Trascurre una semana importante para el futuro de la empresa metalmecánica Impsa, que desde mediados del año pasado está sujeta a un proceso de privatización plagado de suspenso y de cuyo éxito depende su continuidad.
El proceso a cargo del Gobierno nacional podría arrojar “novedades” este martes, según aportó una importante fuente. Sin embargo, la misma fuente aclaró que la operación “hasta marzo no se cerrará, si todo sale bien”.
Otra figura que ha estado muy cerca de las negociaciones confirmó que la privatización de Impsa “se tiene que resolver esta semana” y sostuvo que el final sigue siendo impredecible: “Espero que se pueda”. Hay dudas sobre la fecha en la que se cancelará la deuda de aguinaldos y los incrementos paritarios mientras continúan las medidas de fuerza.
La suerte de Impsa permanece sujeta a que no fracasen las conversaciones con la firma estadounidense Arc Energy, la cual viene mostrando su interés en adquirir la firma creada por la familia Pescarmona desde julio pasado.
Primero esta empresa estadounidense firmó una carta de intención con los gobiernos nacional y provincial y luego, ya en el proceso licitatorio, presentó a fines de octubre la única oferta para adquirir Impsa.
Arc Energy no ofreció dinero al Estado por la empresa, sino que su propuesta es capitalizarla con un aporte de 27 millones de dólares, con el objetivo de reposicionarla a nivel internacional.
A mediados de diciembre, el Estado nacional pidió una mejora de la oferta privada, cuyo punto más importante es la reestructuración de la millonaria deuda de Impsa: alrededor de 570 millones de dólares. Ante esto, el oferente presentó su última oferta y ahora resta saber si el Gobierno nacional la aceptará o no. Este martes saldría el dictamen sobre la evaluación de la oferta.
La propuesta privada incluye también planteos respecto de la continuidad de contratos con el Estado nacional y acerca del régimen impositivo de Impsa. Aunque los gobiernos nacional y provincial han sido optimistas sobre el resultado del proceso con Arc Energy, las negociaciones se están dilatando más de lo esperado.
Pero el Gobierno provincial mantiene distancia de las negociaciones. Por un lado, no es el socio mayoritario. La Nación lo es, ya que tiene el 63,7% de las acciones. Por otra parte, si bien la Provincia conserva el 21,2% de las acciones de Impsa, ya se aprobó hace tiempo, con impulso del Poder Ejecutivo, una ley que aprueba la “transferencia” de las acciones a un privado.
Cornejo apoya y confía en una privatización exitosa. En cambio, en 2021, el Gobierno provincial acompañó la capitalización por parte del Estado. Aquella vez la Nación puso 20 millones de dólares (5 millones en nombre de la Provincia) para que la famosa empresa siderúrgica sobreviviera.
Dudas y medidas de fuerza
Todos aseguran que no hay plan B para Impsa si esta negociación fracasa. En el medio, crece la angustia entre la planta de personal de la firma ubicada en el carril Rodríguez Peña, que tiene más de 700 empleados.
Ya hubo reclamos por retrasos en los pagos y hay algunos referentes gremiales preocupados por la continuidad de los empleados, incluso si la privatización fuera exitosa. Quien enfrenta estos los reclamos es el abogado Luciano Masnú, vicepresidente de la firma y representante de las acciones que Mendoza conserva en Impsa.
Masnú, en realidad, fue colocado en este puesto por un mendocino que trabaja para Milei: Diego Chaher, titular de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Chaher es quien está encima de la venta de Impsa, en Mendoza lo marcan como el funcionario más importante para este proceso.
El letrado que integra el directorio mantuvo ayer una reunión con referentes gremiales porque se adeuda el 30% del aguinaldo y parte de la paritaria (los incrementos sobre el valor de la hora en marzo), algo que se acordó semanas atrás en la Subsecretaría de Trabajo.
Los empleados sostienen, desde principio de año, una modalidad de reclamo es la implementada en 2024: débito de trabajo que consiste en ir al lugar de trabajo, registrar el ingreso, pero no desarrollar tareas. “Mañana se les vencería el plazo para pagar la segunda quincena de diciembre. Con esa segunda quincena, también nos iban a pagar el 30% que nos debían. Eso mañana no se va a hacer efectivo, sino en el transcurso de la semana”, indicaron fuentes gremiales a Los Andes.
“La deuda de paritaria, es una deuda que arrastran desde marzo, que fue el último ajuste que tuvimos en la hora. Después, nos siguieron pagando hasta noviembre con la hora de marzo. Todos esos meses han tenido aumento y más o menos es un salario mensual. Y estamos pidiendo que nos lo paguen”, aportó una fuente ligada a la Unión de Obreros Metalúricos (UOM).
Los problemas salariales vienen desde hace aproximadamente un mes, cuando a principios de diciembre se retrasó el pago de los sueldos y los empleados se manifestaron en el ingreso de la planta ubicada en el carril Rodríguez Peña. Todo terminó en la Subsecretaría de Trabajo pero aun no se cancelan los pagos que se acarrean desde hace meses.
