La Administración Tributaria Mendoza (ATM) de Mendoza realizó durante el 2022 un “relevamiento masivo de captura de datos” en las zonas rurales de la provincia para calcular el Impuesto Inmobiliario, en la cual aseguró que se captaron “más de 10 millones de m² de superficie cubierta sin declarar”, entre otras irregularidades. Sin embargo, esta acción, que tuvo un moderno sistema de relevamiento financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), generó controversias en el ámbito político y habrá presentaciones en la Legislatura provincial.
Desde el Partido Justicialista aseguraron a Los Andes que se cometieron “gravísimos errores” en la actualización de numerosas construcciones que “ya habían sido registradas anteriomente” en Catastro y que terminarán “en aumentos incorrectos y considerables en el impuesto inmobiliario y futuras transacciones”. En tanto, desde Casa de Gobierno, por su parte, negaron errores y aseguraron que el trabajo traerá “equidad tributaria”, ya que “no habrá irregularidades como las que ya existían cuando aparecían áreas presuntamente incultas que sí tenían cultivos”, por tomar algún ejemplo.
La crítica llegó esta semana por parte del senador lavallino Gerardo Vaquer, quien, en diálogo con Los Andes, expresó que la Dirección General de Catastro deberá solucionar “un sinnúmero de errores que hay en la gran mayoría de las construcciones registradas en terrenos rurales”.
Vaquer explicó que, una vez que se realiza un relevamiento en una propiedad, “se determina un puntaje de la misma en el que luego impactará el avalúo (NdR: a mayor puntaje, mayor será el impuesto). Dicho relevamiento controla la superficie cubierta, el año de construcción, el tipo de piso, si tiene baños o agua corriente, entre otros. Lo que pasa ahora es que a propiedades que ya tenían todo registrado con anterioridad, ahora aparecen con un puntaje de 80, que es alto, y un año de construcción del 2022″, expresó.
Para el legislador peronista, esta actualización de datos que arrancó en octubre del 2021, ha actualizado “todas las construcciones en áreas rurales con un año de construcción del 2022 y con un puntaje 80″, lo que según él impactará de lleno no sólo en los impuestos inmobiliarios, sino en todo lo que representa y se ajusta en base a ese avalúo, ya sea cargas tributarias, valores de escrituras y sellos, entre otros.
Entre algunos de los ejemplos (ver imágenes), el senador lavallino dio el caso de una propiedad de El Algarrobal (Las Heras), donde durante el año 2022 “su avalúo era de poco más de $27 millones y sus construcciones datan del año 1937 a 2004, y pasó a tener un avalúo de más de $166 millones y todas sus construcciones son, según Catastro, del año 2022″. En este caso, no sólo el impuesto será mayor según Vaquer -llegará seguramente al tope del 60% de aumento votado por la Legislatura- sino que el resto de acciones inmobiliarias que se puedan realizar “también tendrán costos más altos”.
“No se puede comparar una vivienda rural construida en los ‘70 y un puntaje 50, que una 2022 con puntaje 80, como aparece ahora”, aseguró Vaquer. Por otro lado, decidió no cargar con el nuevo sistema de relevamiento en zonas rurales, y agregó que, si se han detectado nuevas construcciones donde antes no había nada, o campos cultivados donde aparecían incultos, enhorabuena; pero el problema se da en estas otras situaciones”, consideró, y agregó que no son errores puntuales, sino que están “en la mayoría de los departamentos”.
“Esto pasa en cualquier propiedad rural. Hemos visto casos en Las Heras, Junín, General Alvear y San Carlos, entre otros. Puede haber casos con propiedades que no tenían una construcción y ahora sí, pero hay un montón de gente que tiene sus edificaciones declaradas previamente. No es lógico que pongan a todas como construidas en el 2022. Se genera un desfasaje erróneo”, acotó. Por otro lado, adelantó que presentará este martes un pedido de informes a la Legislatura, más allá que recién pueda estudiarse el mismo en febrero, una vez los senadores retornen del receso.
El Gobierno negó errores en el cálculo y aseguró que hay “equidad tributaria”
Desde Casa de Gobierno se limitaron a negar categóricamente algún tipo de irregularidad planteada por el legislador peronista, y marcaron no sólo que “no hay errores ahora, sino que se subsanaron irregularidades, con propiedades o campos que debían tributar más y no lo hacían”. Por otro lado, Los Andes consultó sobre cuánto dinero se estima que se recaudará, pero no hubo respuesta.
A través de un comunicado oficial, el ministerio de Hacienda informó que se detectaron “más de 10 millones de m² de superficie cubierta sin declarar y 16 millones de m² de reservorios de agua”, entre otras irregularidades tales como detección de cultivos y ampliación de áreas irrigadas.
Esta actualización del parcelario rural fue llevado a cabo durante todo el 2022 por ATM “mediante vuelos fotogramétricos sobre todos los oasis de la provincia”. El proyecto contó con el financiamiento del BID e incluyó un relevamiento masivo de datos catastrales rurales, actualización cartográfica y controles sobre cantidad de metros declarados, detección de espejos de agua, detección de diferentes cultivos y espacios de riego.
El administrador general de ATM, Alejandro Donati, aseguró en ese comunicado oficial que “las irregularidades detectadas adecuarán la base imponible del impuesto inmobiliario de numerosos contribuyentes, lo que permitirá mejorar la equidad tributaria en la aplicación de los impuestos patrimoniales en la provincia”.
Con la “corrección” de los m² construidos “se podrá dar un trato igualitario a contribuyentes cuyas propiedades rurales tienen el mismo valor”. Desde ATM hablan, de esta manera, de un “cumplimiento del principio de equidad tributaria” en la aplicación del impuesto inmobiliario: “Quienes están en igual situación, en términos de capacidad contributiva, deben tributar el mismo monto de impuesto”, marcaron.
Por otro lado, Jimena Luzuriaga, directora general de Catastro, aseguró que la dinámica del crecimiento urbano y rural en la Provincia de Mendoza en la última década “ha modificado considerablemente el valor de las propiedades el cual por falta de actualización acorde no se ha visto reflejado en la base imponible del impuesto inmobiliario en más de 112.000 parcelas rurales y secanas de la provincia”.
“Esta situación nos llevó a la necesidad de pensar en métodos masivos de actualización atento el constante desarrollo y modificaciones sobre inmuebles que se producen sin declarar; se eligió la zona rural para comenzar con esta tarea que abarca un total de 96.590 parcelas. Los datos relevados refieren a construcciones no declaradas, identificación de espejos de agua, espacios de cultivos y zonas con derecho de riego”, añadió.
Sobre este tema también se explayó Nicolás Chaves, director general de Rentas, quien marcó que la tecnología utilizada “no deja lugar a dudas sobre el contenido de cada parcela”. Además agregó que “resulta indispensable mantener actualizadas nuestras bases de datos catastrales y en el mediano plazo adecuar la zonificación de las parcelas conforme la nueva frontera urbana y agrícola”.
Finalmente, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, declaró que “mientras más contribuyentes cumplan de manera adecuada con sus obligaciones tributarias, las políticas de alivio fiscal se volverán sostenibles en el tiempo”.
Por otro lado, las irregularidades detectadas por ATM modificarán la base imponible de los contribuyentes “que se encuentran en falta” e impactarán sobre la emisión de sus boletos de Impuesto Inmobiliario 2023.
