En junio de 2019 el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, anunciaba que implementaría medidas para organizar el tránsito en ese departamento. Uno de ellos era el estacionamiento medido; el otro, seguramente el que más polémica ha levantado, eran las fotomultas. Cuatro años y un mes después, el mismo Orozco, anunciaba que el sistema de fotomultas sería eliminado, para transformarse en un sistema de capacitación vial.
El pasado 25 de julio el jefe comunal decía a los medios que “ya no habrá multas, sino que se le dirá al infractor que tiene que tener conciencia y tendrá que hacer una capacitación o trabajo comunitario”.
La propuesta surgió en plena campaña electoral. Más allá de la oportunidad de la iniciativa, surge una duda sobre la aplicabilidad de la misma. ¿Sirve ese sistema? ¿Es posible sostenerlo solo con trabajo comunitario?
Hay voces que dicen lo contrario, aún cuando se trata de versiones interesadas también por el resultado electoral: “la verdad es que las cámaras no están integradas en un centro monitoreo, no trabajan de forma integral, son dispositivos individuales” dice Francisco Lo Presti, candidato del Frente Cambia Mendoza a intendente de Las Heras.
Además, hay otra objeción: el concesionario del sistema se lleva casi el 60% del total de la recaudación en multas. Quién le va a pagar a la empresa, si se deja de recaudar por las violaciones a las normas de tránsito. La comuna se enfrentaría a una demanda por daños y perjuicios.
Más allá del interés electoral de Lo Presti, nadie puede negarle el conocimiento desde adentro del sistema. Hasta hace pocos meses él era secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna; lo fue hasta que Orozco dejó Cambia Mendoza para irse a La Unión Mendocina para ser candidato a vicegobernador de Omar de Marchi.
El sistema de la discordia
La llegada de las fotomultas a Las Heras arrancó con la ley 9024, sancionada por la Legislatura en noviembre de 2017. En esa ley se establecía que “los Municipios ejercerán la función jurisdiccional vial que esta norma establece, conforme a las facultades conferidas por el inciso 3 del artículo 200 de la Constitución Provincial. Los Municipios deberán implementar los Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito y los Cuerpos Municipales de Tránsito en un plazo de 12 meses, desde la entrada en vigencia de la presente ley”.
Así pues, durante todo 2018 los municipios empezaron a prepararse para cumplir las nuevas funciones. En realidad había tres municipios que ya habían tomado esas funciones: Capital, Godoy Cruz y San Martín. Este último, durante la gestión del ex intendente Jorge Giménez había incorporado el control de velocidad en la ruta nacional 7 desde fines de 2015. Ese fue el antecedente de las fotomultas de Las Heras.
Actualmente el sistema de fotomultas de Las Heras cuenta con 61 sensores de control de violación de la luz roja en diferentes cruces de calles y 22 controles de velocidad, llamados cinemómetros. Los sitios en los que están emplazados los dispositivos de control están detallados en la página de los dos juzgados viales departamentales (https://lasherasdigital.gob.ar/juzgado-vial/).
La realidad de hoy está lejos de los tímidos comienzos del sistema, el 1 de noviembre de 2019, con 12 sensores de control, de los cuáles 10 estaban ubicados en el Acceso Norte. El anuncio oficial de que las fotomultas llegaban a Las Heras se hizo en junio de 2019. Días antes se se había firmado el convenio con la empresa Vial Control SA, una concesión por cinco años que vence en mayo de 2024.
Sintéticamente ese contrato establece que la empresa se hace cargo de proveer el equipamiento y de procesar y notificar las multas a los infractores. A cambio se comprometían a señalizar la ubicación de los dispositivos y entregar bienes a la comuna, como vehículos para los inspectores viales y una grúa plana.
La recaudación por las infracciones tiene varios destinos. De la masa total se destinaría 5% para un fondo de educación vial municipal. El resto se repartiría 40% para la comuna, 40% para la empresa por el procesamiento de las multas y 20% para Vial Control en concepto de cancelación del equipamiento, para que al término de los cinco años de concesión todos los sensores quedaran en manos de la Municipalidad.
Vial Control SA es una empresa con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene funciones similares en CABA y municipios de Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Los Andes intentó comunicarse con la firma, pero no tuvo respuesta.
Un dato interesante es que, mientras Las Heras avanzaba, San Martín eliminó sus controles de velocidad en la ruta nacional 7 en noviembre de 2021, durante la gestión del actual intendente Raúl Rufeil.
