercera y cuarta generación. En líneas generales, se refiere a ambientes sanos y acceso a tecnologías de información, respectivamente.
Hay voluntad política en el oficialismo. “Estamos viendo algunos procesos de mejora, actualización de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es válido que lo aporten para el debate”, dijo Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, a este medio.
Arbolado público, un dolor de cabeza
Uno de los aspectos que pretende modificarse tiene que ver con los Concejos Deliberantes y ampliar el funcionamiento durante la mayor parte del año. Así, el período ordinario (en el que se tratan proyectos del Ejecutivo y los concejales) es más extenso. En el período extraordinario sólo pueden ingresar y tratarse proyectos enviados por el intendente.
El arbolado público pasaría completamente a la órbita municipal. De esa manera, la Provincia deja de intervenir en la autorización para extraer y retirar ejemplares, un trámite en el que abunda la burocracia. El reclamo se inicia en el municipio pero es la autoridad de aplicación (Ministerio de Energía y Ambiente) de la ley N° 7874 y que depende de la Provincia, la encargada de dar luz verde para el retiro.
“Si se caen ramas por el Zonda, es responsabilidad de la municipalidad, pero para cortarte un árbol, tiene que intervenir la Provincia”, dicen en una comuna del Gran Mendoza. Rezongan por lo tedioso del trámite, porque hay cruces de documentación, inspecciones y demás. Los vecinos, cuando hay demora o no hay respuesta, se acuerdan de toda la familia del intendente de la comuna en la que viven. Por eso el pedido de absorber esta competencia provincial.
La modificación puntual tiene que ver con parte del artículo 78 de la ley 1079: “Las municipalidades no podrán sin autorización del Poder Ejecutivo de la Provincia, disponer la corta de árboles de los caminos, calles o plazas públicas, pudiendo solo atender a su cuidado y conservación”.
Una vez ocurrido esto, se deberá modificar la Ley 7874 que en su artículo 44 le da la potestad a la autoridad de aplicación provincial para que puedan efectuarse tareas de erradicación, tala, poda, rebaje, desbrote, limpieza y mantenimiento según una serie requisitos. La intención es que la autoridad de aplicación sea el municipio en los casos que le corresponden a la Provincia.
Justicia municipal más amplia
El otro cambio importante tiene que ver con un sistema de justicia municipal con diferentes tipos de procedimientos administrativos, tradicionales y alternativos como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
La comuna ya cuenta con Juzgados Viales y de Faltas, siendo competentes para resolver en aquellas conductas que transgredan el Código de Faltas Municipal, normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponda expresamente a los municipios. En esa línea, propone que todos los municipios cuenten con estas herramientas (al modificarse la ley estarían todos obligados a hacerlo)
No obstante, Costarelli pide que estos juzgados sumen la resolución de las pequeñas causas que se produzcan entre vecinos. “Nos permite dar respuesta a conflictos que hoy no tienen acceso a la justicia fundamentalmente por ser de menor cuantía, como puede ser uno entre un locador y locatario por mejoras que deben realizarse en el inmueble locado. El costo del patrocinio letrado obligatorio para concurrir a la justicia hace que sea inviable”, ejemplificaron desde Godoy Cruz.
Esto implica dotar de competencia a los municipios a través de un cuerpo de mediadores que intervenga en la solución amistosa de conflictos vecinales.
“Con esta propuesta se busca encontrar una respuesta efectiva a las faltas contra la convivencia ciudadana (entre ellas las faltas contra la integridad y la tranquilidad de terceros, las relativas al uso de bienes y espacios públicos y las relativas a la seguridad de la propiedad) y faltas contra el medio ambiente”, subrayaron desde la comuna.
Hay además una serie de cambios propuestos que tienen que ver con mayor participación ciudadana, sistemas de acceso a la información pública, adhesión a Ficha Limpia, incorporación de herramientas digitales, etc. Para ninguna de estas reformas pedirán fondos, aclararon desde la comuna, sino que se afrontarán con recursos municipales. Remarcaron que la propuesta se ha diseñado en función de las posibilidades de financiamiento propias.
