Al menos cuatro denuncias fueron presentadas entre ayer y hoy en los tribunales federales de Comodoro Py contra el dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, luego de que se atribuyera públicamente haber incentivado los intentos de robos a supermercados y comercios ocurridos en distintos puntos del país.
La primera denuncia recayó por sorteo ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien ayer delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano: a esa se le acumuló otra presentada por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, según informaron fuentes judiciales, mientras que hoy fueron sorteadas otras dos denuncias.
Una de las denuncias la hizo la diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y cayó por sorteo den el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello; mientras que la otra la hizo la abogada Elizabeth Márquez y le tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Fuentes judiciales adelantaron que se espera que en las próximas horas todas las denuncias se acumulen a la que ya se tramita en manos de la fiscal Mangano, quien ayer dispuso las primeras medidas de prueba.
Se trata de la denuncia en la que el espacio político Republicanos Unidos acusó a Castells de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.
La investigación judicial que se abrió en Comodoro Py centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Castells en los medios de comunicación pública.
Con ese objetivo, la fiscal Magnano requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, lleve adelante un relevamiento de los episodios -robos e intentos de robo- ocurridos en distintos puntos del país durante la jornada del martes.
El relevamiento deberá incluir la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante, informaron fuentes judiciales.
La fiscal también requirió que se realice un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país, según pudo saber esta agencia.
Además requirió que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación realice un informe relativo al funcionamiento del Renacom, el registro de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.
La presentación judicial que dio origen al expediente lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza.
Las declaraciones televisivas de Castells también le valieron reproches de dirigentes políticos y que se abrieran causas en otras jurisdicciones, como en Mendoza.
“El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida”, afirmó el martes pasado por la noche Castells en una entrevista con la señal televisiva Crónica TV.
Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: “Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses”. Aseguró además que “avisaron” a los funcionarios nacionales sobre esta situación y les advirtieron que “no tiren de la soga”.
Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que abrió una causa de oficio con el fin de investigar “la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblado y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo”.
“La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta”, indicaron desde la cartera a través de un comunicado.
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