El secretario gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, sumó esta semana una nueva imputación por “daño simple en concurso real con amenazas coactivas” contra una funcionaria de la Dirección General de Escuelas (DGE), así como también con una trabajadora de Seguridad, que ya lo había denunciado por abuso sexual, y por el que ya fue imputado el sindicalista.
Los hechos por los que está imputado Correa transcurrieron el pasado 25 de noviembre a las 10.30, cuando se realizó una manifestación del SUTE en el ingreso a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, una dependencia de la DGE ubicada en el edificio de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), en la calle Patricias Mendocinas 1157 de Capital. Allí unos 50 dirigentes del SUTE se habían hecho presentes “exigiendo” ingresar al lugar para “entregar un petitorio” a la directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE, Mariana Caroglio.
Sin embargo, el problema se inició cuando forcejearon con una agente de Seguridad, ya que intentó impedir el ingreso al edificio de los gremialistas, debido a que en ese momento, la funcionaria de la DGE y ex senadora provincial, no se encontraba en ese momento, tal como se desprende del avoque judicial.
De esta manera, fue el miércoles cuando se sumó una imputación más contra Correa, por “daño simple en concurso real con amenazas coactivas” tanto contra la mujer de Seguridad, como también contra Caroglio. La misma fue formulada por el fiscal Correccional, Matías Guajardo, informaron desde el Poder Judicial.
Cabe destacar que, según informa el documento de la Justicia, Correa no fue el único imputado por esta contravención, sino que se suman además otras personas vinculadas al SUTE, como lo son César Maturano, Adrián Olguín, Alexis Orlando Palacios Mendez y Marcos Doña. Tanto a Correa, como Doña y también Palacios, se les suma la imputación que realizó el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Nora, por abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves dolosas.
Los Andes dialogó con Correa, quien se mantuvo en su posición inicial desde que fue acusado por la Justicia y niega todo de lo que se lo imputa. “Nosotros vamos a seguir en el mismo lugar. Estamos a disposición de la justicia, negamos de lo que se nos acusa y tengo una opinión formada sobre esta situación que claramente no la puedo decir públicamente”, comentó.
No obstante, acto seguido sostuvo que parte de su defensa está en el video que entregaron a la Justicia, “para que también puedan formar una opinión sobre las acusaciones”.
Por otro lado, todos los imputados están en libertad. Se les fijó una caución penal de $100.000 en esta causa; se les dictó una prohibición de acercamiento ante Caroglio y la agente de seguridad; y además deben cumplir otras condiciones, tales como mantener su domicilio real fijado; no ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización de la autoridad judicial; permanecer a disposición del órgano judicial y comparecer a todas las citaciones que se le formulen; y abstenerse de realizar cualquier acto “que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley”.
Nueva imputación
Según el documento, en el momento en el que los dirigentes del SUTE intentaban ingresar al lugar, los imputados junto al grupo “se abalanzaron sobre la puerta de ingreso del lugar, ocasionando en la hoja lateral del lado norte de la misma, una grieta en la zona del pestillo de seguridad, logrando entrar a UCIM, por la fuerza, mientras gritaban a viva voz” a la agente de seguridad.
Entre los gritos, siguiendo con la denuncia, mencionaron lo siguiente: “No te conviene, tomátelas, agarrá tus cosas, tomátelas porque esto se va a poner feo, correte, salí, andate”.
Acto seguido, manifestaron, tal como quedó expresado en el documento: “Vos callate y andate, de acá nadie nos saca. El edificio es de nosotros, de acá nadie nos saca, hasta que Caroglio no cambie las decisiones, no se haga cargo y venga, nosotros no nos vamos”.
Estas declaraciones “ocasionaron temor” tanto en la agente de seguridad, “como también en la Sra. Mariana Caroglio, una vez que tomó conocimiento de los mismos”, reza el expediente, en los “hechos calificados legalmente como ‘daño simple’ previsto y sancionado por el Art. 183 en concurso real con amenazas coactivas previsto y penado en el art. 149 bis segundo párrfo del C.P”.
Entramado “político”
Es importante recordar también que tanto el SUTE como la CTA han apoyado tanto la figura de Correa, como así también del resto de los imputados. En un documento también de esta semana llamado “Estuvimos ahí”, el gremio docente le dio un tinte político a las acusaciones, al sostener que la discusión central “es sin dudas poder seguir en las calles, en los actos públicos, en las Juntas, en las escuelas debatiendo las acciones que debemos llevar adelante para continuar ganando derechos, ante un Gobierno que pretende debilitar la organización sindical constantemente. Una lectura contraria corre peligro de ser funcional al plan sistemático del gobierno provincial”, acotaron.
Entre las fundamentaciones de no separar del cargo al dirigente kirchnerista, marcaron que no se tomará una decisión “hasta que la justicia se expida, como corresponde en un estado constitucional, democrático y social. El sustento factico de esta elección es el amplio aporte de pruebas como lo es el video publicado por un medio de comunicación local y el testimonio de las abajo firmantes que se encontraban presentes en el lugar. Es determinación de esta mesa creer en estas mujeres y no subestimar su palabra”, afirmaron.
“Los compañeros denunciados se han puesto a disposición de la justicia, y su rol en el sindicato no perturba de manera alguna el proceso de investigación del poder judicial, tampoco comparten lugares de trabajo, vivienda y o militancia con la persona que realiza la acusación”, agregaron.
