La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, confirmó este viernes que entre lunes y martes hará una “ampliación de denuncia” por presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, en la que aportará unos 105.000 audios que fueron hallados en archivos de la dependencia que conduce.
Estos audios, dijo Caamaño, pueden haber sido ordenados por distintos jueces a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema de Justicia, pero estaban en discos duros que le pertenecían a la AFI.
La interventora afirmó que durante la administración Macri “lo único que hubo fue espionaje ilegal” y no existió la “inteligencia estratégica”, que es lo que debería hacer la AFI. “A mí lo que me gustaría es dejar las bases asentadas de una inteligencia estratégica y que quien venga luego solo deba mejorar eso”, sostuvo.
“Hoy no hay espionaje ilegal de ningún tipo porque no seguimos a nadie y además eso siempre estuvo prohibido en la ley. Lo que el presidente (Alberto Fernández) cambió es que no somos más auxiliares de la Justicia. Esa es la decisión más sana que tomó el Presiente porque rompió la promiscuidad que había entre los servicios de inteligencia y la Justicia”, consideró.
El año pasado, indicó la funcionaria en declaraciones a la Radio El Destape, la AFI tuvo 72 alertas de terrorismo o financiamiento del terrorismo. “Algunas siguen siendo trabajadas. Inteligencia hacemos, pero conjuntamente con eso el mandato es revisar, ordenar, transparentar y llevar el Estado de Derecho a una agencia que siempre estuvo en los sótanos de la Democracia”, afirmó.
Caamaño recordó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le sacó las escuchas a la AFI y se las dio al Ministerio Público Fiscal, que en este momento estaba a cargo de la entonces Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Luego, a poco de asumir, Macri se las sacó a la Procuración y se las otorgó a la Corte Suprema de Justicia. “Hasta ahí todo bien”, evaluó Caamaño.
Pero señaló que luego la DAJuDeCO, que depende de la Corte Suprema, hizo un “punto a punto” con la AFI. Y así la agencia de inteligencia y sus espías podían contar con los audios grabados por la DaJuDeCo con un delay de apenas 24 horas.
Nueva denuncia
Caamaño agregó que no sabe si ese “punto a punto” se generó con aval de los jueces de la Corte Suprema. Pero lo que sí está confirmado es que hay “un registro de 105.000 audios”, por lo que la denuncia por presunto espionaje ilegal se va a ampliar en los próximos días.
“Estamos armando esa denuncia. Calculo que el lunes, martes, las presentaremos. Son escuchas autorizadas por la Justicia. Pero creo que son las escuchas del cableado del penal (de Ezeiza). Yo no las escuché, sé que están los registros de audio y los quiero poner a disposición de la Justicia. Ni siquiera me corresponde escucharlo”, dijo Caamaño.
La funcionaria añadió que es imposible saber hoy si hay ex espías de la agencia que estén haciendo inteligencia ilegal con equipos o herramientas que fueron sustraídas de la AFI, porque el organismo “no tenía absolutamente nada inventariado, ni siquiera los autos” con los que se movían sus empleados.
Recién su gestión al frente de la AFI hizo desde 2020 y terminó el año pasado el inventario de todos los bienes que le pertenecen actualmente a la agencia. “Ahora nadie se puede llevar una taza de café o un televisor a su casa porque es de la AFI”, sostuvo la interventora.
“Lo único que no figuraba como gasto reservado en la AFI eran los sueldos de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani. O sea que prácticamente el cien por ciento de los gastos de la agencia eran gastos reservados. Ellos voltearon la resolución que había firmado (Oscar) Parrili (en 2015) para que no hubiera más gastos reservados”, expresó.
En 2021, el 9% de los fondos fueron “reservados” y este año será el 8%, precisó la funcionaria.
En los últimos dos años “se fueron muchos agentes de la AFI” porque la mayoría estaba en “comisión”, dado que eran Policías de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, o de la Policía Bonaerense, cuyo responsable en ese momento era el actual diputado Cristian Ritondo en el gobierno de María Eugenia Vidal.
Incluso uno de los secretarios del ahora fallecido juez federal Claudio Bonadio estaba en comisión en la Agencia Federal de Inteligencia cuando la misma era conducida por Arribas y Majdalani.
Relación con Fernández y posible continuidad
Caamaño comentó que ella no tenía una relación de amistad ni cercanía con el Presidente Alberto Fernández cuando él la convocó para que se haga cargo de la intervención de la agencia. Se conocían de una reunión social y del ámbito académico.
“El Presidente me dijo que iba a hacer una intervención por el plazo de un año y yo le dije ‘no, por seis meses’, pensando que llegaba con mi equipo, ordenaba un poco, acomodábamos, poníamos ciertas bases y en seis meses me iba. Estaba recién jubilada”, dijo Caamaño.
La funcionaria -quien dijo vivir de su jubilación y no de un sueldo porque trabaja Ad Honorem en la AFI- aseguró que tras seis meses ella misma pidió extender el período de intervención que ya lleva dos años por “la cantidad de cosas que siguen apareciendo”.
“Más allá de todas las transformaciones y cambios que hicimos para transparentar, todavía nos falta. Espero que para junio la intervención pueda terminar realmente. Serán dos años y medio lo que yo pensaba que eran seis meses”, dijo Caamaño.
Caamaño precisó que Fernández ya envió su pliego al Senado para que ella continúe como jefa de la AFI tras la intervención, pero el mismo no fue tratado en la Cámara alta que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner.
