El Poder Judicial ha consolidado en los últimos dos años la realización de juicios por jurados populares, que hasta el momento están destinados exclusivamente para los homicidios agravados, que contemplan la pena máxima (prisión perpetua). Hasta el momento se han realizado 15 juicios a través de esta modalidad, desde que se implementó la ley 9.106 (en octubre del 2018), y se prevé que en 2021 se lograrán realizar por lo menos entre 20 y 25 juicios por jurados más, aumentando sensiblemente el número de los que se llevaron a cabo en los últimos 2 años.
El ministro de la Suprema Corte, José Valerio, sostuvo a Los Andes que actualmente hay 38 casos, contando el femicidio de este fin de semana pasado, en los que hay imputaciones por homicidio agravado en Mendoza. El año pasado, por la cuarentena, se realizaron sólo dos procesos, por eso es que se acumulan expedientes para este año.
Según sus estimaciones, podríamos terminar 2021 con alrededor de 20 o 25 juicios realizados solo en este año, aunque cada caso tiene su complicación o dificultad que lo puede demorar. También hay que contemplar la posibilidad de que terminen acordándose juicios abreviados, ya sea cuando la prueba es contundente, o hay casos confesos.
Respecto a la pandemia, Valerio expresó que el Poder Judicial tiene un protocolo por el coronavirus que ya ha sido puesto a prueba con algunos juicios tanto en el Gran Mendoza, como en San Rafael. “Se han tomado todas las precauciones y medidas sanitarias para cuidar la salud de todos”, declaró, en referencia a los 12 ciudadanos que ofician como el jurado, el juez y el resto de las partes.
La consolidación de los juicios por jurados también se encontró en el fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia, en la cual los 7 ministros de la Corte, con sus diferencias, resolvieron 7 a 0 a favor de la constitucionalidad de las prisiones perpetuas.
“Todos coincidimos en que la prisión perpetua, sancionada en el Código Penal de la Nación, no es inconstitucional ni inconvencional. Creo que ha traído luz el fallo sobre algunas circunstancias, que ocurrían luego de algunas sentencias de los juicios por jurados, y se despejó esa nebulosa que algunos decían que se encontraba”, aclaró Valerio.
Ampliación
El miembro del máximo tribunal del Poder Judicial, ratificó que hay “acuerdos generalizados” para ampliar el rango de acción de los juicios por jurados, para que abarque también homicidios simples y agravados con uso de arma de fuego. A grandes cálculos, se podrían “duplicar o incluso triplicar”, la cantidad de juicios por jurados si esto se resuelve de esta manera a futuro.
“Creo que el resultado de la aplicación de estos juicios ha sido positivo. No se trata de un enjuiciamiento distinto sino el quiebre del sistema inquisitivo, por lo que pensamos que es tiempo de ampliar la posibilidad de competencia de los juicios”, manifestó Valerio.
El ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, opinó en la misma línea: “El funcionamiento de esta modalidad de juicios ha demostrado en estos dos años que es positivo. Veremos qué evaluación tiene la Comisión de Seguimiento”, finalizó.
Ibáñez, prefirió dejar a la futura Comisión para que resuelva y analice que nuevos delitos serían abordados en juicio por jurados, ya que, para ampliar estos juicios, se necesita primero la conformación de la Comisión de Seguimiento, para que, si hay acuerdo, se presente el proyecto de ley en la Legislatura.
Tanto en el Gobierno provincial, como así también el Poder Judicial, hay un acuerdo tácito sobre la posibilidad de ampliar el universo de acción de los juicios por jurados populares. Hasta ahora sólo van a esta modalidad las causas en las que la acusación es de un delito cuya pena prevista en el Código Penal llega a la prisión perpetua.
En diciembre, Los Andes informaba que el Poder Ejecutivo comenzó a trabajar en la conformación de Comisión de Seguimiento (prevista en el artículo 50 de la ley) para establecer un balance de los juicios, pero sobre todo discutir y acordar qué otros delitos con penas menores tengan veredictos a través de los jurados compuestos por ciudadanos. En principio se ampliaría a delitos con penas de hasta 25 años de prisión, pero la palabra final la tendrá la comisión.
El ministro de Gobierno indicó a Los Andes que seguramente para febrero habrá un decreto del gobernador, Rodolfo Suárez, con la oficialización de los miembros.
Según la Ley 9.106, la Comisión estará compuesta por siete miembros: uno designado por la Suprema Corte de Justicia, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, uno por el Colegio de Abogados y Procuradores, uno por la Asociación de Magistrados y dos Legisladores a propuesta de ambas Cámaras.
Un doloroso listado de procesos
De acuerdo a la cantidad de casos que tiene la Provincia por realizar en las que los imputados arriesguen una condena a cadena perpetua, algunos podrían tener su sentencia en este 2021.
Uno de ellos es el caso que tiene al israelí Gil Pereg como único imputado por el doble homicidio de su tía, Pyrhia Saroussy (63) y de su madre, Lily Pereg (54). Los cuerpos de las turistas fueron encontrados enterrados en la propiedad del acusado el 26 de enero de 2019 en Guaymallén.
Otro de ellos es el del asesinato de Norma Carleti (59), la empresaria que fue hallada con más de 50 puñaladas en su casa de Tunuyán, el 5 de marzo del 2018. En el caso están imputados el ex senador radical y ex pareja de la víctima, Leonardo Hisa, como autor intelectual; y los hermanos Kevin y Alexis Guerrero, como autores materiales.
Con menor grado de avances está también el caso del brutal asesinato de Melody Barrera (27), la joven trans que fue ultimada de seis balazos en la madrugada del 31 de agosto. El efectivo policial Darío Jesús Chaves (31) está imputado por homicidio agravado por el odio a la expresión de género en concurso ideal con homicidio agravado por uso de arma de fuego, con alevosía y el agravante de su condición de efectivo.
Al lamentable listado se agrega el reciente femicidio de Florencia Romano (14), la adolescente que fue asesinada el 13 de diciembre en Gutiérrez (Maipú). El único imputado es Pablo Arancibia (33), y si bien la investigación sigue su curso, hay quienes creen que todo se podría resolver en un juicio abreviado, debido a que las pruebas que lo incriminan a Arancibia “son contundentes”.
El 8 de febrero será el primer juicio por jurado del año, en la que Mario Salas (25) está imputado por homicidio criminis causa por el asesinato el 19 de abril del 2019 de Miguel Núñez Bruno (75), un verdulero domiciliado en la calle Severo del Castillo al 8.100 de Los Corralitos.
