Al Gobierno provincial le restan solo tres proyectos del paquete de 11 leyes de seguridad que envió a la Legislatura para lograr su sanción definitiva. Uno de ellas es la modificación de la Ley N° 6441, que regula la actividad de la seguridad privada en Mendoza, y propone grandes cambios como la incorporación de la seguridad privada tecnológica. En esa normativa también se dispone la reglamentación del uso de armas no letales, entre las que se encuentran las pistolas Taser, que siempre despiertan polémica y en la Provincia la utilizan solo cuerpos especiales de la Policía.
Según el Artículo N° 9 del proyecto, la Dirección del Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada Humana, Interna y Tecnológica, que se busca crear, tendrá entre sus responsabilidades “reglamentar el uso de armas disuasivas y medios no letales que puedan utilizarse en el ejercicio de la actividad de seguridad privada”. También debe disponer de “medidas y protocolos” sobre la actuación y los medios materiales técnicos a utilizar en la actividad.
En ese contexto, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, reconoció en diálogo con Los Andes que las pistolas Taser se contemplan como armas no letales, pero restará la reglamentación posterior a la vigencia de la ley para definir exactamente sí se habilitará su uso o no.
Las pistolas electrónicas de inmovilización momentánea actualmente son de uso de las fuerzas públicas y Mendoza fue una de las primeras provincias en adquirirlas.
“Lo que nosotros decimos es que, el que quiera usar un arma no letal, tiene que pasar obviamente por el ministerio y acreditar para qué objetivo la quiere usar. Tiene que adaptarse a nuestros protocolos. Mendoza es la primera provincia en el país en usar Tasers desde el 2008. Ahora, está protocolizado cuándo se usa y para qué”, sostuvo la funcionaria provincial.
En el caso de la Policía de Mendoza solo las utiliza el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el cuerpo tiene un armamento de 18 pistolas. El gobernador Alfredo Cornejo indicó antes de asumir que su intención es ampliar su alcance y en el Presupuesto 2024 se aprobó incorporar 120 modelos nuevos, pero hasta el momento no se ha realizado la licitación.
Rus aclaró que el uso de una pistola Taser requiere una capacitación especial que debería ser certificada por cada agente y además demandaría una auditoría. Debería ser estrictamente individualizado el personal y la empresa explicar qué objetivo tiene. El curso del uso del arma “es muy pesado” consideró y no sería tan ventajoso para una empresa de seguridad, según su opinión.
“Lo que nosotros planteamos es una legislación integral y general. Y como tal, tiene que prever las distintas situaciones. Después, quién es la autoridad competente que somos nosotros como ministerio, vamos a establecer cuáles son las condiciones, qué armas no letales van a estar habilitadas y cuáles no. Y ahí habrá un estudio, dónde se va a discriminar los distintos tipos de armas y demás. Todavía no puedo decir si las Taser estarán habilitadas”, explicó la ministra, sin descartarlo. Otras armas no letales que podrían habilitarse son el gas pimienta o los bastones, vale decir.
Qué dice el sector privado
En la formulación del proyecto participó la Cámara Empresaria de Seguridad e Investigaciones de Mendoza (Cesim). Su titular, Pablo Martínez, le comentó a este medio que la reglamentación en el uso de las Taser es clave porque actualmente son de “venta libre”.
“Queremos que el REPRIV como ente de control inicie un curso de capacitación y que no que sea solamente de venta libre. Que se sepa usar una Taser y en el momento en que tiene que usarse”, agregó.
Martínez sostuvo que un agente de seguridad privada ocupa un rol “disuasivo” del delito y por lo tanto, es fundamental su identificación y capacitación para el uso de un arma no letal. Entonces vinculó la reglamentación del arma con la implementación de un uniforme distinto a las fuerzas públicas, para evitar confundir no solo a los clientes, sino también a los delincuentes.
Y señaló que en el supuesto caso de uso de Tasers, “si yo voy a tener una pistola Taser, el delincuente tiene que imaginarse que lo es; hoy son parecidas a las armas de guerra”. En ese sentido, podría correr riesgo la integridad física de un agente, si no está identificado como corresponde a través de su indumentaria, y es confundido como un policía por un asaltante.
