Aunque esta vez evitó hablar de “financiar” Portezuelo, palabra que le trajo varios dolores de cabeza y contraataques de todo tipo en Mendoza, Alberto Fernández volvió ayer a poner en duda el futuro de la obra al pedir que se haga “con el acuerdo de todas las provincias” que integran el Coirco.
De esta manera, el Presidente marcó la cancha de cara a la reunión de gobernadores del viernes próximo en la Casa Rosada: el proyecto que Mendoza está a punto de terminar de licitar (el 3 de julio cierra el plazo) solo tiene futuro si se escucha el pedido de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. Y que además nuestra provincia acepte compartir la administración de la presa malargüina, pese a que la paga el Estado mendocino con el dinero que le debe la Nación por las consecuencias de la promoción industrial en los ’90.
“No estoy en desacuerdo con esa obra”, dijo Fernández ante la pregunta de un periodista mendocino en una entrevista conjunta que dio a 10 repetidoras de Radio Nacional. “Lo que veo es que las consecuencias de esa obra afectan a muchos más que a la provincia de Mendoza”, añadió inmediatamente.
Aunque dejó en claro que “tenemos un compromiso con la provincia de Mendoza que queremos honrar como gobierno federal”, en referencia al dinero para pagar la construcción de la presa (la cuarta cuota Fernández debe depositarla el 28 de julio), insistió en que quiere “garantizar que esto no lastime a nadie. Y estamos recibiendo muchas quejas de otras provincias”.
Está claro que el gobernador Rodolfo Suárez no solo se encontrará con la posición contraria de los otros cuatro gobernadores el 26 en relación a Portezuelo, sino también con la intención del gobierno nacional, en la persona del ministro del Interior Wado de Pedro, de no avalar la continuidad de la obra si no hay un “acuerdo” entre las cinco provincias.
El problema es que, según las señales que viene dando la Nación en las últimas semanas (lo dijo también el jueves en el Senado el jefe de Gabinete Santiago Cafiero), ese acuerdo implica que Mendoza ceda a un nuevo estudio de impacto ambiental y, una vez realizada la obra, a compartir los beneficios de la presa.
Fernández ayer lo dejó muy claro al poner como ejemplo a Casa de Piedra, la presa que La Pampa comparte con Río Negro. Pero como hizo hace dos semanas, aportó a la confusión: pidió “una administración conjunta de las provincias que se vean afectadas. Que nadie sienta que Mendoza hace la obra y se queda con el agua que le corresponde al río Colorado”.
“Es una pena que el Presidente no comprenda que las regalías que devenguen de Portezuelo del Viento no pueden coparticiparse, justamente porque son parte del resarcimiento económico que le corresponde a Mendoza por los daños que nos ocasionó la promoción industrial”, le contestó por Twitter la consultora política Martha Reale.
Que se haga, con acuerdo
Además de este argumento, en el gobierno provincial –donde ayer evitaron salir a replicarle a Fernández públicamente, aunque por lo bajo mostraron indignación con sus dichos- levantan otro: el estudio de impacto ambiental ya se hizo y fue aprobado –y pagado- por el Coirco.
Por eso llama la atención en el entorno de Suárez que el Presidente repitiera ayer “como loro” el reclamo de La Pampa. “El impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza, y nadie ha tenido en cuenta cómo ha sido el impacto ambiental en el resto de las provincias”, aseguró en la entrevista el mandatario nacional, mientras en la Provincia esgrimen como respuesta una y otra vez el Acta N°857 del Coirco, fechada el 19 de marzo de 2019, en el que el mismo comité aprueba el “Estudio de Impacto Ambiental Regional realizado por la UTE Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de La Plata”.
En el gobierno provincial creen que Fernández habla con mala fe o “está desinformado”, porque el estudio aprobado hace un año con los tres votos de Mendoza, Río Negro y Buenos Aires, y el rechazo de La Pampa -Neuquén estuvo ausente- es regional, no solo de la parte mendocina de la cuenca.
Esa votación fue refrendada por el ex presidente Mauricio Macri en un laudo arbitral pedido por el gobierno pampeano, tras la falta de unanimidad en cuanto al impacto ambiental. Y es la decisión que le permitió luego al ex gobernador Alfredo Cornejo firmar el año pasado el fondeo nacional de los 1.023 millones de dólares en 21 cuotas que permitirán construir Portezuelo.
Sin embargo, tras el cambio político en la Nación, ahora lo firmado con la mano “se borra con el codo”, dicen en el actual gobierno provincial, donde ven peligrar la “obra del siglo” que planeaban adjudicar este año.
“Yo no puedo estar en desacuerdo con la obra porque se inició cuando yo era jefe de gabinete de Néstor (Kirchner)”, aclaró Fernández para atajar las críticas, pero insistió en el “acuerdo de todos los gobernadores” para que se construya. “Espero que podamos hacerlo, yo no planteé un punto de conflicto, el conflicto existe. La solución no es que la obra no se haga”, finalizó.
