Tras el “reformagate” originado en el rechazo del PJ al debate de la modificación de la Constitución, la relación entre el Gobierno y el peronismo está quebrada. Nada hace pensar que pueda haber algún tipo de reparación en el corto y mediano plazo, con las elecciones legislativas a la vista.
Las críticas entre ambos bandos, que se suelen escuchar periódicamente, llegaron a un pico la última semana, lo que terminó de cortar una confianza que ya era endeble entre las partes desde los tiempos de Alfredo Cornejo como gobernador. Ambos frentes han asegurado que, si bien en algún momento la relación se debería recomponer, costará hacerlo. La campaña electoral seguramente terminará de radicalizar la situación.
Mientras tanto, la posibilidad de establecer una consulta popular sobre la reforma de la Constitución aparece en el horizonte del oficialismo, a la vez que se analizan “daños colaterales” en otros proyectos importantes que se deben debatir en la Legislatura, donde ahora no hay posibilidades de ningún acuerdo posible (ver aparte).
La decisión del peronismo, de no dar los votos al gobernador Rodolfo Suárez, negándose a debatir el proceso de reforma de la Constitución, cerró una etapa de búsqueda de consensos entre los partidos e inició una guerra que va más allá de lo discursivo. En el Poder Ejecutivo aseguran que tanto el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, como también los referentes de la Legislatura, el vicegobernador Mario Abed y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, seguirán con el trabajo de abrir el diálogo mientras haya tiempo. Al mismo tiempo, reconocen que no hay muchas chances de cambiar el rumbo ya tomado por el peronismo.
Argumentos de la batalla
La ruptura de relaciones se notó claramente con el enojo de Suárez el miércoles en su visita al parque industrial de Las Heras, una par de horas después de que el PJ diera a conocer su postura anti reforma. En respuesta, el Gobernador redobló la apuesta al “comunicadito” -como lo llamó–, al indicar que aún así se debatirá en el recinto, con el objetivo de exponer al peronismo a votar en contra en la Legislatura.
El oficialismo se muestra “decepcionado” por las actitudes del peronismo, con un Gobernador al que se le “colmó la paciencia” porque dicen que, en privado, en conversaciones con el principal partido opositor, “no quisieron negociar o debatir” respecto de la perfectibilidad de lo propuesto por Suárez e Ibáñez.
Además, sugieren también que la figura de Anabel Fernández Sagasti, como presidenta del PJ, constituye la “radicalización” de una oposición cada vez más férrea, teniendo en cuenta que en campaña -resaltan- la senadora nacional se había mostrado a favor de la reforma constitucional, pero ahora decidió no acompañar.
Por su parte, en el peronismo ratifican que no habrá marcha atrás en la decisión de no habilitar la reforma, por más que el oficialismo trate el proyecto en la Legislatura. También dejan en claro que hubo una decisión “unánime” de todos los sectores que conforman el partido de no aceptar un proyecto con el que no están de acuerdo en varios puntos. Y del que además, insisten, “no es momento” de debatirlo.
Además, el PJ sigue asegurando que el cornejismo “nunca quiso esta reforma de Suárez”, por lo que entienden que el del Gobierno “es un juego para la tribuna el mostrarse como víctimas de una reforma que no se ha militado y que puertas adentro también tenían sus dudas”.
No obstante, aún no han resuelto si votarán en contra en el recinto o se levantarán de sus bancas cuando ese día llegue. Al peronismo le sorprendió la jugada de Suárez de seguir adelante, porque la “máxima legislativa” es no llevar a votar un proyecto cuando se sabe que no se aprobará.
“¿Quién nos garantiza que lo que podamos acordar entre los partidos se termine cumpliendo luego en el momento que los convencionales tengan que votar?”, se preguntan desde el bloque justicialista.
Con este panorama, creen que la estrategia del radicalismo es “nuevamente” mostrarse “víctimas” de una oposición que “se opone sólo por oponer”, mientras que reafirman la concepción de que el oficialismo “no militó” la reforma.
Desde el radicalismo dicen lo contrario, que es un proyecto de ley que se presentó hace seis meses y que no hubo intenciones por parte de la oposición de debatir las ideas propuestas. Pero, además, agregan que se está “cercenando” la posibilidad a la sociedad de poder expresarse a favor o en contra (en un posterior referéndum).
Con estas posturas, claramente no hay mucho para discutir, a pocas semanas de que comience a desandarse la campaña electoral que propone un nuevo escenario de polarización en Mendoza.
Leyes claves daños colaterales
Como consecuencia del “reformagate”, Suárez y Abed analizan qué pasará con proyectos importantes que necesitan acuerdos legislativos, más allá de que la falta de diálogo no se traducirá en menos gobernabilidad, ya que el frente Cambia Mendoza mantiene la mayoría en ambas cámaras.
Entre las prioridades aparece la nueva Ley de Educación, que tuvo un mal comienzo con el borrador a finales del año pasado. Si bien desde el Gobierno aseguran que el director de Escuelas, José Thomas, está trabajando en el proyecto, es probable que se postergue o dilate la discusión en la Legislatura.
La idea primigenia era dejar pasar -como ya se informó– la campaña electoral del gremio docente (SUTE), pero ahora también harían lo mismo con las elecciones legislativas, por la mala relación que hay con el PJ y también porque es casi un hecho que nada cambiará hasta que se resuelvan los comicios. “Quizás se pueda pensar para octubre la presentación (del proyecto) o el año que viene, si Suárez desdobla”, advierten.
Reforma
¿Una consulta popular?
Ya sin esperanzas en el corto plazo de avanzar con una nueva Carta Magna, sobrevuela en el oficialismo la posibilidad de llamar a una consulta popular no vinculante. En sus últimas declaraciones, Suárez se mostró convencido que la gran mayoría de la ciudadanía “aprueba” la reforma de la Constitución.
El viernes, los dichos del Gobernador se vieron sostenidos por una encuesta de su consultora de confianza, Reale Dalla Torre, que marca que 8 de cada 10 mendocinos está de acuerdo con la reforma.
Con una eventual consulta popular, que se podría llevar a cabo en el momento en que se desarrollen las elecciones legislativas, el radicalismo cree que terminaría exponiendo al PJ “a que digan si están de acuerdo con una reforma, como lo sostuvieron en campaña, o si están en contra, como dicen ahora”.
No obstante, es un tema que “debe ser estudiado”, remarcaron desde el Gobierno para ahuyentar pataleos de la oposición.
