Anunciado por el Presidente Alberto Fernández al asumir el 10 de diciembre, ratificado a principios de marzo en la Asamblea Legislativa, y vuelto a anunciar en un par de oportunidades más, la última el domingo pasado, el proyecto de Reforma Judicial finalmente ingresará al Senado de la Nación en los próximos días.
El jueves, cuando todos descontaban el ingreso del proyecto para el día siguiente, en la residencia de Olivos Fernández decidió la nueva (aunque se supone breve) postergación. En mayo, el Presidente explicó que las urgencias impuestas por la pandemia de Covid-19 retrasaron la presentación de un “proyecto ya elaborado”. No obstante, acaso por lo ambicioso de la iniciativa, sus principales autores (la ministra de Justicia Marcela Losardo, la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz) pidieron unos días más para ajustar detalles.
El Presidente ha calificado a la reforma como “ambiciosa”. Por un lado, según trascendió, se propone “un reordenamiento de todo el sistema federal”. La iniciativa va más allá de los controvertidos 12 juzgados de Comodoro Py: además del fuero penal (donde se sustancian, por ejemplo, las causas de corrupción), se apunta a lo administrativo, civil y comercial federal. Más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales.
A la par de la reforma de la Justicia Federal, el Poder Ejecutivo quiere conformar un Consejo Consultivo con especialistas en Derecho para elaborar una propuesta sobre el funcionamiento de la Corte Suprema (ampliar su número de integrantes, por ejemplo), del Consejo de la Magistratura o de la Procuración (a cargo de Eduardo Casal, designado por el gobierno de Macri de manera interina) o sobre la necesidad de impulsar juicios por jurados. El Presidente no dio nombres sobre quiénes conformarán el Consejo. “Habrá mucha pluralidad y mucha seriedad académica”, repite.
El abogado y especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez, en charla con este medio, entiende que en la Justicia Federal “todo está para revisar y para optimizar”.
“Ampliar la cantidad de juzgados federales, la digitalización total de la actividad, la formación continua y obligatoria de jueces y juezas, los horarios de atención al público; el proceso de selección y nombramientos de jueces”, menciona entre otros puntos.
Pablo Tonelli, diputado nacional del Pro e integrante del Consejo de la Magistratura coincide en que “los 12 juzgados federales de Comodoro Py son pocos” y que “deberían ampliarse para satisfacer la demanda de justicia; estoy de acuerdo si por ahí viene la reforma”. Sin embargo, Tonelli advierte “distintas maniobras -detrás de la reforma judicial- que parecen buscar dotar de impunidad a dirigentes y funcionarios del kirchnerismo”.
“Veo acciones del gobierno encaminadas a menoscabar la independencia y autonomía de la Justicia; si realmente quiere mejorar el servicio de justicia, que el Ejecutivo mande al Senado los pliegos para cubrir más de 200 cargos vacantes”, propone Tonelli.
El fiscal federal en primera instancia Federico Delgado manifestó su acuerdo sobre la reforma de la Justicia Federal. “No debería tocar solo el fuero penal federal, sino fueros muy sensibles donde se maneja mucho dinero, como el comercial federal”, dijo quien acaba de pedir la elevación a juicio de la investigación sobre presuntos pagos de sobornos en la construcción de una planta potabilizadora de agua de Aysa, y que tiene a Julio De Vido entre otros acusados.
El fiscal cree que se debe “profesionalizar la forma en que la Justicia se comunica con la sociedad; hay que poner voceros que democráticamente informen a todos los periodistas, para terminar con la discrecionalidad de los off the record”.
El debate sobre la Corte
Sobre el número de integrantes de la Corte Suprema, el expresidente de ese cuerpo Raúl Zaffaroni explicitó su posición: “La Corte debería tener 15 ministros, dividida en cinco salas”.
Gil Domínguez, especializado en litigar ante la Corte, considera que “un número de nueve es óptimo” porque “ofrece mayor posibilidad de garantizar la paridad de género, la diversidad y el pluralismo ideológico; se necesitan cinco votos para llegar a una mayoría con lo que se obliga a lograr consensos cruzados en la interpretación de la Constitución”.
