Filtraciones: el Gobierno pidió a la Justicia que investigue al larretista D’Alessandro

El Gobierno nacional presentó una denuncia para que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro. La presentación ante la justicia nacional fue hecha por Martín Soria ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “con instrucción del Presidente Alberto Fernández”, se informó.

Filtraciones ilegales: el Gobierno nacional le apunta a una interna del PRO

De acuerdo al escrito difundido a la prensa desde Casa Rosada se informó que se pide la imputación a D’Alessandro por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la denuncia también se pide que sean investigados empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

La presentación del gobierno de Alberto Fernández es otro capítulo de la filtración de chats del móvil hackeado del ministro D’Alessandro. La iniciativa judicial del Gobierno nacional contra el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, ocurre en paralelo a la decisión del Presidente de impulsar el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro Soria en la red social Twitter, sobre la denuncia a D’Alessandro.

El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Para el Gobierno Nacional, “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y concesionario del servicio de grúas, Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

Para Soria, el juicio político contra Rosatti “es la vía para responder a la degradación del sistema institucional”

La filtración de chats, además del capítulo ligado a los contratos con proveedores del gobierno porteño, incluye supuestos mensajes entre D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con sugerencias para el Gobierno porteño en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

El martes pasado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, atribuyó la filtración de los chats a “una operación de espionaje ilegal del kirchnerismo”. También dijo confiar en su ministro, quien pidió licencia por 60 días.

A la par del Gobierno nacional, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, presentó una denuncia penal contra D’Alessandro y Silvio Robles “por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias”.

En el escrito de 14 páginas presentado por el ministro Soria en nombre del Gobierno nacional, se busca determinar si D’Alessandro cometió delitos de corrupción vinculados con el acarreo de autos y con un intento de favorecer a una empresa interesada en una licitación para destrucción de chalecos antibalas.

Rodríguez Larreta denunció espionaje ilegal: “Estamos ante otra operación del kirchnerismo”

La denuncia cita publicaciones periodísticas con los supuestos chats de D’Alessandro y el empresario Violante, y con la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani. “De corroborarse (los chats), podrían tener relevancia penal, ya que estaríamos frente a graves hechos de corrupción y delitos contra la administración pública”.

La denuncia recuerda como “un escándalo” la “forma abrupta” con la que el gobierno porteño terminó el contrato con Violante, que pagaba un canon de $55.000 por mes a CABA.