La Provincia transita un momento complejo en términos macroeconómicos, con una baja sensible en la recaudación local, así como también en la recepción de recursos nacionales. En paralelo, se pone en relieve la morosidad en el pago de los tributos locales, en la cual el Gobierno Provincial pretende que no suba en sus niveles, pese a que la crisis podría afectar seriamente el pago de los mismos, sobre todo en los impuestos patrimoniales.
En total, Mendoza tiene un total de deudas por cobrar por $33.682 millones -sólo capital sin intereses-, tanto lo que corresponde por Ingresos Brutos (IIBB); impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario); y Sellos, según datos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con corte al mes de septiembre del 2023. Aquí se agrupan todas las deudas impagas de pequeños y de grandes contribuyentes; así como también de altos y bajos montos.
Para el Gobierno Provincial la morosidad hoy en día “no es un grave problema” y asegura que los porcentajes son similares a los que se tenían antes de la pandemia del coronavirus (donde se incrementó la mora).
Si bien este número corresponde a lo que hoy representaría la mitad del pago de una nómina salarial de la Administración Pública de Mendoza, en el Gobierno ponen en relieve que esta deuda es la “acumulada en toda la historia; y que “no llega al 10% de la recaudación total que Mendoza tuvo en 2023″, que fue de unos $343.000 millones.
“Por ahora no tenemos un problema de mora”, señaló el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, ante la consulta de Los Andes.
Entre los motivos por los que realiza esta afirmación es que el 71,5% de la deuda de los contribuyentes, que son unos $24.100 millones, todavía está en una etapa “administrativa”. Es decir, que aún la situación no es grave porque no ha pasado mucho tiempo con deudas impagas; y que la gran mayoría de ese universo se trata de “contribuyentes con voluntad de pago” que por diversos motivos no han abonado, pero que suelen hacerlo -un 70% promedio de ese total- una vez que llega la notificación de apremio.
Por otro lado, el 29,5% restante del total de la deuda, que son unos $9.583 millones, ya están en etapa “judicial”, por lo que el Estado agotó las instancias para intentar recibir el pago, y al no tener éxito se dio vía a la Justicia a través de los jueces tributarios, a través de los cuales comienzan a correr intereses punitorios con tasa real positiva, en la que “no conviene deberle al Estado porque es más caro regularizar, que estar al día”.
Para Fayad, la situación es “manejable” e indica que, en la provincia, si bien hay un porcentaje de contribuyentes “sin voluntad de pago”, la gran cantidad de contribuyentes “tiene la voluntad” de hacerlo pero por motivos económicos, entre otros, no lo ha hecho.
“Sobre ellos hacemos la diferencia. Quien no quiere pagar porque no tiene voluntad, le sale más caro salir de la mora por los fuertes intereses punitorios que tenemos. Preferimos acompañar, centrarnos y ofrecer facilidades a quienes tienen voluntad de pago y que por algún motivo no pudieron hacerlo”, diferenció.
Sobre el total del stock de la deuda, el ministro sostuvo que “todo el monto es exigible” salvo que la deuda esté perimida por fallecimiento o falta de bienes, pero no dio algún porcentaje de lo que se pueda “recuperar” este año, si es que efectivamente ocurre
En este sentido, agregó que actualmente, el porcentaje de morosidad “se pudo bajar a niveles prepandemia”, pero a costa de una baja de alícuotas; disminución en recaudación en términos reales, ya sea por actualización por inflación subestimada; o por los “topeos” en los impuestos patrimoniales.
La mora total de Mendoza
Del total de deuda histórica de los contribuyentes de la provincia, la que más peso tiene en montos es la de Ingresos Brutos, que si bien es el impuesto que menos porcentaje de mora tiene, sobre todo por el tipo de percepción que se le hace al comerciante, es el que más volumen de recursos representa respecto al resto de los tributos de Mendoza.
En este caso, son en total $15.786 millones de acreencias (un 5,6% de todo lo recaudado en este impuesto en 2023), de los cuales $9.001 millones de deuda está en estado administrativo, mientras que $6.785 millones ya está en etapa judicial.
