Después de que Juan Grabois denunciara que Fernanda Miño, la titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fue víctima de un “allanamiento ilegal” llevado a cabo por la Policía y acusara al Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le respondió y dirigió sus críticas hacia la administración provincial.
“El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, escribió Bullrich a través de su cuenta de X.
El mensaje de la funcionaria se dio poco después de que el líder del Frente Patria Grande compartiera un video en el que criticó la actuación de la Policía. Además, desestimó las acusaciones en torno a la catequista que se vio envuelta en la controversia por el manejo de los fondos millonarios que administraba como titular del FISU, durante la gestión de Alberto Fernández.
“Fernanda Miño llegó a las 22 a su casa en Villa La Cava de San Isidro de la presentación del documental de Ofelia Fernández. Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás. No la dejan comunicar con su abogado. No se indica la causa. Junto al equipo de abogados de Patria Grande yendo hacia ahí. Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, había denunciado Grabois en la red social X.
Poco después, actualizó la situación y señaló que los efectivos “se retiraron a los cinco minutos”. Además, enfatizó: “Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”.
Por su parte, fuentes de la Policía Bonaerense informaron que se trató de un allanamiento legal solicitado por la Justicia como parte de una investigación sobre un robo armado en el que se produjeron disparos. Además, afirmaron que “el accionar de la Policía fue el adecuado” y que se llevó a cabo “dentro del marco legal”.
Ante esta situación, Grabois insistió con un mal manejo de los agentes policiales y disparó contra el Gobierno. “Nunca le encontraron nada y ahora le inventan que se robó una moto. ¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?”, cuestionó el dirigente del MTE en el video que publicó en sus redes.
La polémica por el Fondo para la Integración Socio Urbana
Miño, que captó la atención de la opinión pública en febrero de este año, estuvo al frente del fondo hasta el final de la gestión del Frente de Todos. El crédito vigente en enero era de $23.283 millones de pesos, aunque el monto al que se accedió durante el gobierno anterior ascendería a $200.000 millones.
Por otro lado, fuentes de acceso público señalaron que, desde su creación, se llevaron a cabo 1.278 obras de integración en barrios populares y se realizaron intervenciones en 5.060 asentamientos, con un costo total de $480.611.383.294,59 en los últimos cuatro años.
Sin embargo, este año, el Gobierno denunció que, de las 6.517 obras reportadas, solo 400 estaban registradas como finalizadas, lo que equivale a un 6%. Mientras tanto, 5.886 estaban en ejecución y 231 en fase de contratación.
El fideicomiso fue establecido por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), y recibía fondos del impuesto PAIS, así como diversas asignaciones de organizaciones internacionales para llevar a cabo obras en asentamientos de emergencia.