Pero a la vez, Gil Domínguez admite que “la Corte Suprema anduvo muy bien con cinco miembros desde el ’83, cuando volvió la democracia; anduvo muy bien con siete miembros durante el gobierno de Néstor Kirchner; anduvo muy bien con tres miembros en la última época de Cristina Fernández, y anduvo muy mal con nueve miembros en la época de Menem”.
Gil Domínguez no acuerda con Zaffaroni en la división de la Corte en salas especializadas. “No encaja en nuestro modelo constitucional y convencional de Derecho; esto es, un Estado sostenido por la Constitución y por tratados, y por la Corte Suprema como último intérprete. Tienen que ser todos los miembros los que apliquen la Constitución y los tratados al derecho secundario, civil o penal. Si se divide en salas, lo que se hace es subordinar el derecho constitucional al derecho privado, penal, cuando tiene que ser al revés”, argumenta.
El diputado Tonelli cree que se debe mantener en cinco el número de integrantes. “El debate funciona bien, hay equilibrio, no veo por qué debería aumentarse”, dice. También se opone a la división en salas especializadas y ve detrás de esa ingeniería “alguna intencionalidad política para garantizar la impunidad”.
El debate que viene
En estos días, oficialismo y la opositora Juntos por el Cambio cruzan acusaciones sobre los traslados de jueces por decreto presidencial de Macri. La controversia gira, especialmente, sobre los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes por decreto ocuparon las vacantes de Eduardo Freiler (destituido por juicio político), Jorge Ballestero (jubilado) y Eduardo Farah (pasó a otro tribunal). Mariano Llorens ocupa el cargo por concurso. Esta Cámara es clave en la revisión de fallos de tribunales inferiores.
“Una reforma debería contemplar la prohibición absoluta de trasladar jueces de distintas jurisdicciones. Se podría hacer traslados donde el Consejo de la Magistratura proponga, el Poder Ejecutivo acepte, se lo manda al Congreso y éste, con mayoría simple, acepte; ahí sí”, opinó Gil Domínguez.
“Podemos discutir reglas más estrictas; el Congreso mediante una ley podría reglamentar el régimen de traslados; con (Mario) Negri hicimos un proyecto de ley al respecto. Pero yo creo que, en el fondo, hay un cuestionamiento a jueces que deben resolver causas emblemáticas de corrupción”, dice Tonelli. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, ha dicho que “si no se contempla el pase (traslado) para igual jerarquía o cargo estamos en problemas”. Para él, hubo actos “antirreglamentarios” y deberían ser revisados.
Las reservas de parte de la oposición a la reforma judicial ocurren en un contexto donde varios exfuncionarios macristas están siendo imputados en distintas causas bajo sospecha de corrupción (Dietrich, Aranguren, Iguacel, Arribas o Silvia Majdalani). La próxima discusión del proyecto en el Congreso reflejará esas tensiones judiciales.
El vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el radical Gustavo Menna, se manifestó en sintonía con su colega de interbloque Pablo Tonelli. “Vamos a estar con las antenas paradas y alertas encendidas”, dijo. A su entender, comparte con el oficialismo el diagnóstico respecto a que la Justicia “no funciona bien”, pero le apuntó la responsabilidad al peronismo: “dos de cada tras jueces federales fueron nombrados por un presidente justicialista”, argumentó.
Graciela Camaño, diputada nacional peronista/lavagnista e integrante del Consejo de la Magistratura, dijo esperar “que no sea un proyecto de reforma judicial para beneficio del gobierno de turno”. La diputada aludió a la controversia por el traslado de jueces por decreto del expresidente Macri. “No queremos que a los jueces se los traslade según el interés de quien gobierna”, afirmó.
Las tres décadas que ya atravesó sin resolución la causa AMIA asoma como el ejemplo de mal funcionamiento de la Justicia. ¿Podrá una reforma judicial terminar con absurdos trágicos como éste? Gil Domínguez sostiene que más allá de las normativas, el éxito de la justicia dependerá de quiénes ocupen los cargos.
