La situación carcelaria ha vuelto a tensar la cuerda entre el Poder Ejecutivo, organismos de Derechos Humanos y también con los ministros del ala peronista de la Suprema Corte. Todos volvieron a agitar la grieta judicial por la situación en las cárceles de Mendoza. El debate entre ambas fracciones se centró en la diferencia entre los números de las plazas de las cárceles y cantidad de internos, pero puntualizaron en las condiciones de alojamiento de los presos.
En el fallo que se dio a conocer el lunes con relación a la constitucionalidad de las prisiones perpetuas en Mendoza (el tribunal declaró por unanimidad que lo son), los ministros Mario Adaro y Omar Palermo pusieron el foco también en la situación que se vive puertas adentro de las cárceles y en la importancia de ofrecer buenas condiciones para resocialización de las personas.
Por un lado, Palermo se apoyó en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señalan “graves problemas en el encarcelamiento en la región”; además sumó problemas internos como “iluminación y ventilación deficiente, con baños dentro o fuera de la celda en precarias condiciones, camastros insuficientes y colchones en pisos, entre otros”, a los que agregó también “condiciones estructurales insuficientes que no alcanzan en cantidad ni calidad a todas las personas encarceladas”.
El supremo perteniciente a la agrupación judicial K Justicia Legítima, marcó que “todo ello conduce a una institucionalización deshumanizante que tiene efectos físicos, psicológicos y sociales devastadores sobre las personas privadas de libertad. En este contexto, es más probable que en treinta y cinco años se encuentre la muerte antes que la libertad”, expresó con dureza, respecto del límite temporal de las perpetuas.
En tanto, Adaro hizo referencia a la visita de la CIDH en junio del 2019, la cual concluyó en “la persistencia de la sobrepoblación en las unidades penales sigue siendo uno de los principales factores generadores de problemas entre las personas privadas de la libertad que a su vez constituye en un serio obstáculo para el acceso a servicios y bienes básicos de forma adecuada y suficiente”.
Además, consideró que hubo “una serie de cambios que se vieron reflejadas en las condiciones materiales de encierro, la actual situación carcelaria evidencia que ello no fue suficiente. Por el contrario, siguen presentándose vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
El subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino sostuvo que hay mucho por hacer en materia carcelaria “pero se ha hecho muchísimo para mejorar la calidad de internación para el desarrollo de nuevas habilidades que permitan una mayor reinserción”.
El funcionario hizo un repaso también de la gestión radical desde el 2015: “En Educación, Mendoza tiene una de las mayores matriculas del país de alumnos universitarios en contexto de encierro. En Construcción, hay casi 2500 celdas más. En gestiones radicales se ha hecho la mayor inversión desde la creación de las cárceles de Mendoza en 1865; y en Trabajo (antes de la pandemia) más del 65 % de la población penal trabajaba o estudiaba o hacia ambas cosas”.
Contrapunto en los números
Adaro también justificó su análisis en la “situación de sobrepoblación de distintos establecimientos carcelarios” bajo un informe de la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (que depende de la Suprema Corte) en base a los datos del Servicio Penitenciario a septiembre del 2020, que establece “4.858 personas alojadas y 4.069 plazas” en todas las cárceles de Mendoza, es decir, con sobrepoblación.
Allí se tomaron las plazas de Almafuerte (1 y 2), Boulogne Sur Mer, San Felipe, el penal de Mujeres, el complejo de San Rafael y la unidad de Jóvenes Adultos
El contrapunto lo dio el Servicio Penitenciario, que marcó lo contrario al informe extraído por parte del organismo de DD.HH, y expresó que “hay más camas que internos” al día de la fecha. De hecho, este informe al día de ayer indica que hay 4.803 presos, y 5.046 plazas, en el cual aparecen los datos de los complejos penitenciarios, y se suman alcaidías (como la de Tunuyán y El Sauce, entre otras) y también la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada).
Por otro lado, D’Agostino sostuvo que los números expresados de más internos que plazas “no son ciertos”, y apuntó contra el peronismo: “No se hizo ni un solo metro cuadrado de cárceles y se registraron el doble de muertes dentro de los establecimientos que en nuestra gestión”.
Desde el sector crítico en la Justicia al Gobierno, trataron de evitar el conflicto y poner paños fríos al asunto, al marcar en primer lugar que “los avances de infraestructura de los últimos años han sido buenos”, como por ejemplo con la construcción de Almafuerte II, aunque puntualizaron en la importancia de establecer buenas condiciones carcelarias, en medio de un fallo en el que se discutía la constitucionalidad de las prisiones perpetuas.
No obstante, advirtieron que “el hecho de tener plazas no significa que mejore el resto”, y denunciaron que en Almafuerte I “las celdas son para tres personas y suelen haber cinco”; mientras que denunciaron que Boulogne Sur Mer “es inhabitable”.
Y expresaron que “hay sobrepoblación” en algunas cárceles como San Felipe (924 internos y 845 plazas), Almafuerte (1.585 internos y 1.300 plazas) y el complejo de San Rafael (398 internos para 319 plazas).
Por otro lado, Lucas Lecour, del organismo de DD.HH Xumek, también puso en valor el hecho de que Almafuerte II y la Cárcel Federal descomprimiera el sistema carcelario, pero sí sostuvo que “sigue habiendo hacinamiento”.
“Hay una mejor situación que en 2016, pero hay problemas en las condiciones carcelarias sin resolver y que se han agravado con la pandemia, con la situación de encierro y la restricción de las visitas familiares”, manifestó, al tiempo que denunció que “cuesta más” recibir información oficial con relación a las cárceles, y que a nivel global hay que tener en cuenta “que se ha quntuplicado la población penitenciaria (al menos en las cárceles federales) que no se condice con el crecimiento de la población ni de cantidad de delitos”
Desde el Poder Ejecutivo también recordaron la intervención del ex gobernador, Alfredo Cornejo, durante la audiencia por la constitucionalidad de las prisiones perpetuas en octubre pasado, en la que denunció que, durante las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez, “quienes gobernaban y se autodenominan defensores de los Derechos Humanos no crearon una plaza nueva” en las cárceles.
El ex gobernador aseguró: “Cuando accedí al gobierno había 3.700 presos y solo el 10% de ellos estudiaba y trabajaba el 3%. Hoy en las cárceles de Mendoza hay 2.000 plazas más y 6.000 detenidos, de los cuales el 86% trabaja o estudia y algunos hacen las dos cosas”.
