El Gobierno Provincial comenzó a acelerar en su política minera, con la presentación del proyecto de ley de modificación del Código de Procedimientos Mineros, con el que pretende ajustar la legislación actual a mejores herramientas de control pero también de agilidad en todo lo relacionado a plazos administrativos para avanzar más rápidamente en la explotación de recursos.
Según informaron desde la Legislatura, el proyecto ingresó por la Cámara de Diputados para ser tratado y ya tomó estado parlamentario. En este sentido, se espera que se conforme un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); junto a la de Economía, Energía, Minería e Industria.
Si bien la iniciativa fue presentada este martes al mediodía, ya recogió puntos positivos como algunas dudas por parte de sectores de la oposición; mientras que, naturalmente, tiene el visto bueno de los sectores relacionados con la actividad minera.
Enojo peronista por dejar afuera a Jaque
Desde la oposición marcaron a Los Andes la necesidad en primer lugar de “estudiar” un proyecto que recién entre ayer y hoy han tenido acceso los legisladores. No obstante, algunos legisladores ya se pronunciaron ligeramente a favor, aunque también hay resistencia de otros tantos.
En el Gobierno, desde ya, intentarán conseguir la mayor cantidad de apoyos a este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un tema “sensible” para la sociedad mendocina, sobre todo por el ingrato recuerdo, en términos políticos, de lo que fue la fallida reforma de la ley 7722.
En el peronismo coexisten diferentes apreciaciones del proyecto de ley. En primer lugar, evitaron dar alguna postura dentro del bloque, pero sí han marcado que se adherirán, al menos la mayoría, en la postura que tenga el intendente de Malargüe, Celso Jaque.
“No vamos a hacer nada que no tenga el apoyo de los malargüinos, y por ende, de su Intendente. Vamos a validar lo que nos plantee Jaque”, señaló uno de los referentes peronistas en la Legislatura.
No obstante, hay malestar dentro del espacio, sobre todo porque, al parecer, el peronismo no fue convocado para participar del proyecto, y el propio Jaque tampoco fue abordado por el Gobierno.
Los Andes intentó dialogar con el exgobernador, pero no contestó. Desde su espacio de prensa también dejaron en claro que no daría declaraciones al respecto, al menos por el momento.
Quien sí habló fue el concejal guaymallino del PJ, José Pozzoli, quien es uno de los especialistas en políticas ambientales que tiene el espacio político y que fue hasta fines del 2022 titular del Instituto Nacional del Agua.
En primer lugar, el dirigente fue taxativo al indicar que fue “un error dejar afuera de este Plan al Municipio de Malargüe, que hace inviables los anuncios hechos por el gobernador”.
En este sentido, añadió que “es de una ingenuidad absoluta creer que se pueden afectar 20.000 km cuadrados, casi la mitad de la superficie del departamento, a un Plan Minero sin contar con la factibilidad política institucional y la licencia socia ambiental de los malargüinos”.
También expresó que Cornejo “está muy mal asesorado”, al indicar que el plan del distrito minero de Malargüe “no es sólido” en materia ambiental y que deberían realizar “una evaluación de impacto ambiental estratégica de la ley de Ordenamiento Territorial”; y recién ahí después por los estudios de impacto ambiental en cada proyecto.
“Van a tener problemas legales si avanzan tal cual marca el proyecto”, amplió.
También dijo que “si pretendemos darle transparencia y sostenibilidad a la minería de cobre, un debate que es insoslayable es qué recursos económicos dejará la misma en Mendoza y para qué se usarán. El espacio para este debate que dará previsibilidad y seguridad jurídica y social es la legislatura de cara a la sociedad y no solo a los empresarios”, cerró.
La oposición estudia el proyecto
Por el lado de La Unión Mendocina (LUM) hay posturas contradictorias. Por un lado, Gustavo Cairo, quien es el presidente del bloque de Juntos por la Libertad (Pro) señaló que es una “muy buena idea Malargüe como distrito minero, estableciendo un área específica para exploración minera”.
En este sentido, sostuvo que “es una locura tener que tratar cada exploración individualmente. El resultado es la falta de exploración y de inversiones”, consideró.
No obstante, en cuanto al proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros, indicó que aún tienen que estudiarlo bien; pero añadió que por lo que ha podido leer en un primer vistazo, “busca acelerar los tiempos del procedimiento minero”.
