La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza presentó un incremento de las denuncias por parte de ciudadanos en un 54%, en lo que respecta al año 2023 contra el 2022. Desde el organismo indicaron que la suba se debió en parte por un mayor conocimiento del organismo que ha tenido la sociedad, más el interés en intentar mediar a través de ella para resolver sus problemas con el Estado, pero también expresaron que en años electorales, como lo fue el 2023, “suelen incrementarse las denuncias” sobre todo políticas.
Según datos oficiales del organismo, en el año 2023 se efectuaron 77 denuncias, lo que superan a las 50 que se habían presentado en todo el 2022. En total, la Oficina ha recibido desde su creación en 2019 (en 2018 se aprobó la ley), 369 denuncias.
En 2019, año más potente en la radicación de denuncias -también año electoral-, fueron 96 las que se presentaron en el organismo. Luego fueron 45 en 2020, año más duro de la pandemia del coronavirus; mientras que en 2021, otro año electoral, fueron 69.
Para 2022, se radicaron las mencionadas 50 denuncias; y en 2023 fueron en total 77. En tanto, en lo que va de este primer semestre del año 2024, hay 32 denuncias efectuadas.
Desde el organismo valoraron el trabajo de la Oficina, y aclararon que de igual manera se intenta “evitar” las radicaciones de denuncias, a través de “mediaciones” que también realizan para tratar de solucionar los problemas.
De igual forma, aclararon que “no se desestima ninguna” denuncia, y que una vez entra el reclamo, “se le da un tratamiento que tiene que ver con abrir el expediente, analizarlo y avanzar, según el área correspondiente”.
En algunos casos, indicaron que las denuncias no se encuadran en esa modalidad, y terminan en pedidos de información pública, de las cuales ya se han presentado más de 4.700 desde su creación.
Denuncias “administrativas”
De acuerdo al tipo de denuncia, indicaron que la gran mayoría se trata de “reclamos administrativos” dentro del Estado provincial, en particular relacionados a inconvenientes en los otorgamientos de aptos psicofísicos para la actividad docente; o en el cobro de “legítimos abonos” (por deudas a favor de terceros por tareas o servicios prestados).
No obstante, también hicieron referencia a denuncias que realizan regantes de Irrigación por problemas con los turnos y demoras; así como también problemas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con demoras, pedidos de concursos en loteos y retrasos en la entrega de viviendas.
“El procedimiento comienza, tras una denuncia, con una notificación al ente, y se le da traslado al reclamo con un emplazamiento. Si no hay respuesta o la misma no es satisfactoria, se procede con el inicio de la investigación administrativa”, acotaron.
También dijeron que, en algunas ocasiones, el conflicto “se ha solucionado con la mediación”, ya que la auditoría de Ética Pública tiene la posibilidad de llevar adelante estos procesos para evitar litigios más largos.
Denuncias políticas
No obstante, y centrado en las cuestiones políticas que llegan también a través de denuncias, en el organismo que conduce Gabriel Balsells Miró -quien decidió no dar declaraciones a Los Andes- destacaron que éstas, que se realizan a funcionarios -que representan sólo el 20% de las tramitaciones que se realizan en mesa de entradas-, están bajo “secreto de sumario” tal como marca la ley 8993, y rige “hasta el momento de la clausura del proceso investigado”.
No obstante, destacaron que estas denuncias a políticos son también “administrativas” y que no se basan en posibles hechos de corrupción -ya que esos los investiga la Justicia Provincial- sino que se encargan más de casos de posibles “incompatibilidades” de funcionarios, como por ejemplo de varios concejales que han tomado también cargos en el Estado provincial o nacional.
Al margen de esta aclaración, hay casos donde la Oficina ha trabajado en investigaciones sobre corrupción, al buscas información relevante para la resolución de casos, en conjunto con el Poder Ejecutivo o Judicial.
Uno de los más importantes que señalaron desde el organismo fue la denuncia por el caso Vialidad Provincial, que hizo eyectar de su cargo a Oscar Sandes, en 2020, cuando el Tribunal de Cuentas descubrió facturas apócrifas y gastos indebidos con recursos de la caja chica del organismo.
“En la investigación de ese caso, la Oficina de Ética Pública pidió informes, se hizo parte de sumarios por Vialidad Provincial y entregó toda la documentación a la fiscalía que investigó el caso. Esto fue así porque la ley marca que, como el ámbito de Ética Pública es la investigacion administrativa, cuando hay una denuncia judicial, la auditoría actua como soporte, enviando información relevante para los organismos que así lo pidan”, manifestaron.
Y agregaron que “cuando las investigaciones están en la órbita del Poder Judicial, la Auditoría de Ética puede actuar como soporte de la justicia aportando información en el marco del proceso de investigación judicial y alcanzada por los secretos de la misma”.
