Este jueves, los dirigentes del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús quedaron involucrados en la polémica por el manejo de los fondos millonarios que tuvo en sus manos el dirigente social Juan Grabois durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ante acusaciones fuertes que surgieron en diario Clarín sobre, por ejemplo, la supuesta utilización de fondos del BICE Fideicomisos SA (Bifisa) para financiar la campaña del peronismo mendocino, la senadora nacional negó absolutamente todo, calificó al informe de una “operación berreta” y adelantó que irá a la Justicia con cartas documentos al periodista. También se defendió Tanús, quien fue el presidente del Bifisa.
“En este momento estoy redactando carta documento para que el periodista ratifique o rectifique” la información, expresó Fernández Sagasti este jueves por la mañana ante la consulta de Los Andes.
En este sentido, negó todas las acusaciones al indicar que es “casi la única dirigente de Mendoza que tiene la ficha limpia” y agregó que todo se trata de una “operación política”. También ironizó al indicar que es una “casualidad que hoy empiece a tratarse el DNU”.
Y denunció: “En general quieren quedarse con el FISU y se les complica porque está creado por ley”.
Tanús, al igual que Fernández Sagasti, negó todas las irregularidades que marca el informe y calificó también a las acusaciones como “una operación política berreta”.
El dirigente peronista también negó la posible financiación de la campaña política de Fernández Sagasti con los fondos del Bifice. “¿Cómo puede alguien sacar plata de un programa nacional que tiene un fideicomiso donde el ingreso de fondos es transparente? esos fondos surgen del Impuesto País; del Impuesto a la Riqueza y hay un registro que tiene la AFIP de todos esos ingresos”, sostuvo en diálogo con radio Mitre.
Además comentó incluso que no ha tenido vínculos con dirigentes como el propio Grabois, o incluso Máximo Kirchner, uno de los líderes de La Cámpora. “No los conozco”, mencionó.
Señaló por otro lado que, por ejemplo, “para hacer un pago de un certificado de obra, hay que tener un informe de una auditoría hecha por una universidad o de un consejo profesional”. Además dijo que con el fideicomiso se llevaron a cabo 1.740 obras de carácter social en todo el país “con auditorías de las universidades públicas”.
Para Tanús, “siempre se demoniza a las políticas sociales para los que menos tienen” y que “no se meten en el sector financiero”.
Además de Tanús y Fernández Sagasti, otro de los dirigentes de La Cámpora que habló fue Helio Perviú, senador provincial, quien se mantuvo en la línea de ambos políticos y dijo que es “una operación berreta”.
“No tenemos conocimiento de absolutamente nada y haremos las presentaciones tanto en la justicia como carta documento a quien corresponda para que se retracte y si no, que investiguen”, sostuvo.
“Hemos estado tanto con Jorge Tanús como con compañeros que han estado en las acusaciones y efectivamente es una operación”, manifestó; y agregó que “esto es una operación mediática”. “Iremos a la justicia para que se retracten e implementar las medidas necesarias”.
Sobre la inocencia o no de Grabois, consideró que “para eso está la justicia y tiene que investigar. Cada vez que se presume que hay un caso de posible corrupción la justicia tiene que intervenir”, dijo, pero acto seguido aseguró que Tanús y Fernández Sagasti “no tienen nada que ver con la cuestión manifestada por el periodista del diario Clarín”.
Por otro lado, añadió que “es totalmente mentira” que se haya financiado la campaña política en Mendoza con fondos del BICE. ”Vamos a ir a la justicia y mandaremos las cartas documentos necesarias a los periodistas que se han manifestado para que se retracten públicamente”.
La polémica
Toda la polémica mendocina surgió a través de la investigación por la utilización de los fondos del Fondo de Integración Social Urbana (FISU), fideicomiso de integración sociourbana que controlaba Grabois y que administró 1.244 millones de dólares en los años de Fernández, según datos aportados por un documento de la exjefa de la Secretaría de Integración Urbano Social, Fernanda Miño. La plata supuestamente se usó para la urbanización de villas.
En este programa entraban el 9% del Impuesto País y también otra parte del Impuesto a la Grandes Fortunas.
Según detalla la nota, el FISU surgió a través del Bifisa como su entidad financiera, que lo “manejaba”, según Clarín, Máximo Kirchner, y que “lo administra políticamente La Cámpora mendocina. La jefa, que no es jefa en el directorio pero es la que manda, se llama Anabel Sagasti”, indica. Este dato fue contradicho por Tanús.
También consigna que “el que sí figura como CEO camporista en los papeles de Bifisa es su ex compañero de fórmula, Jorge Tanús”. Recordemos que Fernández Sagasti y Tanús compartieron la fórmula del PJ para la gobernación en 2019.
“El Bifisa habría pagado parte de la campaña de Unión por la Patria en Mendoza y de varias otras jurisdicciones, incluso intendencias del Conurbano apetecidas por La Cámpora”, remata el informe de Clarín. Se trata de uno de los fideicomisos que el presidente Javier Milei ha decidido eliminar por “la guita que se chorearon”.
Sobre estas cuestiones, Tanús agregó, en base a la transparencia del Bifice y del FISU, que pusieron “como condición para poder administrar este programa que los pagos se hicieran contra avances físicos de obra y avances financieros; y para eso se contrataron las universidades nacionales de todo el país y los consejos profesionales de arquitectos e ingenieros de todo el país”.
“Ese es el sistema de control que tiene el programa. Por supuesto que tiene auditoría, que las hacen las mismas universidades y además las hace la Sindicatura General de la Nación (Sigen)”, añadió el expresidente de la Cámara de Diputados de Mendoza.
Por último, Tanús citó a Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, quien indicó que ha tenido reuniones con dirigentes del BID y que han “promovido en cada congreso que se presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo realizado en la Secretaría”.
“No me imagino al BID acompañando una politica de corrupción respecto a un tema tan sensible como urbanizar una villa o asignar recursos a una persona para que mejor la habitación con la que vive con su hijo”, dijo Pareja a radio El Observador.
Dijo también que el FISU “tenía controles de la propia secretaría, de la Administración de Bienes del Estado, así como también controles externos como colegios de escribanos y de arquitectos de provincias que actúan como certificadores de las obras con las cuales enviamos dinero. El que paga es el BICE, que también pide certificaciones de las obras que están pagando. Hay una serie de controles”.
Y finalizó: “No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal”
