La reciente decisión del Gobierno Nacional de asignar cien mil millones de pesos en concepto de gastos reservados a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) ha generado fuertes críticas de diversas figuras políticas. El presidente Javier Milei, junto con los ministros del Poder Ejecutivo, dictó el DNU 656 para otorgar estos fondos a la nueva SIDE, lo que ha desatado una controversia significativa.
Vilma Ibarra, ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, expresó su rechazo a través de la red social X, denunciando que esta medida implica un retroceso en la libertad y un avance del poder oscuro de los servicios de inteligencia. Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, también criticó el DNU, señalando que mientras no hay fondos suficientes para la educación, se están destinando grandes sumas a la SIDE sin necesidad de justificar en qué se gastan. Santoro subrayó la incongruencia de destinar fondos a la inteligencia en lugar de a necesidades educativas y sociales.
La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio se sumó a las críticas, destacando la diferencia entre los fondos asignados a la SIDE y la mínima jubilación, que ahora es de 254.454 pesos con 42 centavos. Di Tullio cuestionó la coherencia del presidente Milei, quien se presentó como un referente del cambio pero ha emitido un decreto significativo que ha sido posible gracias a la delegación de facultades por parte de los legisladores.
Este DNU promete generar una dura discusión en la Comisión Bicameral Permanente, encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo tiene una ventaja en este proceso, ya que la medida solo puede ser derogada si es rechazada por ambas cámaras del Congreso, mientras que puede ser confirmada con el aval de solo una de ellas. Este contexto ha generado preocupación y debate sobre la transparencia y el control de los fondos destinados a la inteligencia.
Además, la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia sigue demorándose, ya que Unión por la Patria aún no ha designado a sus representantes. Esta situación añade otra capa de incertidumbre y preocupación sobre la supervisión y el uso de los fondos reservados.