Desde que se implementó el sistema, las quejas de los multados fueron en alza. Es normal que haya quejas, porque los golpes al bolsillo no suelen ser aceptados con tranquilidad, pero hasta al parecer hasta el propio intendente advierte que debe haber algo de razón en los reclamos, porque en plena campaña salió a anunciar la eliminación del sistema.
Los Andes también intentó consultar a la Municipalidad de Las Heras, pero rechazaron hacer aclaraciones. Por ejemplo, hubiera sido bueno saber a cuánto asciende la recaudación mensual de las fotomultas, pero hay maneras de acceder a lo que esperan recaudar durante este año: de acuerdo a la ordenanza tarifaria 2023, la comuna esperaba recibir en este concepto este unos 300 millones de pesos.
Si calculamos que ese monto representa 40% de la recaudación total, se podría inferir que la empresa se llevaría cerca de 450 millones de pesos durante el presente ejercicio.
También hubiera sido bueno conocer cómo esperan transformar las fotomultas a un sistema de capacitación vial o cómo pagarían la parte que debe cobrar Vial Control SA hasta el fin de la concesión. Pero Los Andes se encontró con un muro de silencio.
Por lo pronto, después del anuncio de Orozco, el intendente debía mandar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, para modificar el actual marco legal del sistema, pero ese documento aún no llegó al cuerpo legislativo municipal. Tal vez llegue más cerca de la fecha electoral y allí haya respuestas a algunas de las preguntas que surgen.
¿Sirven o no?
“Los sensores no están conectados a nada. Se toma imagen de la patente y eso se cruza al régimen de dominio de cada una de las personas. Cuando se hace la transferencia hay que registrar un correo electrónico; a ese mail llega la la fotomulta”, explica Lo Presti.
Lo mismo dicen desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Las cámaras de fotomultas de Las Heras no están incorporadas al sistema de cámaras de vigilancia del Ministerio, ni podrían estarlo, porque son de otras carácterísticas técnicas.
Según Lo Presti ha habido casos en los que las multas no saltan a la hora de renovar carnet de conducir, justamente porque el sistema no está en red con otras dependencias del Estado. Sin embargo, eso no ha sucedido en todos los casos.
La cuestión es que sí sirven para detectar infracciones y cobrarlas. De hecho, en el sitio web de los juzgados viales de Las Heras, también se puede consultar si la cámara que tomó la imagen de la patente está homologada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por lo que no se puede alegar que el dispositivo no tiene aval técnico, como sucedía con las multas de la comuna de San Martín. Además, como se dijo, la comuna espera recaudar este año 300 millones de pesos, por lo que si detecta la infracción, también podría usarse para señalar al infractor y obligarlo a hacer trabajo comunitario.
De hecho, actualmente existe una ordenanza que habilita a los jueces viales municipales a imponer esa pena a infractores que no puedan pagar por su situación socio-económica. Sin embargo, queda en el aire la duda de quién le paga a la empresa el porcentaje de la recaudación que le corresponde por contrato, al menos hasta el fin de la concesión.
Lo que si está descartado es cualquier uso en seguridad pública, más allá del control vial. Las cámaras que fotografían las patentes de vehículos, pero no filman ni pueden tomar imagen del contexto, por lo que no podrían usarse para captar delitos. “Para tomar una foto de contexto hacen falta otras características técnicas, si las usan para eso no le van a sacar el jugo porque no se puede ver en tiempo real”, dice el director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, Leandro Biskupovich.
Otro problema es la notificación fehaciente del infractor. Suele haber reclamos de quienes alegan no haber recibido nunca la multa. Y esto, al menos en la mirada de Lo Presti, es causal de rescisión de contrato con la empresa.
¿La solución?
Desde Cambia Mendoza impulsan la rescisión del contrato de concesión. Uno de los causales para librar a Las Heras de las fotomultas es, como se dijo la falta de notificación fehaciente de la infracción a los multados, una tarea que lleva adelante la empresa, tras detectar la falta a las normas viales.
Además, esgrimen otro causal: el incumplimiento de algunas obligaciones del contrato, como la provisión de una grúa planta y un vehículo de seguimiento para los agentes viales.
Pero, quizá el más importante, es la colocación de nuevos dispositivos sin acuerdo de la comuna. “No nos consta que la municipalidad haya estado de acuerdo en la colocación de algunos sensores de velocidad y de semáforos. Tampoco nos consta que haya informes de accidentología en cruces de calle que justifiquen la instalación”.
Todos estos supuestos causales ameritaban otras preguntas para la comuna que quedaron sin contestar.
