El juez federal Sebastián Casanello decretó la medida de inhibir los bienes de Eduardo Belliboni, quien encabeza el Polo Obrero y está bajo citación para declarar en relación con el caso que aborda presuntas prácticas fraudulentas, coerción y extorsión hacia beneficiarios de planes sociales.
La convocatoria a la indagatoria surgió específicamente tras las sospechas sobre la manipulación de fondos por parte de la entidad mediante facturación falsa y gastos ficticios.
En el expediente se examina una supuesta extorsión dirigida a los beneficiarios de programas sociales y una gestión fraudulenta perjudicial para la administración pública. El juez ha citado a 23 acusados para ser interrogados en seis sesiones que comenzarán el 11 de junio y se prolongarán hasta el 25, fecha en la que le tocará el turno a Belliboni. Ayer, el líder del Polo Obrero se presentó en el caso representado por la abogada Liliana Alaniz.
Según fuentes judiciales, el juez ha ordenado la inhibición de los activos de Belliboni y de los otros veinte citados para declarar. Esta medida guarda similitud con la que ya había aplicado el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de mayo hacia las personas señaladas. La disposición abarca cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras digitales y cualquier otro recurso económico-financiero.
Belliboni está convocado a indagatoria en relación con este caso para el próximo 26 de junio, acusado de supuestos delitos de fraude contra la administración pública y extorsión.
