La pandemia de coronavirus obligó al Estado a ser más austero para hacer frente a la crisis económica y financiera desencadenada. Al mismo tiempo, los protocolos y cuidados sanitarios suspendieron reuniones y traslados que eran recurrentes en la agenda de los funcionarios. Estos dos factores se tradujeron en un significativo descenso en los gastos de viáticos en Mendoza desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Entre abril de 2020 y marzo de 2021 se destinaron $906.403,61 para que funcionarios provinciales puedan atender todos los gastos personales de traslado, comida y alojamiento ocasionados durante viajes oficiales a lugares alejados. Esto implicó una caída de casi el 87% respecto a los 12 meses previos, donde el desembolso acumulado en viáticos había sido de $6.948.414,42.
Las fuertes restricciones a la circulación implementadas durante el comienzo de la cuarentena estricta y la suspensión de los viajes al exterior explican esta marcada disminución. Todos los traslados registrados en el Sistema de Información Consolidada (Sidico) son a destinos nacionales, principalmente la Ciudad de Buenos Aires y en muchos casos al interior de Mendoza.
Del análisis de los datos se desprende que en la etapa de confinamiento más duro se produjo un menor gasto en viáticos, ya que proliferación las videoconferencias y reuniones por ZOOM. De hecho, hubo dos meses, como junio y agosto, en los que no hubo desembolsos. A partir de noviembre se dio un aumento en el uso de estos recursos, coincidiendo con mayores flexibilizaciones de las restricciones.
En este sentido, entre finales del 2020 y comienzos del 2021 los viajes a Buenos Aires de funcionarios provinciales comenzaron a ser más frecuentes y ocasionaron una suba en el dinero demandado para traslados, hospedajes y alimentos. Un dato relevante es que entre noviembre y marzo se gastaron $750.687,4, es decir un 82% de los viáticos totales durante la pandemia.
El Poder Judicial en el primer puesto
El área del Estado que más viáticos utilizó durante el año de pandemia fue la Suprema Corte de Justicia con $403.750, es decir un 44,5% del total. Segundo se ubicó el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia con $153.892 (16,9%), dependencia que destina el dinero para los viajes del Gobernador.
El podio lo completa el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes con $88.684,59 (9,78%); cuarto se situó el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública $36.698,93 (4%); quinta la Dirección General de Escuelas con $27.250 (3%); y sexto el Ministerio de Economía y Energía con $24.465,45 (2,6%).
En los 12 meses previos, el Poder Judicial también encabezó el ránking de gastos, abarcando casi el 25% de los viáticos provinciales, muchos de ellos por parte de ministros y funcionarios judiciales. Sin embargo, en el último tiempo el primer lugar se explica por la transmisión vía streaming de dos juicios en San Rafael que demandaron $336.770 por el traslado de empleados y equipos técnicos al departamento del sur. Uno fue el juicio por jurado contra el expolicía Víctor Hugo Acuña, acusado del homicidio de quien era su esposa, Lorena Segura, y el otro el juicio por el crimen de Paula Toledo que tuvo una primera etapa en diciembre se retomó a mediados de enero y concluyó en febrero.
El resto del dinero se reparte entre movimientos de expedientes, insumos, muebles, armas y equipos informáticos y para que un empleado que trasladó al ministro Omar Palermo a Buenos Aires, para la presentación de la reforma judicial que impulsó en julio el presidente Alberto Fernández.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, manifestó a Los Andes que casi no hubo fondos destinados a funcionarios y jueces, sino que el dinero se utilizó para que empleados del Poder Judicial puedan viajar para transmitir los procesos.
“Es importante destacar que todos los recursos que nosotros tengamos que destinar para viáticos o compra de equipos, que también lo hemos hecho, que refuercen los canales de comunicación que venimos teniendo con la ciudadanía, para nosotros es política de Estado. Eso hace que el Poder Judicial sea transparente pero además que trate de estar más cerca de la gente, para que vean cómo funciona, que vean a los jueces y empleados trabajando”, expresó.
El ministro detalló que son juicios que extensos que no se interrumpen y que en algunos casos los empleados han tenido que estar casi un mes instalados. “Todo lo que sean esfuerzos para transparentar la gestión del Poder Judicial, acercarla a la gente y mejorar los tiempos de respuesta en calidad y servicio, para nosotros son fondos bien gastados y una inversión”, advirtió.
Por su parte, el secretario de Información Pública del Poder Judicial, Martín Ahumada, indicó que “en época de pandemia la prensa no podía ingresar a las salas” por lo que se potenció la política de transmisión de los juicios.
Resaltó que, al no estar descentralizada el área de prensa, para las transmisiones desde otros departamentos se deben llevar equipos y consolas a esos lugares y una o a veces dos personas para operarlas.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia del canal oficial de YouTube del Poder por la cantidad de suscriptores y de visualizaciones de los que en los dos casos de San Rafael estuvieron entre 6.000 y casi 10.000. Mientras que el récord lo tiene la transmisión del juicio por los abusos en el Próvolo que llegó a las 120.000.
Los funcionarios que más viajaron
El funcionario provincial que más gastó en viáticos durante la pandemia fue el gobernador Rodolfo Suarez, quien usó $64.717,66. En concreto, el mandatario registró 8 viajes a la Ciudad de Buenos Aires para mantener reuniones con autoridades nacionales o misiones oficiales e incluyó en las rendiciones una visita a Malargüe y otra a San Rafael.
En segundo lugar, se ubica el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, quien uso $60.851,86, principalmente para realizar gestiones en la Capital Federal y un viaje a El Sosneado, en el sur provincial.
Tercera aparece la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, que demandó $35.499,11; luego figuran el subsecretario de Comunicación Social y Protocolo, Pablo Sarale, con $27.577,28; el director General de Escuelas, José Thomas, con $27.250; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, con $25.309,08; la subsecretaria de Planificación de Salud, Mariana Álvarez, con $24.912,41; y la lista sigue.
