El Gobierno provincial espera el “día D” para el proyecto Portezuelo del Viento en silencio y expectante, a pesar de los malos pronósticos.
En efecto, este lunes vence el plazo para que el presidente Alberto Fernández emita el laudo respecto de la mega obra. Tendrá que decidir el mandatario si acepta el reclamo del conjunto de provincias integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), menos Mendoza, que reclama un nuevo estudio ambiental para relevar el impacto del emprendimiento; o si avala el planteo de Mendoza, que quiere luz verde para avanzar con el dique bajo la certeza de que ese estudio ya se hizo y respaldó su factibilidad.
El final, de todos modos, parece cantado hace meses. Fernández, en una visita a La Pampa que hizo en mayo, declaró que “las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado como Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires me pidieron que haga un estudio de impacto ambiental sobre los efectos de la construcción de esa obra y haré lugar a ese estudio”, afirmó el Presidente.
Sin embargo, falta que ese anticipo se estampe en un documento que cierre la polémica. “No Tenemos ninguna información de lo que va a pasar”, aseguraron este viernes a Los Andes en Casa de Gobierno. Del mismo modo, evitaron adelantar qué medida tomará la Provincia si el laudo no es emitido.
Semanas atrás, este diario adelantó cuáles eran los caminos si no había laudo presidencial en el vencimiento de los plazos. “Si al 22 de agosto, no ha salido el laudo, vamos a activar un mecanismo para plantear la necesidad de que se resuelva”, dijo el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.
Según explicó Ibáñez en esa oportunidad, hay dos herramientas que se pueden usar: un pronto despacho o un amparo por mora en la Justicia. “Estamos evaluando cuál de los dos mecanismos vamos a utilizar. Alguno de los dos, por vía administrativa o judicial, lo vamos a usar, para colocar al Ejecutivo nacional en la obligación de resolver”, precisó.
No obstante, en los últimos días, acudir a la Justicia dejó de ser una opción. “Lo que ya está decidido es que no se va a judicializar. Se va a esperar el resultado y después se verá la decisión que tomamos”, se comunicó desde el Poder Ejecutivo.
El propio gobernador Rodolfo Suárez hizo silencio desde entonces. Dejó en claro que la decisión se tomará este lunes, con el laudo presidencial en la mano o sin él.
Lo único cierto sobre Portezuelo del Viento desde hace muchos meses es que la Nación sigue depositando normalmente las cuotas del acuerdo que está obligado a respetar respecto del fondeo de la obra. El Gobierno nacional se comprometió a pagar 1023 millones de dólares que siguen llegando por goteo a la provincia.
El último pago fue de algo más de 50 millones de dólares, con el cual Mendoza ya ha acumulado en el fideicomiso de Portezuelo más de 472 millones.
Silencio hay también sobre el plan B que a fines de abril asomaba: una serie de obras hídricas para realizar con la plata del dique obstruido.
El laudo arbitral fue solicitado por el Gobierno provincial el 21 de febrero. Desde unos meses antes, Suárez venía estudiando la posibilidad de dar por caída la licitación de Portezuelo del Viento, en caso de que Fernández confirmara que pedirá una nueva evaluación del impacto ambiental para la obra sobre el río Grande, en Malargüe.
“Si nos obliga a hacer una nueva evaluación de impacto ambiental, entonces le pedimos que nos permita hacer otro tipo de obras a las establecidas en el convenio” expresó al respecto Ibáñez.
El pedido de laudo original fue hecho el 26 de junio de 2020, hace más de dos años. Ese día cuatro de las cinco provincias por las que pasa el río Colorado, votaron desarchivar el expediente resuelto por Mauricio Macri y pedir un nuevo estudio de impacto ambiental, tal como lo venía solicitando La Pampa.
En diciembre de 2021, Suárez pidió un “pronto despacho”, una presentación legal para acelerar la decisión presidencial. Sorpresivamente, en enero, el Ministerio del Interior de la Nación respondió que no constaba el pedido. En febrero se concretó como respuesta, el nuevo pedido.
El 16 de marzo, el gobernador anunció que la Nación admitía el planteo de Mendoza. Comenzó a correr entonces un plazo de 30 días hábiles, con una prórroga de 30 días más, que se se vence mañana.
