El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que su gobierno impulsará una “discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en la que se revisará “sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas”.
El mandatario participó del encuentro de cierre de año del Consejo Económico y Social (CES) en el Teatro Nacional Cervantes, junto al secretario de Asuntos Estratégicos y conductor de este espacio de gestión, Gustavo Beliz.
Allí, el jefe de Estado dijo que la Argentina tiene que decirle “nunca más a la violencia”. Es una deuda de la democracia argentina a 38 años de su reinstauración, postuló.
Por ello, en los próximos 100 días, y con el apoyo técnico e institucional de las Naciones Unidas, convocará a todas las instancias políticas, sociales y de conocimiento del país al diseño de un Plan Maestro de Acción, que guíe la constitución de una Agencia Nacional de Prevención de la Violencia.
“Tenemos que construir una política de Estado atendiendo a las características multi-causales de este drama que afecta la paz social”, dijo el Presidente.
Esto, agregó el mandatario, supone desarrollar un esfuerzo institucional, legislativo y presupuestario, que parta de la coordinación y fortalecimiento de todos los eslabones del problema: prevención social de la violencia, policías y fuerzas federales de seguridad, justicia penal y sistema penal juvenil, cárceles y sistema penitenciario, adicciones, crimen organizado, pleno respeto a los derechos humanos.
“Tenemos que dar un salto de calidad que nos permita transformar y gestionar el sector con el acuerdo de todo el país”, dijo.
Y señaló que lo anterior no será factible si no somos capaces, como comunidad organizada, de reconstruir una “adecuada prestación del servicio básico de justicia”.
“Los problemas de impunidad se solucionan con más y mejor justicia. Los problemas de descrédito ciudadano se solucionan con más y mejor participación pública. Necesitamos impulsar un cambio profundo en ámbitos institucionales claves, para que se desarrollen en resguardo de la República y la confianza social”, añadió.
En ese sentido, dijo que desea también promover un debate social sobre el mejor modo de seleccionar y elegir a los jueces, a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.
“Se trata de un ámbito esencial para la credibilidad institucional, que requiere una evidente mejora. Nuevamente, tenemos que abrir las puertas de una discusión franca sobre el particular, que en breve nos permita consagrar una ley para su mejor transformación. El Poder Ejecutivo ha presentado recientemente una propuesta que ha de abrirse al debate parlamentario”, expresó.
Y en el mismo sentido, afirmó que “resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sobre ello, sostuvo que “las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad”.
“Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar para los años por venir”, expresó.
Fernández recordó que allá por 2003, con el aporte plural de instituciones de la sociedad civil y el mundo académico, en el comienzo del gobierno que le tocó integrar como jefe de Gabinete, se recreó “‘una Corte para la Democracia’, creíble, prestigiosa y elegida con mecanismos novedosos de participación ciudadana. Ese es el camino que tenemos que reconstruir hoy para bien de todas y todos”.
En cuanto a la justicia penal, dijo que la Constitución tiene una de sus cláusulas de 1853 aún incumplidas a nivel federal: el juicio por jurados populares, elegidos entre toda la población, como el modo más transparente y legítimo de ejercer justicia en los casos más graves de delitos que afecten a la paz social.
Dijo que si la sociedad administra justicia de un modo participativo y responsable, los problemas de impunidad también dejarán de estar relacionados con la politización o la manipulación de causas y casos.
“Todos estos aspectos hacen a un elemental concepto de seguridad jurídica que requerimos fortalecer para encaminar el sendero de un desarrollo sostenible e inclusivo. Su discusión no puede quedar encerrada en un concepto tecnocrático y limitado a meros especialistas con intereses creados”, agregó.
Por eso espero que el Consejo Económico y Social, con su diversidad de miradas y perspectivas, puede enriquecer este debate esencial, en conjunto con el resto de los actores institucionales y el Parlamento de la Argentina.