En tanto, del lado de Jorge Difonso, exintendente de San Carlos, y quien ha sido un férreo defensor de la vigencia de la ley 7722, fustigó al Gobierno Provincial al sostener que “evidentemente lo están haciendo desde Canadá, o sea, desde Canadá es Cornejo quien está entregando nuestra cordillera y la verdad que lo están redactando los inversores para beneficiar a pocos inversores”.
Difonso ofreció, de hecho, una conferencia de prensa en la Legislatura junto a su par Rolando Scanio -también exintendente sancarlino, en la cual añadió que “desde el exterior están haciendo una ley para Mendoza”, añadió el legislador provincial.
“Hay algunas circunstancias que nos preocupan, como la eliminación de algunos organismos colegiados otorgantes de derechos mineros, como el Consejo de Minería que lo integraban dos geólogos, un abogado y un representante del sector. Hoy quedaría solo en manos del director de minería.
Y añadió: “Los mendocinos se han expresado claramente que no quieren minería contaminante, quieren defender el agua y entendemos que éste es un nuevo intento por modificar la ley 7722. En este caso van por otro camino, por leyes satélites que van a avanzar sobre los controles de los ciudadanos, sobre los derechos naturales y sobre el agua”.
Desde ya, adelantaron que habrá “libertad de acción” en La Unión Mendocina, teniendo en cuenta la diferencia de posturas que hay entre sus propios legisladores.
Por otro lado, desde el Partido Verde, el diputado Emanuel Fugazzotto, indicó que, como el resto de los legisladores, está estudiando el Código Minero, pero señaló que “hay algunas cuestiones que creemos que pueden ser mejoradas en lo que vamos a estudiar”.
No obstante, particularmente planteó su incertidumbre respecto a los permisos mineros. “Entendemos que lo que plantean con lo de las declaraciones de impacto ambiental, de hacer una sola para todo Malargue y que entren 200 permisos mineros, ahí no sería correcto”, marcó.
“Vamos a elevar la posición desde el Partido Verde porque creemos que cada proyecto tiene sus particularidades y que lógicamente no se puede plantear en abstracto las 250 o 200 DIA que quieren plantear. Nosotros vamos a ir por esa posición, que es continuar con el estudio y posterior a eso, fijar alguna postura con relación al proyecto en sí”.
Por otro lado, Eduardo Sosa, exjefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente durante la gestión de Cornejo y expresidente de la red ambiental Oikos, criticó este proyecto al manifestar que “quita” transparencia a todo el proceso de concesión de permisos al “borrar el Consejo de Minería, que le daba transparencia al proceso de asignación de los cateos, autorizaciones y resoluciones de disputas; y se lo otorga al director de minería”.
También sostuvo que el Código de Procedimientos Mineros “tuvo una modificación en 2001″ con la ley 6913, pero que nunca se puso en vigencia porque “le quitaba el control al Poder Ejecutivo en el poder concedente de los permisos, mientras que este nuevo código, como se ha dicho, va en sentido contrario”.
Defensa oficialista
Quien dio mayores detalles sobre este proyecto fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien aseguró en primer lugar que “está descartada por ahora una reforma de la 7722, como dicen los propulsores del ambientalismo malintencionado″.
En diálogo con radio Jornada, en primer lugar defendió toda la reforma del Código, sobre el cual sostuvo que se trata de aggiornarlo a los tiempos que corren (el vigente rige desde 1945) y vincularlo con la “transparencia y diversidad del medio ambiente”.
A su vez, expresó que todos estos futuros proyectos que puedan surgir por la eventual reforma de la ley “no se verán en este mandato” y que se trata de un trabajo a largo plazo.
Respecto a las áreas con permisos mineros, dijo que la idea es “habilitar por zonas. Vamos a empezar con zonas que están lejos de los ríos, fuera de cualquier cuestión ambiental. Toda esa zona ya va a tener la Declaración de Impacto Ambiental. Y si aparece un proyecto minero o varios más, no van a tener que pasar uno por uno por la Legislatura”, para la exploración, expresó.
“Queremos dar el puntapié inicial. La idea es empezar a ejecutar y que la gente empiece a ver que se puede hacer minería sustentable, dentro de los controles ambientales; y que vamos a permitir todo lo que esté dentro de la ley”, marcó.
