No deja de sorprender cómo la empresa Impsa ha conseguido a lo largo de su historia reciente convertir logros y prestigio legítimamente conseguidos en sucesivos beneficios del Estado y privilegios que le concedió la política de todos los colores.
Cuando en 2021 Impsa fue capitalizada con 20 millones de dólares para que subsistiera, confluyeron en la medida dos polos enfrentados: el kirchnerismo y la UCR. Los peronistas y en particular el massismo sostienen hasta hoy que el comando o al menos la participación estatal debería continuar. Los radicales, en cambio, defienden aquella intervención con dinero del Estado como una acción necesaria, pero que desde el comienzo era concebida como temporal, solo para evitar la quiebra.
Dicen también en la UCR que la privatización estuvo siempre en los planes, más allá de que se está ejecutando de manera diferente. La “diferencia” de la que hablan es entre un proceso normal de colocación de acciones de la empresa en la bolsa y esta apurada entrega de la compañía a un privado, el único interesado en “comprarla”, que es lo que está ocurriendo.
La operación ha adquirido el carácter de una maniobra desesperada: si no hay acuerdo con ARC Energy en breve, Impsa, finalmente, quebrará. Un pasivo cercano a los 600 millones de dólares, que se acumuló principalmente por malas decisiones o problemas empresarios, es la gran amenaza.
Milei aspira a que se privatice, pero es un Presidente “raro” y hay dudas respecto de si habrá intervención real para conseguir este resultado.
Cornejo, cuando se le vino encima esa especie de huracán privatizador, y ante la evidencia de los aprietos empresarios, se limitó a cumplir con los pasos legales necesarios para deshacer a la Provincia de la mochila de las acciones de Impsa que había tomado Suárez en 2021. Y nada más.
En este contexto, hasta hoy, en Mendoza, poco se sabe de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el proponente privado, que estarían cerca del desenlace. Sencillamente, en la Provincia no se hacen cargo de lo que vaya a suceder.
Lo cierto es que, a pesar de esto, ninguno de los actores políticos puede desentenderse. Por mencionar uno hasta aquí no señalado: Impsa tenía a cargo la modernización de los tanques medianos del Ejército Argentino que tanto ha promocionado el propio ministro mileista de Defensa, Luis Petri.
En medio de una burbuja de silencios, en ocasiones condimentada con rumores que nunca se convirtieron en realidades (por ejemplo, el anuncio de que había muchos interesados en adquirir Impsa), la preocupación de varios es que se esté cocinando ahora mismo en Buenos Aires otro arreglo con el Estado para la subsistencia de la empresa mendocina.
Cualquier maniobra del Estado a favor de la firma puede contradecir el dogma libertario. Pero tal vez no quede otro camino, aunque eso sea una ofensa para los empresarios comunes, a quienes nunca les tiran un salvavidas.
