El proyecto del Gobierno para adquirir acciones de Impsa obtuvo esta semana el visto bueno de la Cámara de Diputados. Tras el acuerdo entre el oficialismo y el peronismo para que avance la iniciativa, se espera que el martes el Senado la convierta en ley. Mientras, el Ejecutivo planea el desembarco y desde la empresa se entusiasman con el impulso que la inyección de fondos estatales le dará a proyectos frenados.
En Casa de Gobierno consideran que no es una buena noticia que el Estado se tenga que hacer cargo de una empresa, pero entienden que es necesario atender una urgencia, ya que la consecuencia sería mucho peor en caso de no intervenir.
El objetivo del gobernador Rofolfo Suarez y su equipo es que con este proceso de capitalización se puedan conservar preservar las 720 fuentes de empleo directo que tiene Impsa y al mismo tiempo lograr resguardar a las casi 100 Pymes que trabajan en proyectos vinculados a la compañía.
“Mendoza no puede mirar hacia otro lado y dejar una nave insignia como Impsa a la deriva”, manifestó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, durante su visita a la Legislatura el último lunes.
Al explicar la propuesta a los legisladores, el funcionario hizo hincapié en que el aporte del Estado -nacional y provincial- no solo viene por el lado de los fondos sino del impulso de proyectos estratégicos “para que la compañía vuelva a ser sustentable”. Y puso como ejemplo el plan nuclear y el desarrollo de generadores y turbinas de Yacyretá.
Resaltó también que la Nación puede otorgar los avales de deuda para que la compañía pueda volver a competir en licitaciones internacionales.
En tanto, agregó que “contar con participación en el directorio y la sindicatura nos dará facultades de decisión y control sobre del desempeño de la empresa. Queremos una cláusula ‘antiñoqui’, no podemos permitir que se convierta en una bolsa de trabajo político o militante. Defender su rigor técnico y profesional es nuestro compromiso”.
Los planes de la empresa
Desde Impsa indicaron a Los Andes que la capitalización de la empresa “permitirá recomponer su capital de trabajo, consolidar su operación en Argentina, volver a competir en los mercados que lideró durante décadas exportando a Asia, Europa, África y las Américas, y generar las divisas que la economía argentina necesita”.
La compañía tiene en carpeta una serie de proyectos para comenzar a desarrollar este año tanto en Argentina como en otras latitudes. A nivel local planea el reemplazo de 14 turbinas y la rehabilitación de 14 generadores de Yacyretá; el equipamiento para la central Chihuido (Neuquén), para una cuarta central nuclear, para la industria de gas y petróleo, y para la represa Salto Grande (Corrientes); y también nuevos parques eólicos y solares.
A nivel internacional participa en licitaciones de grúas para Estados Unidos y centrales hidroeléctricas en Brasil, Malasia, India y Paquistán. Y además, la compañía firmó también un acuerdo para el desarrollo de nuevos productos de inteligencia artificial con la empresa india Algo8.
Asimismo, desde la compañía destacan que su contribución mediante impuestos, tasas y aportes a la seguridad social alcanzaría los 30 millones de dólares, “de los cuales la provincia de Mendoza recibiría en forma directa un aproximado de 3 millones de dólares por año” y subrayan que en la actualidad solamente son 500 mil dólares anuales.
Los alcances de la ley
El proyecto que se espera apruebe el Senado la próxima semana habilita al Ejecutivo local a destinar 5 millones de dólares para la compra de 25% de las acciones Clase C de Impsa. El restante 75% lo adquirirá el Estado nacional por 15 millones de dólares.
No obstante, la Provincia no pondrá fondos propios, ya que solicitó a la Nación el dinero para cubrir la operación que rondaría los $ 500 millones. Desde Buenos Aires ya comprometieron el envío de $ 200 millones que alcanzan para cubrir la primera parte de la operación y prometieron para más adelante la llegada del resto. De todas maneras, en caso de una demora el gobierno mendocino podría cubrir la inversión con fondos de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa).
Respecto de la partida presupuestaria que destinaría la Provincia para la operación, la iniciativa plantea que el Ejecutivo local “podrá disponer de mayor recaudación debidamente fundada, reestructuración de partidas existentes y/o remanentes de ejercicios anteriores que efectivamente se produzcan; y todo otro ajuste que resulte necesario para integrar las acciones que por el artículo primero se autorizan a suscribir”. Este punto fue el que se discutió hasta último momento con la oposición, ya que el peronismo hizo algunas observaciones al texto.
Los cambios en la empresa
En caso de aprobarse la Ley, el 63,7% de las acciones quedarían en manos del Estado Nacional, 21,2% de la Provincia, un 9,8% lo tendrían los acreedores y el 5,3% restante permanecería en poder de la familia Pescarmona.
Esto implicará un cambio en la composición del directorio de la firma. Actualmente existen tres directores: uno por la familia Pescarmona, uno por los acreedores privados y uno por el Banco Nación, que es uno de los acreedores más importantes que tenía la compañía tras la última reestructuración de deuda.
Con la nueva capitalización se van a incorporar cuatro nuevos directores. Tres de ellos representarán al Gobierno nacional y uno al Gobierno de Mendoza. Y además, se sumarían tres síndicos, siendo uno de estos proveniente del Estado provincial.
Pero además, Mendoza solicitó que se incorporen una serie de cláusulas en el estatuto de la compañía. Una de ellas establece que la empresa no puede mudarse de la provincia sin la aprobación del Gobierno local. Otra estipula que no se pueda contratar a familiares de directivos u otros empleados y estipula que debe ser personal calificado.
El debate en el Senado
Tras el contundente respaldo obtenido en Diputados, se espera que el proyecto tenga un rápido paso por el Senado y posiblemente se termine convirtiendo en ley el martes.
Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos-PJJ para que avance la iniciativa, los dos tercios de la Cámara Alta podrían habilitar el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión y aprobar la capitalización de Impsa.