El uniforme que propone la Cesim para los vigiladores es camisa color arena, pantalón bombacha negro, campera negra y borcegos negros o marrones. “Lo único que distingue es que el nombre de la empresa va en el brazo derecho o en la espalda”, contó.
“El espíritu de esta modificación es que cuando se vea en la calle a un vigilador privado, se lo distinga de un policía. Hay empresas que utilizan uniformes azules y confunden”, agregó.
Fortalecer la formalidad
Desde el Gobierno entienden que la ley vigente, que data del año 1997, ha quedado muy desactualizada con los tiempos corrientes y permitió que proliferen los agentes informales, sin la capacitación correspondiente, incluidas personas que no terminan su educación secundaria. Y además esa informalidad habilita el riesgo de servir como “dateros” de bandas de delincuentes.
También señalan que la actual ley deja fuera al recurso tecnológico, que ha avanzado y se ha expandido como servicio desde aquel entonces. Es decir, el registro también abarcará a las personas que prestan servicios a empresas de instalación y mantenimiento de alarmas o sistemas de videovigilancia, que hoy ocupan un rol central en hogares, empresas e instituciones en general.
Entre los argumentos del proyecto, indican que en el año 1997, fecha de la sanción de la ley vigente, existían aproximadamente 20 empresas de seguridad privada, con un total de 400 vigiladores. Mientras que en la actualidad se han habilitado 175 empresas y más de 10 mil personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector.
La ministra Rus aclaró que no se trata de “poner el pie del Estado encima” del desarrollo de las empresas de seguridad privada, sino que se incorporen al sistema de control para cumplir una “función idónea, oportuna y efectiva”, además de desactivar la competencia desleal que existe actualmente, con las que no están registradas.
La funcionaria explicó que “en la medida en que una empresa está en la irregularidad, contrata empleados en negro por poco monto y tiene un alto cambio de gente” que perjudica a la seguridad del contratante.
“Y de esa forma, esos empleados infieles después venden datos. Porque la información que adquiere esta gente es valiosa. Tienen información de horarios de entrada de una casa, de salida, de las medidas de seguridad de un inmueble. Es información sensible y tiene que tener un resguardo, porque si no es una mentira que le estás ofreciendo seguridad. Nos interesa regularizar eso”, sostuvo la ministra.
El problema de los vigiladores monotributistas
Desde la Cesim entienden que la modificación que tuvo la ley de seguridad privada en el año 2007, que incluyó la posibilidad de que se registren como agentes de seguridad a monotributistas, contribuyó tanto a la competencia desleal como a la proliferación de inseguridad en barrios privados.
“Hemos tenido modificaciones que se han hecho sin consultas, como la creación del vigilador monotributista. Son tipos que se registran como monotributistas y después van a un barrio y ofrecen la seguridad a seis personas. No cobran lo que tienen que cobrar, el Estado no cobra lo que tiene que cobrar y para nosotros se transforma en una competencia totalmente desleal”, explicó Martínez.
Tal como dice Rus, el titular de la Cesim sostuvo que aparecen empresas informales que no cumplen con los sueldos que corresponde, que hoy se ubican en $1.080.000 netos, y contratan a bajo costo. “Entonces a un tipo le pagan 300.000 o 400.000 pesos por mes y hay gente que se presta para eso, para recabar información en barrios privados”, manifestó.
Con esta nueva ley, el Gobierno busca entonces generar herramientas en una “doble dirección”, por un lado que las prestadoras que hoy funcionan en la clandestinidad, migren hacia legalidad y puedan ser profesionalizadas.
Además, buscan dotar a la Autoridad de Aplicación (la propuesta Dirección del Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada Humana, Interna y Tecnológica) para penalizar el incumplimiento de la ley, haciendo responsables también a quienes “se sirven o benefician de tal informalidad”, es decir a aquellos que contraten esos servicios clandestinos.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, pero se tratará en plenario con la Comisión de Hacienda y Presupuestos, posiblemente este martes con la intención de lograr despacho para que sea tratado el miércoles.
En la Cámara Baja aguarda por su tratamiento la ampliación del Registro de Huellas Genéticas y en el Senado está pronto a llegar al recinto, la Reforma del Código Procesal Penal, que tiene media sanción y consiste en incorporar la audiencia oral para pedir allanamientos.