Sobre este punto, Fayad indicó que una de las razones por las que Mendoza “no tiene problemas de mora” es porque, en IIBB “el tipo de recaudación es más eficaz por el sistema de percepción”, por ejemplo, el Sircreb en ventas a través de un banco.
No obstante, aclaró que “la mora verdadera es la que no vemos, que es a través de la informalidad”, y agregó que aquel que no tiene voluntad de pago, no envía las declaraciones juradas y se expone a tener problemas legales.
En tanto, el “grueso” en porcentajes de mora pero no en montos son los impuestos patrimoniales.
Por ejemplo, en el Automotor, son $11.073 millones de deuda, que se dividen en $9.118 millones en gestión administrativa y $1.955 millones en gestión judicial. No obstante, comparándolo con lo recaudado en 2023 en este impuesto, el porcentaje es del 55%.
Por otro lado, el Inmobiliario acumula acreencias por $5.608 millones (un 59,4% de su recaudación en 2023), que se dividen en $4.804 millones en gestión administrativa y $804 millones en judicial.
En tanto, Sellos tiene $1.210 millones en deudas, con $1.174 en gestión administrativa y $36 millones en judicial.
Recupero
Sobre los impuestos patrimoniales, el ministro expresó que “tarde o temprano se recaudan” y puso como ejemplo que, de los boletos emitidos hace 6 años, en 2018, “sólo queda un 10% por pagar”, a raíz de procesos de notificaciones, inhibiciones y hasta embargos.
En datos concretos, marcó por ejemplo que los boletos patrimoniales emitidos en 2019 tuvieron un pago ese año de un 59%. En 2020, se sumó un 11% más a la regularización de ese boleto del 2019; y en 2021 un 7% más, lo que significó un 23% de mora pasados dos años; mientras que la misma mora cayó al 17% en 2022.
“Esa dinámica se va achicando de a poco. Lo cierto es que los que no van a pagar nunca y quedan en gestión judicial siempre son menos del 20%; y en muchos casos llegan al 90% del pago”, agregó.
Fayad sostuvo que tienen dos objetivos principales en el tema impuestos provinciales. El primero, que el que paga “tenga más ventaja que el que no paga”.
Y advirtió: “No da igual para esta administración que sea lo mismo estar al día que no hacerlo y esperar alguna moratoria. No vamos a hacer ninguna moratoria”.
En tanto, el otro objetivo es que “ningún contribuyente cumplidor se transforme en moroso, porque después es difícil salir de esa situación”.
El problema de la mora
Los Andes dialogó con el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Julián Sadofchi, quien mencionó que lo fundamental en el tema del stock de la deuda es “el seguimiento, control y gestión de cobranza”.
El profesional señaló que distintas provincias del país y municipios de Mendoza “tienen un stock de deuda que oscila entre 1 y 4 veces la recaudación periódica” y que en el caso de Mendoza “no escapa a estos valores. La recaudación en enero 2024 asciende a $54.000 millones y en el último trimestre de 2023 promedió $40.000 millones”.
Sobre la deuda, Sadofchi consideró que el proceso de cobranza “debe considerar fundamentos económicos, sociales y políticos, en un marco macro desfavorable, apuntando a un equilibrio que sostenga las finanzas estatales y no permita crecer indiscriminadamente el stock de deuda, y a la vez sin constituirse en un instrumento de ahogo financiero sobre los contribuyentes”.
Por otro lado, Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (Cefim) y asesor del PJ, señaló que la mora en impuestos patrimoniales “es alta” y que en IIBB es baja “por la forma de percepción”, pero lo que complica la situación es que “si no tenés ingresos, no pagás impuestos. Eso es lo que está pasando con la situación económica complicada que transitamos”.
Además, manifestó que el panorama “es malo porque la caída de los recursos es inevitable y se podría profundizar la morosidad porque no se sabe cuánto durará esta fuerte recesión”.
“¿Quizás es momento de alguna moratoria?”, se preguntó el contador, quien marcó que “lo que debería hacerse cuando ves que la gente no paga porque no puede, es una moratoria; con aplazamientos o condonaciones de algunas deudas para recaudar fondos. Sería una forma de recaudar ante la caída de recursos”, manifestó.