Respaldo radical
“Me parece necesaria la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sería una oportunidad para actualizar la ley, generando herramientas y facultades que permitan a los intendentes gestionar de manera más eficiente”, indicó Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, consultado por Los Andes.
De acuerdo a su percepción, “esto incluiría la incorporación del uso de herramientas digitales (como la firma y el expediente digital), dotando a los intendentes de atribuciones para actuar en casos de crisis o emergencias. Además, sería una ocasión para explorar si la modificación permitiría otorgar un mayor poder de policía a los municipios en áreas como la construcción, el ambiente y el comercio, entre otros”.
En Las Heras también ven con buenos ojos la iniciativa. Francisco Lo Presti adhiere a la propuesta y pidió discutir “las funciones y las obligaciones de los Consejos Deliberantes, más allá del control que tienen que llevar adelante sobre el Departamento Ejecutivo. Debatir respecto de la representatividad, su composición, y cuáles son sus funciones respecto de políticas públicas a largo plazo”.
Coparticipación y autonomía municipal
Desde la Ciudad de Mendoza también avalaron la iniciativa que impulsa Godoy Cruz. “Está bueno que nos pongamos a trabajar para aggiornar y modernizar la ley orgánica. Los municipios tienen cada vez más responsabilidades, se involucran en nuevas agendas. Entonces, comparto la idea, pero de la mano de eso también es necesario, en paralelo, dar el debate por una nueva ley de coparticipación”, indicó el intendente Ulpiano Suárez quien viene pidiendo la actualización del Fondo Compensador al Gobierno provincial y aun no ha tenido respuestas que indiquen avances concretos.
“Es importante que haya una asignación de recursos acorde a las responsabilidades que hoy tenemos los municipios. Nosotros planteamos que sea un régimen donde se premia la eficiencia en la administración, la inversión en bienes, en obra, lo que uno aporta al Producto Bruto”, agregó.
Por otra parte, se viene reuniendo con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo (Pro - La Unión Mendocina) para analizar “las posibilidades de modificación porque, con datos objetivos, es evidente que la Ciudad es la más perjudicada por el régimen de coparticipación actual, y en segundo lugar Luján”.
Desde esa comuna también hubo respuesta. “Puntualmente respecto de las modificaciones propuestas por mi colega (Costarelli), ya se vienen implementando en casi todas las municipalidades pero terminan siendo cosméticas si no le cimentamos con bases constitucionales”, opinó Allasino.
Asegura que “los dirigentes les deben desde hace 30 años, a todos los mendocinos, una adaptación de nuestra Constitución provincial a los mandatos de la Constitución del 1994. No podemos concebir que los municipios seamos simples Delegaciones Administrativas del Gobernador como fue en el año 1855, cuando se crearon los departamentos de Luján y Godoy Cruz, o un Municipio alejado de la realidad del Siglo XXI como el que se pensó con nuestra Constitución provincial de 1916″.
“Con la autonomía no tan sólo podríamos percibir el impuesto inmobiliario o el automotor, como ya los vienen haciendo otros municipios de Misiones, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, Catamarca, Corrientes y Tucumán, sino que además podríamos sentarnos a acordar todos los intendentes con el Ejecutivo provincial la distribución de la coparticipación de impuestos”, apuntó el jefe comunal de La Unión Mendocina.
En ese sentido, considera que “podríamos convenir un sistema más justo y equilibrado, donde se contemple y premie la buena administración”.
Por su lado, Flor Destéfanis, jefa comunal de Santa Rosa y presidenta del PJ, pareció abrirle una puerta a la reforma constitucional al menos en ese aspecto. A través de un audio indicó que “debemos reformar la Constitución de Mendoza e ir por la incorporación de la autonomía municipal. Somos de las últimas provincias que todavía seguimos rigiéndonos por una única ley provincial, cuando tendríamos la posibilidad, a través de la autonomía municipal, de regirnos por una Carta Orgánica que cada municipio sancionaría”.
Las declaraciones resultan llamativas teniendo en cuenta que el PJ se opuso a debatir el proyecto de reforma que presentó el ex gobernador Rodolfo Suárez. Sin embargo, ante esta consulta puntual, no hubo una respuesta de Destéfanis.
