Después de 3 meses sin avances, el Frente de Todos destrabó el proyecto de etiquetado de alimentos con exceso de nutrientes críticos y convocó a debatirlo mañana para firmar dictamen, aunque siguen las conversaciones y hay hermetismo en el bloque oficialista respecto de posibles modificaciones al texto del Senado.
La iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria, que se reunieron por última vez el 6 de abril, tras una extensa ronda de consultas a funcionarios y especialistas que dejó al descubierto el lobby empresario y las visiones contrapuestas sobre el tema.
En Juntos por el Cambio están convencidos de que el oficialismo cedió gracias a la presión de la oposición y de organizaciones civiles que militan la ley, como UNICEF. Advierten que las “marchas y contramarchas” del Frente de Todos imposibilitaron hasta el momento cualquier tipo de diálogo. “Tuvimos distintos intentos de clarificar qué quería hacer el Frente de Todos y en función de eso trabajar en una estrategia transversal que nos permitiera que la ley avance, pero fue muy difícil. Hasta ahora no tenemos claro si van a ir por la media sanción tal cual está o si van a abrir la discusión para incluir cambios”, dijo a este medio un diputado involucrado en la discusión.
El ala kirchnerista puja por avanzar con el texto del Senado sin cambios para no dilatar más el debate y, en todo caso, realizar los retoques necesarios en la reglamentación. Una de las abanderadas más firmes de la causa es la camporista Florencia Lampreabe, que se apresuró a decir que la “voluntad” de su bloque es no alterar el proyecto. Del lado de enfrente, Pablo Yedlin, diputado por Tucumán y presidente de la Comisión de Salud, asegura estar a favor de la ley pero pide algunos ajustes para armonizar la normativa con el Mercosur. Esa fue la postura que llevó a las comisiones el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, que también es tucumano.
La exposición de Neme desorientó a los propios y marcó un punto de inflexión: en la primera reunión informativa, el funcionario de Cancillería advirtió que podría peligrar el comercio con Brasil, donde Argentina exporta “1.500 millones de dólares anuales en alimentos envasados”. El país vecino adoptó el sistema de lupa, que comenzará a regir en dos años.
Son varios los diputados que sostienen, sin distinción política, que el Mercosur no es un obstáculo. “Lo que se está regulando es lo que se vende en la góndola de nuestro país, no la etiqueta de exportación. La etiqueta de exportación se adecúa a la norma del lugar de destino”, explicó a este medio Brenda Austin (UCR).
En el debate hay otro factor paralelo: la industria azucarera se verá ampliamente beneficiada con la ley de biocombustibles que se votará la semana próxima en el Senado, donde el bioetanol de caña tiene un trato preferencial. La hipótesis de un “toma y daca” con el sector es abonada por algunos legisladores. La presión que baja desde Tucumán es innegable: dos de los únicos tres votos en contra de la ley en el Senado fueron de representantes de esa provincia. Y, casualidad o no, Sergio Massa se encontraba en Tucumán cuando el proyecto ingresó a Diputados y fue girado a seis comisiones, lo que fue leído como una maniobra dilatoria. El presidente de la Cámara reculó y quitó dos.
No solo en el oficialismo hay opiniones divididas, sino también en Juntos por el Cambio. En el Pro se muestran más reacios con algunos cambios que plantean como una condición sine qua non para acompañar, mientras que en el radicalismo admiten que la redacción se podría mejorar, pero apuntan a la reglamentación.
Discusión por los productos exceptuados
Además de la cuestión del Mercosur, la discusión pasa por dos artículos, el 7 y el 19. El 7 establece cuáles son los productos que quedarán exceptuados del sello de advertencia: el azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa.
Desde la UCR señalan que esta enumeración taxativa dejó afuera alimentos como la leche y la miel, que tampoco deberían llevar el octógono negro.
El artículo 19, en tanto, fija los plazos para que la industria alimenticia se adapte a la ley. Se otorga un máximo de seis meses desde la entrada en vigencia para las grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas tendrán 12 meses más, con posibilidad de prórroga. En el Pro creen que es insuficiente.
Por último, hay un problema adicional para la reglamentación de la norma: el proyecto no dice cuál será la autoridad de aplicación, algo que en esta ley es determinante. “No es lo mismo que sea el Ministerio de Producción o el de Salud”, advierten en la oposición.
