El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley con el objetivo de desmantelar a las barrabravas y los negocios ilícitos asociados a ellas. La propuesta, que actualmente se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, tiene como propósito declararlas como organizaciones criminales, imponiendo penas más severas tanto a sus miembros como a los dirigentes que las respalden.
Esto permitiría considerar sus acciones como delitos de asociación ilícita, imponiendo penas de entre dos y cuatro años de prisión a aquellos que transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras conductas ilícitas.
Los dirigentes de los clubes también serán objeto de escrutinio: aquellos que entreguen entradas a las barras o que tengan complicidad con ellas podrían enfrentarse a sanciones de hasta seis años de prisión.
Además, la propuesta también apunta a erradicar los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de los estacionamientos por parte de los “trapitos” en las cercanías de los estadios, una práctica que será penalizada. El enfoque global de la ley busca cortar las fuentes de financiamiento que mantienen a estas organizaciones, que se benefician a través de amenazas y extorsión.
Otra de las medidas propuestas es el fortalecimiento del régimen de inhabilitación administrativa: las autoridades tendrán la capacidad de prohibir el acceso a los estadios a personas acusadas de delitos, incluso antes de que exista una sentencia definitiva.
Un ejemplo de esta medida se dio con Rafael Di Zeo y “Skeletor” Maciel, dos líderes de “La 12″, la barra brava de Boca Juniors, quienes fueron acusados de posesión ilegal de armas y se les impuso una restricción de acceso a los estadios de forma indefinida. En caso de ser condenados, además de cumplir la pena correspondiente, se les prohibirá el acceso a eventos deportivos de manera permanente.
El proyecto también establece la responsabilidad de los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso a personas que tengan impedimentos legales. El objetivo de esta medida es cerrar cualquier posible brecha que permita a los barrabravas actuar con impunidad dentro de los estadios.
“Las barras usan el ir a la cancha a ver un partido de fútbol como medio o excusa para poder delinquir, utilizando la amenaza y la extorsión. La barra brava es un negocio y una organización criminal como cualquier otra. Hay que dejar al descubierto que no les interesa el deporte ni el fútbol, sino el beneficio que pueden sacar a través de eso”, señalaron fuentes vinculadas al proyecto.
La noticia surge dos meses después de que un audio, supuestamente de Rafael Di Zeo, líder histórico de la barra brava de Boca Juniors, generara polémica debido a las amenazas directas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En la grabación, Di Zeo declara estar dispuesto a iniciar una “guerra” en respuesta a la implementación del programa “Tribunas Seguras”, diseñado para regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol mediante el uso del derecho de admisión.