También se encuentra trabajando la Oficina en las irregularidades de la entrega de los planes Potenciar Trabajo. “Se pidieron informes a la Anses, se instruyó que los organismos involucrados -como la DGE- iniciaran sumarios, y el área jurídica está avanzando”, dijeron.
Pero donde más se han enfocado ha sido en las presuntas incompatibilidades de los funcionarios o políticos. El más reciente es el de Jimena Latorre, ministra de Energía y directora en YPF, sobre el cual se descartaron incompatibilidades, con algunas salvedades. Por un lado, Latorre sólo cobra el sueldo de Ministra; y por otro lado, se excusará de intervenir “en procesos en los que estén en juego los intereses de la empresa”.
Otros casos de incompatibilidades se dieron con cinco concejales que tenían en paralelo otro puesto en el Estado; y sobre todos se determinó que debían optar por uno de ellos.
El primero fue Raúl Rufeil, en 2018, cuando era concejal de San Martin y director del hospital Notti; luego fue Hebe Katzer, que era edil de General Alvear y docente; Luis López y Marcelo Vidal, ambos concejales de Tunuyán y médicos del Estado provincial (en un centro de Salud y el Scaravelli, respectivamente); y José Pozzoli, que es concejal de Guaymallén y era también directivo del Instituto Nacional del Agua (INA).
Menos denuncias, más pedidos de información
Por otro lado, desde el organismo hicieron hincapié en la posibilidad de que el número de denuncias esté “a la baja” este año, por diversos motivos.
Uno de ellos tiene que ver porque Mendoza no está atravesando un proceso electoral, lo que inevitablemente baja la actividad política en términos de denuncias por presuntas irregularidades.
No obstante, en Ética Pública hablan también de una “aplicación de una dinámica preventiva” que incluye la vinculación desde las distintas áreas del organismo con las unidades de la Administración Pública “a los efectos de generar condiciones que reduzcan la posibilidad de irregularidades administrativas que pueden surgir por desconocimientos o cuestiones procedimentales mal realizadas”.
No obstante, hicieron énfasis también en que la instrumentación del Acceso a la Información Pública en Mendoza, mediante la ley 9070, “ha permitido evacuar dudas por ese medio que en otros momentos se presentaban como denuncias cuando no lo eran”.
Sobre este último aspecto, el acceso a la información pública ha generado desde 2019 a la actualidad que se hayan presentado 4.727 pedidos de información, de los cuales se han respondido 4.561 (con una tasa efectiva de respuesta superior al 96%). En proceso de tramitación legal (15 días hábiles con posibilidad de 15 más por prórroga otorgada por la ley 9070) se encuentran 60 pedidos (tasa de tramitación legal cercana al 97%). Estos datos muestran que la tasa de incumplimiento es del 2.25%.
En tanto, en relación a los recursos que se presentan por “incumplimiento a la información pública”, hasta la fecha se han presentado 378, lo cual implica el 8% de denuncias. De estas denuncias, el 84% ya se encuentran resueltas, y el resto en tramitación.
Buen trabajo, con mejoras a la vista
Los Andes dialogó también con Facundo Heras, consultor en temas de Gobierno Abierto y director ejecutivo de la fundación Nuestra Mendoza, quien valoró el trabajo de la Oficina, al sostener que desde su creación “el acceso a la información pública ha mejorado notablemente”.
“Existe un canal mucho más claro y preciso de cómo realizar esos pedidos de acceso a la información pública y los organismos han ido tomando mayor conciencia respecto a lo que implica brindar información al ciudadano y a la necesidad de dar respuesta a los pedidos que se planteen”, planteó.
También indicó que ha mejorado la capacitación dentro de los organismos y que el trabajo dentro del marco de las leyes “son auspiciosas”.
No obstante, marcó cuestiones a mejorar, como por ejemplo el “monitoreo de la transparencia activa”. “Hay información de diferentes organismos que debería estar en la web y no ocurre. Son temas en los cuales todavía hay un importante camino a seguir mejorando”, consideró.
También valoró las “audiencias de mediación” tras pedidos de acceso a la información que no se han respondido, pero en otras ocasiones sostuvo que a pesar de dichas audiencias se han seguido “dilatando los tiempos y finalmente nunca se ha podido acceder a la información que se estaba consultando”.
Por otro lado, consideró que se podría avanzar más en “auditorías de oficio” siempre y cuando estén los recursos como para afrontarlos.
Como conclusión, afirmó que Mendoza de igual manera “está un paso adelante respecto a la posibilidad real y efectiva de acceder a información en manos del Estado, si lo comparamos con organizaciones de otros lugares del país en diferentes temáticas”.
Denuncias
2019= 96 denuncias
2020= 45 denuncias
2021= 69 denuncias
2022= 50 denuncias
2023= 77 denuncias
2024 - 32 denuncias
