Con un despliegue masivo de fuerzas y controles, el Ejecutivo busca evitar desbordes y apunta a sectores opositores por el trasfondo político de la marcha.
Fuerte operativo de seguridad ante la marcha de jubilados
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NA El Gobierno nacional ha montado un fuerte operativo de seguridad de cara a la marcha de jubilados y movimientos sociales convocada para este miércoles. Con más de 2000 efectivos de distintas fuerzas federales y controles estrictos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Javier Milei busca evitar incidentes como los ocurridos en la manifestación de la semana pasada.
El operativo fue delineado en una cumbre de seguridad realizada en la Casa Rosada, en la que participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert y Diego Kravetz; y funcionarios de los ministerios de Justicia y Transporte. En el encuentro se definieron estrategias para controlar la movilización y evitar desbordes, confirmó el medio El Observador.
Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el Gobierno dispondrá de más de 2000 agentes entre Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. Esto es: a los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Uno de los ejes centrales del operativo será el control de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. "Vamos a supervisar de manera estricta el transporte público, tanto trenes como colectivos provenientes del conurbano, para evitar ingresos masivos de grupos violentos", señalaron desde el Ministerio de Seguridad. También se establecerá una "zona estéril" en las inmediaciones del Congreso Nacional, con vallados y presencia policial reforzada.
Desde el oficialismo sostienen que la manifestación tiene un trasfondo político y que busca desestabilizar al Gobierno. “No vamos a permitir desmanes ni ataques a la seguridad pública. Cualquiera que cruce la línea será detenido”, advirtió la ministra Bullrich en la reunión de coordinación. En el Ejecutivo aseguran que no se espera la participación de barras bravas en la protesta, aunque mantienen la hipótesis de que sectores opositores buscan generar caos.
El Gobierno también hizo referencia a los disturbios registrados en la última movilización. “Vimos cómo grupos organizados atacaron a la policía y destruyeron bienes públicos. Esta vez estamos preparados para evitarlo”, explicó un alto funcionario de Seguridad. En aquella protesta, la policía detuvo a varios manifestantes, pero la jueza Karina Andrade los liberó rápidamente, lo que generó fuertes críticas desde la Casa Rosada.
El operativo incluirá un fuerte control del transporte público. El ministro de Transporte, Franco Mogetta, detalló que se coordinarán acciones con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para supervisar los accesos ferroviarios y viales. “Queremos garantizar un monitoreo preciso del flujo de personas que ingresan a la Ciudad”, afirmó.
El despliegue también tendrá un componente de inteligencia, con un seguimiento de los grupos que participarán en la marcha. En ese sentido, la SIDE y otras agencias recopilarán información para anticiparse a posibles focos de conflicto.
El Gobierno insiste en que el objetivo del operativo es garantizar el derecho a la protesta sin que se convierta en un escenario de violencia. Sin embargo, en la oposición y los movimientos sociales advierten que estas medidas buscan criminalizar la manifestación.