Organismos de derechos humanos recusaron a los magistrados Marina Isuani, Alejandra Orbelli y el presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay. La causa es una de las que divide aguas en la Justicia: si Teresa Day cumple los requisitos constitucionales para ser parte del Máximo tribunal. Los tres serán parte del fallo plenario que definirá ese conflicto entre el radicalismo y el peronismo.
Ayer la Corte emitió una resolución, respondiendo a esos planteos. Firmaron todos los miembros del Tribunal, excepto Day. Y todos rechazaron las recusaciones. Pero más aún, prácticamente fue un pedido que, traducido a lenguaje coloquial, podría quedar redactado como “basta con las chicanas jurídicas”.
Según trascendió en tribunales, la Corte “exortó a las autoridades públicas y a los interesados en el presente debate a que, en lo sucesivo, orienten sus actos según el principio de buena fe procesal, cuidando no afectar la dignidad de la Justicia y absteniéndose de usar dilatoriamente las reglas formales previstas para resguardar la competencia del tribunal y la debida imparcialidad de sus jueces”.
La causa juega muchas cosas, pero la principal es el número de supremos vinculados al radicalismo o al peronismo. Hasta la partida de Jorge Nanclares, el reparto estaba 3 a 3, con Nanclares pivoteando en el medio. Al renunciar el ex presidente de la Corte, Rodolfo Suárez postuló a Day, quien estrictamente no es radical, pero si desequilibra en otra pelea sorda en la Justicia penal, entre los “mano dura”, aliada al radicalismo, y los “sacapresos” vinculada a organismos de derechos humanos y al kirchnerismo. Day es parte del primer grupo.
Quienes se presentaron a recusar a los magistrados fueron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Mujeres Cotidianas, Asociación La Machi, la Asociación Ecuménica de Cuyo y la Biblioteca y Casa de la Memoria y la Cultura Popular.
Orbelli es camarista civil y reemplaza a la cuestionada Teresa Day en el plenario que resolverá la causa; Isuani fue recusada por las dudas, si es que era la reemplazante de Garay, quien supuestamente debería haberse excusado de participar.
Estas recusaciones no son las primeras que ocurren en este expediente. La Asesoría de Gobierno había recusado a los supremos Mario Adaro y Omar Palermo, ambos con vinculación con el PJ, mientras que las mismas organizaciones de derechos humanos también habían recusado previamente a Garay, José Valerio y Pedro Llorente, los tres del ala radical de la Corte.
El vicegobernador Mario Abed, también había recusado a los magistrados del ala peronista, y los senadores Lucas Ilardo (de Frente de Todos), Marcelo Romano (Protectora) y Daniel Galdeano (Partido Intransigente) habían planteado lo mismo contra Valerio.
Este festival de presentaciones ya había sido resuelto con anterioridad. Entonces llegó la nueva tanda, de los organismos de derechos humanos y la Corte, volvió a rechazar y de paso, elegantemente, pidió que se termine con el festival de escritos dilatorios.
