El traspaso del control de Impsa a la empresa estadounidense Arc Energy sigue generando incertidumbre. Oficialmente la adjudicación debería resolverse entre fines de este mes y comienzos de diciembre, pero una fuente que sigue de cerca la negociación aseguró a Los Andes que el privado hizo un pedido de prórroga de un mes más para negociar con acreedores, con lo que la incógnita podría estirarse hasta comienzos de enero al menos. Ni el Gobierno nacional ni las autoridades provinciales informaron oficialmente sobre el estado de las conversaciones.
Mendoza todavía posee el 21,2% de las acciones de la emblemática empresa metalmecánica, pero no interviene para nada en el trato para privatizarla. El oficialismo provincial impuso en setiembre la sanción de una ley para autorizar el traspaso de ese caudal accionario. Ese mismo mes, aceptó que un abogado que responde a la Nación, Luciano Masnú, asumiera como representante de las acciones de la Provincia en la empresa, en lugar del empresario local Julio Totero, quien había renunciado al cargo tiempo antes. Hoy, Masnú tiene la manija de la empresa y con él se discuten casi todo lo que tiene que ver con el manejo de la compañía.
La intervención del gobierno de Alfredo Cornejo en el tema Impsa cesó cuando cedió el control de las acciones y la situación se mantiene así hasta hoy. El ministro de Gobierno Natalio Mema confirmó que la asunción de Masnú (quien figura en el organigrama como vicepresidente de Impsa) fue un pedido del Gobierno nacional al quela Provincia accedió. “Ellos lo pidieron para que trabaje con Chaer”, explicó Mema, en referencia a Diego Chaher, un mendocino que ocupa el cargo de secretario de Empresas y Sociedades del Estado en el gobierno de Javier Milei.
Chaer y el secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, Juan Pazo, estuvieron en Mendoza en setiembre y recibieron el aval público del gobernador Cornejo para avanzar en la privatización, que por todos fue señalada como la única posibilidad para salvar a la empresa de la quiebra.
Por entonces había indicios de que la licitación tendría más de un oferente, pero no fue así: sólo Arc Energy se presentó en noviembre. Ofreció capitalizar a Impsa con 27 millones de dólares y, desde entonces, según indicaron fuentes consultadas, la firma está abocada principalmente a buscarle una solución al problema del pasivo de la empresa, que es cercano a los 600 millones de dólares.
Hacia el interior de Impsa, que tiene más de 700 empleados y existe en Mendoza desde 1907, el clima es de expectativa. Según contaron allegados a la empresa, los inversores extranjeros visitaron la semana pasada las instalaciones del carril Rodríguez Peña. “Estuvieron con el staff gerencial y plantearon el plan de negocios de la compañía, que está relacionado con las grúas, el tema hidroeléctrico y nuclear. Hay ambiente favorable dentro de la empresa, la gente está tranquila y bajó la desesperación”, narró una fuente.
Sin embargo, en contraste, “la situación coyuntural es crítica porque no hay un peso en la empresa”, dijo la fuente. Un contrato con YPF facilitó el pago de la última quincena, pero la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) espera mantener la semana que viene reuniones con Masnú para aclarar cómo cumplirá esta gestión mayoritariamente estatal con los compromisos salariales de fin de año y algunas deudas (Ver aparte) que existen con el personal.
EN ROJO
En el gobierno de Cornejo insisten en que “no están al tanto” de un pedido de prórroga para el traspaso de Impsa y también desconocieron la situación interna con los empleados porque “no tenemos injerencia”.
La Nación tampoco brinda información sobre las gestiones para el traspaso. Algunas fuentes consideran que Arc Energy ha pedido más tiempo para presionar a los acreedores mientras solicita que el Gobierno nacional ayude con la renegociación de deudas y contratos. “Falta muñeca, la Nación quiere que todo lo resuelvan las fuerzas del cielo y no va a ser así”, fue la crítica de una fuente que está siguiendo de cerca de las negociaciones.
Los contratos vigentes también preocupan al oferente. La empresa los tiene con YPF, el Ejército y la comisión de Energía Atómica y el privado habría pedido que se renegocien para no perder plata.
Los datos oficiales desnudan el nivel de aprieto financiero. Tal como publicó este diario, el balance más reciente que se presentó ante la Comisión Nacional de Valores arrojó un resultado negativo de 56.000 millones de pesos para los primeros 9 meses de 2025.
En este contexto, por lo menos dos obras que le darían oxígeno quedaron en veremos. Una tenía que ver con la repotenciación de una represa de Córdoba. La firma la tenía preadjudicada y eso le aportaría unos 110 millones de dólares.
También en algún momento se le ponían fichas en Impsa a la construcción del dique El Baqueano, en San Rafael, que no está en la agenda inmediata del Gobierno provincial. La parte mecánica estará a su cargo y la empresa podía recibir por esa obra 80 millones de dólares, pero para avanzar hace falta negociar una tarifa especial con Cammessa por la energía. Eso todavía no ocurre.
Los casi 200 millones de dólares de estas dos obras hubieran permitido negociar mejor con los acreedores y entregar la empresa “debidamente en marcha”, dicen algunos observadores. Pero como eso no ocurrió, ahora todo es deuda y urgencias.
LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS
Impsa tiene 250 empleados sindicalizados, con sueldos que parten de los 800.000 pesos. El resto de los profesionales está fuera de convenio.
Todo el personal hasta aquí cobró sus quincenas en tiempo, pero existen algunas deudas y preocupaciones. El titular en Mendoza de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Luis Márquez, dijo a Los Andes que espera tener una reunión la semana que viene con Luciano Masnú para confirmar acuerdos salariales que ya se han adelantado en lo verbal.
“Se ha generado una deuda desde abril a noviembre que ha sido reclamada ante la Subsecretaría de Trabajo”, indicó Márquez. La deuda en cuestión corresponde básicamente a retroactivos no liquidados y asciende, en promedio, a 900.000 pesos por trabajador, según precisó el líder gremial.
Márquez indicó que la pretensión de la UOM es que se cancele esta deuda “antes de que llegue la empresa que se hará cargo de Impsa” y sostuvo que el abogado que lidera Impsa (Masnú) ha tenido diálogo con el personal.
El gremialista también se mostró preocupado por un posible achique de la empresa a partir del arribo de los nuevos dueños, con quienes buscarán dialogar. “Si llegan y achican vemos difícil que siga siendo una empresa líder. El objetivo del gremio es que dejen a todo el personal, es la forma de empezar un camino nuevo”, afirmó.
También aclaró que en Impsa “nunca hubo un paro” y que si existieron momentos de inactividad fue por “falta de insumos” para producir.
