El diputado nacional por la provincia de Salta, Emiliano Estrada, fue acusado por el delito de intimidación pública. El legislador, vinculado al kirchnerismo, se dedicaba a difundir noticias falsas con el fin de desacreditar a sus rivales políticos, periodistas y empresarios de la región, utilizando diversas cuentas en redes sociales.
Varios de los imputados en la causa lo señalaron como el autor intelectual de las actividades de diversas cuentas en TikTok, que se encargaban de propagar acusaciones de corrupción contra el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz.
Aunque el legislador debía presentarse hoy ante la fiscal de ciberdelitos de Salta, Sofía Cornejo, en lugar de comparecer personalmente, optó por presentar un escrito a través de su abogado, Jorge Ovejero. Cornejo declaró en conferencia de prensa: “Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, y desestabilidad de los poderes del Estado”.
Florencia Bustamante, ex asesora del diputado, también fue imputada en la causa y, en su declaración, admitió que era responsable de gestionar las cuentas de redes sociales “La Casta de Sáenz” y “La Casta Salteña”, que se utilizaban para difundir denuncias, siguiendo las instrucciones directas del legislador.
El abogado de Bustamante defendió que su clienta realizaba estas actividades como parte de sus funciones laborales, sin ser consciente de que estaba cometiendo un acto ilícito.
Además, otros imputados en la causa son Alonso Javier Allemand, asesor de Estrada y antiguo empleado municipal, y Juan Capisano, quien se identificó como trabajador del empresario Federico Mena Saravia.
“El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones, ya sea de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados” aseguró la fiscal.
Sofía Cornejo informó que TikTok proporcionó los correos electrónicos que permiten establecer la conexión con las cuentas en investigación. Mediante el rastreo de direcciones de Gmail, se identificó a los tres primeros imputados, dos de los cuales afirmaron ser empleados de Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el exministro de Economía de Juan Manuel Urtubey sostiene que se trata de una persecución política en su contra, a lo que la fiscal respondió: “La investigación empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, telefonía celular y la declaración de dos personas. Esto no es político, esto es jurídico”.
“¿Creen que los vínculos del entonces secretario de Seguridad de Sáenz y bandas delictivas son obra de mi imaginación?, ¿creen que los patrulleros de la policía encontrados con droga fueron una operación mía?”, expresó en la carta abierta dirigida a los salteños, donde el diputado kirchnerista defiende la autenticidad de ciertos documentos que fueron difundidos.
En este mismo escrito, Estrada también acusó que las declaraciones en la causa habían sido obtenidas bajo coacción: “Algunos de los trabajadores fueron presionados por el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli” y agregó que jóvenes militantes que trabajan y madres con familias a cargo no pueden hacer más que asustarse; “esto demuestra cómo Sáenz maneja la provincia, decidiendo quién va preso según sus intereses” concluyó.
Una figura del mismo partido que se unió a las acusaciones contra el gobernador salteño fue el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. A través de un comunicado, Martínez denunció el comportamiento de Sáenz, señalando que se trataba de una “persecución política, hostigamiento y amedrentamiento contra opositores”.
El dirigente kirchnerista comparó este caso con el de Nahuel Morandini, un docente universitario arrestado en 2023 por publicar un tuit en contra de Gerardo Morales, en ese momento gobernador de Jujuy. Aunque Sáenz proviene del peronismo, siempre se ha mantenido distante del kirchnerismo.
A partir de la investigación y las declaraciones realizadas, podrían surgir denuncias por injurias y calumnias contra Emiliano Estrada por parte de las personas afectadas.
En cuanto al curso que tomará la investigación, la fiscal a cargo, Sofía Cornejo, declaró: “Hay un grupo de delitos que son de competencia federal. Así que tiene que intervenir una fiscalía federal en este caso. Como esto recién empieza, yo estoy habilitada como fiscal que toma conocimiento de los hechos. Con respecto a lo que es intimidación pública, eso sí es provincial y está tramitándose de esta manera. Pero ante los nuevos hechos y ante la nueva imputación, ahora sí se hará una evaluación de qué fue o a quién le corresponde intervenir”.
