La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos causas importantes cuyos fallos podrían tener consecuencias políticas de alto impacto en la provincia. Desde hace varios meses hay algunas que esperan en el cuarto piso de Tribunales, cuyas resoluciones tendrán efectos a nivel social y político, pero que por el momento están ralentizadas.
Desde el caso de Teresa Day y su ratificación como ministra, pasando por las apelaciones del ex intendente Luis Lobos, y hasta fallos por cuestiones ambientales como el fracking, entre otras, deben ser resueltas por el máximo tribunal.
Se puede decir que la pandemia del coronavirus puede haber atrasado el normal trabajo de la Justicia. No obstante, sumado a eso hay que agregar que en algunas situaciones es la propia Corte la que impone la aceleración o atraso de causas calientes. De las que se esperan que se resuelvan este año hay tres: el caso Day, el de Lobos y también el de los equiparados a magistrados.
¿Se resuelven?
Uno de ellos es el de la ministra Day, quien ha sido objetada en su puesto por supuestamente no haber cumplido los 10 años en el ejercicio de la abogacía. Dentro de 10 días cumplirá un año de su jura como jueza del máximo tribunal, pero sin embargo, el fallo de su caso particular aún no ha sido resuelto.
Lo cierto es que el ala filoradical (Dalmiro Garay, Pedro Llorente y José Valerio) la defiende y pone de antecedente el fallo plenario en el que salió con un favorable 4 a 3, cuando se resolvió la pregunta abstracta sobre cómo y con qué alcances debe interpretarse ese artículo (152 inciso 3 ) de la Constitución y el requisito de los 10 años del ejercicio de la profesión; mientras que el ala filoperonista (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez) fue la que votó en disidencia.
Si bien este tema se resolvió, aún resta el fallo de la cuestión de fondo, que está en la sala II (Palermo, Adaro y Valerio) y en estos meses podría resolverse, según afirmaron a Los Andes desde Tribunales. Para el lado filoradical, es prácticamente un hecho que se deberá fallar a favor de Day. Sin embargo, los filoperonistas aseguran que la causa está “planchada”, que eso conviene a los que defienden a Day, pero destacaron que hay planteos de algunos abogados que han recusado a la Ministra por no tener su situación resuelta.
Otro de los casos resonantes y de alto impacto político es el de Luis Lobos. El ex intendente de Guaymallén no solamente está imputado en un juicio por enriquecimiento ilícito junto a su pareja Claudia Sgró; sino que está condenado con un fallo en primera instancia por administración fraudulenta, que apeló a la Corte.
Aquí participan las dos salas de la Corte. Por un lado, la sala II , que deberá ratificar o no la condena a 4 años y medio de prisión de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en mayo del 2019.
En tanto, hay otro fallo apelado, que está en la Sala I (Gómez, Day y Llorente) y es el de la causa civil por extinción de dominio en la que, en un fallo histórico, la jueza María Paz Gallardo despojó a la pareja de algunos inmuebles por los que se investiga que podrían haber sido adquiridos fruto de la corrupción.
Sobre estos casos, la Corte aún no ha fallado, aunque se espera que en algunas de las salas pueda haber novedades antes de fin de año, sobre todo en la Sala II, en la cual Valerio incluso ya ha votado, y se espera lo mismo del resto de la Sala.
De hecho, hay desconfianza por parte de algunos peronistas respecto al “uso político” que se le pueda dar por parte del oficialismo, al “exponer” a Lobos en la vidriera de la Justicia en pleno momento electoral; por lo que es probable que en contraposición, intenten plancharlo al menos hasta las elecciones.
En el limbo de las resoluciones está una causa que ha impactado dentro de Tribunales, que es la de los equiparados a magistrados, cuyos sueldos en algunos casos superan los $ 400.000 mensuales. Luego del proyecto aprobado por la Legislatura que rebajó el salario de una veintena de personas con cargos importantes, pero que no son magistrados y cobran como tal, la mayoría decidió presentar actuaciones a la Suprema Corte. Se repartieron entre la Sala I y II.
En estas causas hay una especie de “tregua” entre los jueces, ya que desde el lado peronista se llamó a concurso -que luego se suspendió - por cargos de magistrados puestos por radicales (Matías Nahuel Floreal Martínez y Juan Ignacio Mulet), en respuesta a la jugada radical, teniendo en cuenta que una gran cantidad de estos cargos con sueldos rebajados pertenecen al PJ.
Por el momento, la Sala II aceptó una medida cautelar, por lo que seguirán cobrando sus haberes hasta que se resuelva cada uno de los casos, que están individualizados. Según pudo saber Los Andes, sólo Mónica González (administradora general de la Corte) desistió de su presentación en la Justicia porque decidió jubilarse. No obstante, hay quienes sostienen que en los próximos meses podrían comenzar a resolverse las causas particulares, que al ser similares, lo que resulte de una seguramente implicará en el resto.
Empolvados
Un tema que tiene la Corte y que genera polémica, es el de la autorización del fracking durante la gestión de Cornejo. La sala I tiene que resolver el pedido de inconstitucionalidad por parte de la organización ambiental Oikos; mientras que la II tiene otra presentación por la resolución de Irrigación que implementó el decreto del ex gobernador. Si bien el fiscal de Estado, Fernando Simón, pidió un fallo en pleno el año pasado, este tema aún no se resuelve, aunque descartan que tarde o temprano fallarán los siete ministros en pleno.
No obstante, desde el Cuarto Piso de Tribunales sostienen que la causa más importante no ha tenido grandes avances, pero sí se están produciendo pruebas en la de la resolución de Irrigación.
Otra causa de larga data y que aún no tiene novedades es el de la ley de tope de sueldos, de la gestión de Francisco Pérez, que fue llevada a la Justicia por los gremios, ya que la ley indica que ningún estatal puede cobrar más que el gobernador, salvo que tenga un acuerdo de la Legislatura. Hasta el momento la causa está en la Sala I, y la novedad es que Ampros presentó una cautelar pidiendo una resolución en pleno, pero fue desestimado.
Mientras tanto, en base a otra cautelar, que sí fue aceptada en su momento, es que unos 120 profesionales de la salud están cobrando sueldos por encima de los haberes de Rodolfo Suárez.
